Titular de la División de Organizaciones Sociales asegura que el Ejecutivo ha mantenido constantemente los ojos puestos en el proyecto presentado en 2005, cuyo retraso fue una de las deficiencias advertidas por el informe del Movilh. Mientras, el pacto para regular temas patrimoniales de parejas del mismo sexo sencillamente no tiene piso.
Estancado en el Senado se ha mantenido el proyecto de ley que sanciona toda forma de discriminación, una de las deficiencias advertidas en el informe que en la víspera entregó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Aún así, el Ejecutivo reconoce preocupación por sacar adelante la reforma constitucional, ya que forma parte del programa de gobierno de la actual administración, panorama diferente al del Pacto de Unión Civil (PUC), que no tiene piso político para avanzar.
Para Francisco Estévez, director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) -organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno-, la demora en el proyecto que sanciona la discriminación responde a que aún tiene que "vencer complejidades políticas".
Por esta razón, sostiene, el Ejecutivo se propuso darle una redacción distinta que permitiera contar con el apoyo de la Alianza, que en primera instancia había rechazado el texto. "Se cambió un aspecto sustantivo en la parte procedimental", indica.
"La versión aprobada en primera instancia incluía una figura en términos jurídicos que es la acción especial de no-discriminación, pero hubo reparos respecto de que no era necesario de que hubiese una acción especial sino más bien un recurso de protección con ciertas variantes podía asegurar lo mismo y mejor", señala.
La acción especial permitía que la Corte de Apelaciones, una vez que señalaba que había discriminación, entregara un mandato a un tribunal civil para que se produjera una reparación a la persona que fuese víctima de discriminación en cualquier sentido. De esta manera, la idea que cobra más fuerza es utilizar el actual recurso de protección y no crear otra acción judicial.
Para el director de la DOS "es preferible esperar a que se apruebe en 2008 (en el próximo período parlamentario) con las modificaciones adecuadas, antes de haberlo hecho en 2007, pero con puntos que estaban poco claros y que para el Ejecutivo son importantes modificar".
La DOS intervino en la discusión acerca del artículo tres que tipifica las razones por las que no se puede discriminar, que son orientación sexual y género, que habían sido objeto de cuestionamientos en el Senado.
Sin piso
A diferencia de la ley antidiscriminación, el PUC no ha tenido el piso suficiente para ser apoyada por el Ejecutivo. De hecho, nunca formó parte del programa de gobierno de Bachelet. "En el tema de Pacto de Unión Civil ahí no hay ningún avance por lo tanto esa parte del informe es correcto", aludiendo al informe del Movilh.
El titular de la DOS admite que una sociedad conservadora como la chilena no está preparada para enfrentar procesos como éste. De esta forma, pensar en una discusión de matrimonio civil entre parejas homosexuales es sencillamente una utopía.
Este proyecto lanzado por el Movilh en 2006 busca legalizar las relaciones de hecho entre personas de igual y distinto sexo, de manera que podrían regularse los temas patrimoniales y herencias que se obtengan durante la relación de pareja.
Estévez advierte, además, que se abriría un debate debido a que algunos sectores podrían sostener que se estaría incurriendo en una forma de discriminación al permitir que parejas homosexuales accedan al PUC y no al matrimonio.
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