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Senado vota el martes proyecto que regula alimentos transgénicos

La iniciativa establece un estatuto legal para los productos transgénicos ya que el país no cuenta con una reglamentación clara y todo se regula vía decreto.


Para abrir un debate sobre los productos transgénicos y sus consecuencias en la salud de las personas y en el medio ambiente, el Senado analizará este martes el proyecto, en primer trámite, que establece un marco regulatorio para los alimentos genéticamente modificados.




La iniciativa llegará a la sala con el informe favorable de la Comisión de Agricultura que aprobó la idea de legislar sobre la biotecnología y con la recomendación de la Corte Suprema para que se contemplen los recursos necesarios que financien la mayor carga de trabajo que significaría la implementación de esta iniciativa.



El proyecto que tuvo su origen en una moción de los senadores Andrés Allamand (RN), Alberto Espina (RN), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y Juan Antonio Coloma (UDI) establece un estatuto legal para los productos transgénicos ya que Chile no cuenta con una reglamentación clara y todo se regula vía decreto.



El senador Coloma, presidente de la Comisión de Agricultura recalcó que "estamos en una situación imposible porque se llega al absurdo que se producen semillas con biotecnología para su exportación pero no se pueden comercializar en Chile.



Indicó que esto se traduce en que "nuestros agricultores están compitiendo con productos agrícolas que vienen del exterior pero que utilizan nuestras semillas transgénicas, en mejores condiciones de producción, manejo de plagas y a mejores precios".



En su oportunidad, el director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Reinaldo Ruiz, anticipó su opinión desfavorable en orden a impulsar iniciativas sobre biotecnología debido a que "el gobierno todavía no ha adoptado una definición sobre la materia".



Por su parte, la Corte Suprema, fue consultada sobre los procedimientos legales que contempla la iniciativa para efectuar reclamaciones contra los decretos supremos que declaren un centro de origen y diversidad genética; así como las posibilidades de recurrir en contra de las resoluciones administrativas, en los juzgados de letras en lo civil.



Al respecto, el máximo tribunal aseveró que "parece razonable someter estos procedimientos contencioso- administrativos a las normas del juicio sumario, ya que por su naturaleza requieren tramitación rápida para ser eficaces".



Sin embargo, estimó que "tratándose de un proyecto que aumenta los asuntos de competencia de los tribunales, deberían suplementarse los recursos que financian la actividad del Poder Judicial, atendida la mayor carga de trabajo que implican".



Asimismo, recomienda precisar la facultad para reclamar contra un decreto supremo que declare un área del territorio nacional como centro de origen para una especie vegetal, ya que a juicio de la Corte Suprema "la persona debiera tener un interés legítimo en ella, a fin de evitar el uso indiscriminado de esta acción."



La iniciativa regula las actividades que son posibles desarrollar en materia de biotecnología moderna en vegetales y su introducción al medio ambiente con fines de investigación y de comercialización.



Asimismo, establece distintos procedimientos destinados a obtener las autorizaciones correspondientes a cada una de dichas actividades. Se contempla además, un sistema de evaluación que permita identificar adecuadamente el organismo modificado, sus características, su uso derivado y sus eventuales efectos para la salud humana o el medio ambiente.



Finalmente, incorpora normas sobre participación ciudadana que permiten un conocimiento general sobre las actividades que se puedan estar desarrollando con organismos genéticamente modificados y para lo cual se necesita autorización.

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