Eduardo Sepúlveda Crerar, quien tras las vacaciones se aleja formalmente de la entidad, validó su gestión a la cabeza de la entidad, dejando entrever que su salida no obedeció a criterios técnicos sobre su desempeño. Jefes regionales del organismo rechazaron los cuestionamientos formulados desde el Ministerio de Justicia.
El recién dimitido jefe de la Defensoría Penal Pública, Eduardo Sepúlveda Crerar, lamentó "que se haya intentado manchar" su prestigio profesional y el del organismo luego de que el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, le solicitara la renuncia por supuestas anomalías en los procesos de licitación.
De acuerdo a sus antecedentes, desde 2003 a la fecha se realizaron ocho llamados a licitaciones y dos desde que en abril de 2006 asumiera el cargo. A su vez, explicó que se han tramitado 140 mil causas "con un alto nivel de profesionalismo".
La respuesta en cifras de Sepúlveda, quien este viernes comienza a hacer uso de su feriado legal para el 1 de marzo alejarse de su puesto definitivamente, es un cuestionamiento a las verdaderas razones que tuvo la autoridad política para pedir su alejamiento del cargo.
"La Defensoría ha sido reconocida al interior del Gobierno. En 2007, nos fue entregado un reconocimiento a la excelencia por el logro del 100% de los programas de mejoramiento de la gestión y en 2006 la Secretaría General de la Presidencia nos reconoció por la transparencia y el sistema de reclamos y sugerencias", agregó.
Por esta razón, Sepúlveda objetó las versiones que circularon en los medios respecto de que su salida tuvo que ver con una auditoría que habría arrojado presuntas "debilidades administrativas".
Si bien agradeció, como manda la formalidad, la confianza depositada en su persona por la Presidenta, el ministro Maldonado y todos quienes trabajaron en su entorno, también dejó entrever la desazón que le produce su salida.
"Lamento profundamente que se haya intentado manchar mi prestigio profesional y el de la Defensoría, institución que ha sido ejemplar en la nueva Reforma Procesal Penal", concluyó.
Consultado a qué atribuye la petición del Ministerio de Justicia, contestó: "Ésa es una pregunta que yo no puedo responder".
Apoyo
Este jueves, los 14 defensores regionales manifestaron su respaldo a Sepúlveda a través de una declaración pública, en la cual expresaron que los procesos de licitación han sido "intachables y transparentes y han permitido entregar una atención de alta calidad a más de 725 mil personas".
Rechazaron enérgicamente las "imputaciones injuriosas que se han expresado respecto de los procesos de licitación, en particular por quienes no resultaron adjudicados en la zona 5 de la Región Metropolitana Norte".
Uno de los elementos de la versión que entregó el Ministerio de Justicia para la renuncia de Sepúlveda fue la carta de una abogada que reclamaba precisamente no haber sido favorecida en este concurso.
"La Defensoría Penal Pública lamenta que por intereses particulares de quienes no han sido capaces de cumplir las exigencias de estos procesos absolutamente transparentes, se pretenda enlodar el prestigio de la institución, que ha destacado nacional e internacionalmente por la calidad de su servicio y la entrega del equipo que la compone", agregaron.
