La iniciativa popular de ley es un mecanismo de "democracia directa" ampliamente utilizado en Europa y Latinoamérica. Puede definirse como el derecho de los electores a presentar proyectos para reformar las leyes o la constitución.
Destacados académicos internacionales, parlamentarios y expertos chilenos se darán cita en el seminario internacional "Por una Iniciativa Ciudadana de Ley para Chile" que tiene como objetivo dialogar sobre este mecanismo que sería introducido en el ordenamiento legal del país, si se aprueba el Proyecto de Reforma Constitucional sobre la materia actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
La iniciativa que se realizará el martes 18 de marzo, de 9:00 a 17:30 horas, en el Congreso Nacional, en Valparaíso, es organizado por la División de Organizaciones Sociales (DOS), la biblioteca del Congreso Nacional y la embajada de España.
En el encuentro expondrán dos destacados expertos extranjeros: el doctor en derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, Joseph María Castella, y el italiano Marco Olivetti, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Foggia.
El debate se profundizará con la participación de Francisco Estévez, Director de la DOS, los diputados Francisco Chahuán (RN), Jorge Burgos (DC), Gonzalo Arenas (UDI) y Carolina Tohá (PPD), además de los cientistas políticos Cecilia Osorio y José Miguel Izquierdo, vinculados a la Fundación Chile 21 e Instituto Libertad, respectivamente.
Durante el 2007, la presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia de firma del proyecto de reforma constitucional que incorpora la iniciativa ciudadana de ley.
En la oportunidad, la Jefa de Estado destacó el valor de la participación y de la existencia de una ciudadanía activa y co-responsable de los temas públicos, expresando su confianza en que la Iniciativa Ciudadana de Ley se erija en una moderna herramienta de participación, abierta a un amplio abanico de posiciones y propuestas que surjan desde el seno de la sociedad y desde cualquier rincón del país.
La iniciativa popular de ley es un mecanismo de "democracia directa" ampliamente utilizado en Europa y Latinoamérica. Puede definirse como el derecho de los electores a presentar proyectos para reformar las leyes o la constitución.
Suiza, España, Italia, Austria, Hungría y Liechtenstein, son algunos de los países que han incorporado la iniciativa popular de ley a su ordenamiento jurídico. En todos ellos, se determina un número mínimo de ciudadanos como requisito para la presentación de proyectos (500 mil electores, en España, por ejemplo) y en varios casos se excluyen como materias propias de este tipo de iniciativas, lo referente a leyes tributarias, de defensa, relaciones exteriores, indulto y presupuesto nacional.
Suiza, particularmente, tiene una larga trayectoria en este ámbito (se han presentado más de 100 iniciativas). Algunas de éstas han supuesto consultas nacionales y han concitado amplios debates. Es el caso de una iniciativa popular de ley de 1989 que establecía la abolición del ejército. Ésta derivó en un referéndum que convocó a dos tercios del electorado. Esta iniciativa fue rechazada, pero el debate que produjo incidió fuertemente en las definiciones posteriores del país en su política de defensa.
Italia también ha hecho uso de este mecanismo. Por ejemplo, fue a partir de una de estas iniciativas que se sometió a consulta la instalación de misiles nucleares en país. Se lograron reunir 100 mil firmas el año 1984, consiguiéndose el rechazo a esta operación.
En América y El Caribe, la iniciativa ciudadana de ley se encuentra también en más de la mitad de las cartas fundamentales de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros países). No obstante, son Argentina, Uruguay y Colombia los países que más uso hacen de este instrumento.
En Uruguay, entre 1986 y 1998, se realizaron siete plebiscitos y referéndum producto de iniciativas populares de ley. Por ejemplo, en uno de ellos se sometió a consideración la idea de derogar cierta legislación que protegía derechos de los trabajadores (1998), la que fue rechazada. Igual suerte corrió la idea de privatizar servicios públicos y telefónicas (1992).
