Responsable del tema emprendimiento en la instancia, Mario Astorga, realiza un análisis crítico de los alcances del nuevo Estatuto PYME. Afirma que se cometió una grave falla en la definición de este tipo de empresas y apunta que hay un subsector, con 1,5 millones de trabajadores, a los que no llegan los instrumentos estatales.
Una serie de mecanismos adicionales de apoyo al sector de micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), está analizando la Comisión de Trabajo y Equidad, que tiene una subcomisión especial abordando este tema, debido a sus fuertes implicancias en materia de empleo, productividad y aspectos sociales.
Además, se estima que el asunto es especialmente sensible en las actuales circunstancias, cuando la economía está siendo afectada por turbulencias financieras internacionales y se requiere reimpulsar con fuerza el crecimiento económico.
Entre las medidas que analiza la Comisión se encuentran un Fondo Especial de Apoyo a la microempresa, pero que no opere como los actuales mecanismos de Corfo (como banca de segundo piso del sector financiero), sino que directamente entregue créditos, al estilo Yunus, por montos que partirían en $50.000 y llegarían a $250.000, según el grado de cumplimiento de los deudores.
La idea es buscar desarrollar también todo lo que se llama las microfinanzas, es decir, microseguros de salud, microseguros personales y microleasing, entre otros.
Hay un amplio sector -pequeña empresa informal o de sobrevivencia- que contrata a un millón y medio de trabajadores, pero que no recibe instrumentos de fomento productivos tradicionales.
Asimismo, hay una importante discusión respecto de cómo obtener una mayor formalización de las condiciones laborales en el sector, generando un escenario en que, respetando los derechos básicos de los empleados, sea posible dar mayor prioridad a los acuerdos que adopten libremente empresa y trabajadores, que a las normas laborales.
Insatisfacción
El Ejecutivo ya ha anunciado dos paquetes de medidas relacionados al tema PYME, el Plan Chile Emprende, vinculado básicamente a programas de apoyo financiero y reprogramaciones de deudas, y el Estatuto PYME, que se refiere a la carga regulatoria general que afecta al sector, en temas como los laborales, sanitarios o ambientales.
Pese a que se podría pensar que los integrantes de la Comisión de Equidad están ampliamente satisfechos con estos anuncios, ello no es completamente así.
Al menos así lo devela el presidente del subgrupo de trabajo encargado del tema emprendimiento y PYME en la citada instancia, Mario Astorga, quien es crítico de varios aspectos relacionados con ambas iniciativas.
Astorga es director del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la PYME (CIPYME), entidad creada por la Fundación Microempresa y Desarrollo, vinculada al Banco del Desarrollo y a la Conupia, y también ha sido asesor de la Subsecretaría de Economía, precisamente en este tipo de temas.
Por ejemplo, Astorga considera que el Plan Chile Emprende y Estatuto PYME requieren de una institucionalidad de seguimiento que no aparece concebida aún por las autoridades del sector. Se busca instaurar, por ejemplo, de un Defensor de las PYME.
Problemas de definición
Asimismo cuestiona el hecho de que no se logró una adecuada definición de que es lo que se entenderá por PYME, ya que una denominación como la que ocupan los países desarrollados no está basada en un corte por ventas, sino en una que se refiere a una combinación de ventas, activos y número de trabajadores.
«El Estatuto se quedó en una definición totalmente obsoleta de empresa. Definen solamente empresa en función de las ventas y eso es una definición que hoy está absolutamente superada en todas las economías desarrolladas. En todos éstos países se utiliza una definición basada en un polinomio de tres factores: ventas, capital y número de trabajadores».
Apunta que hay unas 7.000 unidades PYME que en realidad no son tales. Porque aunque muestran un bajo nivel de ventas tienen grandes activos o muestra un nivel muy menor de trabajadores.
Resalta que ello es grave porque el mismo Estatuto PYME establece por ejemplo una rebaja tributaria para las empresas que invierten en activos y «esas 7.000 empresas representan el 42% del gasto que el Estado hará en esta rebaja tributaria».
«No estamos gastando en lo que más lo necesitan y esa es una falla muy grande que el Estatuto se tendría que haber atrevido a corregir, segmentar bien, definir precisamente a quienes serán los beneficiarios», enfatiza Astorga.
«Esto fue así porque hacer lo adecuado, implicaba cambiar metodologías y formas de trabajo del INE, de Corfo, del Ministerio de Economía, el Banco Central, etc. Por todos lados mucho trabajo, entonces todo el mundo dice (mejor quedemos con lo que tenemos)… sigamos con lo malo, que no nos da mucho trabajo», indica.
Astorga dice que en materia de perfeccionamientos del Estatuto PYME la idea es poder, durante el trámite en el Congreso, discutir este tipo de materias. El representante dice que hay otro elemento relevante en el sentido de la escasa vinculación del mercado de capitales chileno con el sector PYME.
«Hay un contrasentido en Chile en que el 75% de los chilenos trabaja en las PYME y uno podría decir que al menos el 50% de los fondos de AFP provienen de trabajadores de las PYME y resulta que las AFP en Chile solamente pueden invertir en grandes empresas. Yo tengo mis fondos invertidos en empresas que no me están dando trabajo», refrenda, apoyando todo lo que pudiera hacer hacerse por modificar esta realidad.
