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El duro golpe del TC a las políticas de salud de La Moneda

Tal como adelantó El Mostrador.cl el pasado 14 de marzo, uno de los votos clave para rechazar el fármaco de emergencia lo sostuvo el DC Mario Fernández, nombrado por Ricardo Lagos en el tribunal. El análisis del gobierno es que se trata de un balde de agua fría a las políticas públicas impulsadas por la Presidenta Bachelet y la ministra del ramo, ambas médicos de profesión.


En un fallo que sacará ronchas a todo nivel, el Tribunal Constitucional (TC) prohibió por cinco votos contra cuatro la píldora del día después. Sin embargo, todo podría ser peor si además éste también acoge la prohibición para que el sistema público de salud provea del Dispositivo Intrauterino (DIU), conocido comúnmente como la T de cobre, cuestión que también solicitaban los parlamentarios de la Alianza por Chile que presentaron el recurso.



Tal como lo adelantó El Mostrador.cl el pasado 14 de marzo, en una resolución que será conocida sólo el próximo 22 de abril, los miembros del TC resolvieron que la anticoncepción de emergencia atenta contra la protección de la vida, consagrada en la Constitución Política. La medida es un serio retroceso a las condiciones de mayor apertura y liberalismo que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años.



Y, si eventualmente también se pronuncia negativamente contra el DIU, se estaría en presencia de una decisión que retrotraería 40 años la libertad sexual de la mujer, ya que fue en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva cuando se autorizó este mecanismo de control de la natalidad.



Dicha medida tendría fuertes repercusiones sociales, ya que en los sectores más desposeídos es un elemento muy usado para evitar el embarazo. Lo que no está claro, mientras no se conozca la redacción completa del fallo, es cuáles serán lo alcances reales de su aplicación. Es decir, si sería retroactiva o sólo sienta una normativa para situaciones futuras.



La señora Juanita



En lo referido a la píldora propiamente tal, el análisis que hay en el Gobierno es que el fallo del TC sólo operaría en torno al compuesto químico levonorgestrel en la medida indicada en los medicamentos que se venden en la actualidad.



Según indicó una alta fuente de La Moneda se baraja la posibilidad de que, una vez conocido el fallo, se opere con otros medicamentos, de compuestos similares pero en distintas dosis. El fundamento jurídico de tal medida es que los efectos del dictamen son restrictivos y no generales.



Esta fórmula es la que usó en 2001 el Instituto de Salud Pública (ISP) cuando la Tercera Sala (Constitucional) de la Corte Suprema, falló en contra del fármaco declarándolo abortivo.



En cualquier caso, la resolución del TC provoca también remezones
políticos, porque uno de los votos que apoyó la tesis de la Alianza por
Chile es el del militante DC Mario Fernández, nombrado por el ex Presidente Lagos en el Tribunal. "Todos sabían quién era Fernández cuando asumió este puesto y ahora estamos pagando las consecuencias", señala la fuente de La Moneda.



La votación de los ministros se mantiene de acuerdo a lo informado por este medio: a favor del recurso se habrían pronunciado Fernández, Raúl Bertelsen, Marisol Peña, José Luis Cea Egaña y Marcelo Venegas.



Mientras que por el rechazo a la presentación de la derecha estuvieron
Juan Colombo, los PS Francisco Fernández y Hernán Vodanovic, y el DC
Jorge Correa Sutil.



En lo que respecta al uso de la T, la votación podría haber sufrido variaciones.



Una larga batalla



El conflicto público por la píldora se inició en 2001 con la presentación de un recurso de protección de parte de agrupaciones autodenominadas pro-vida, ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Postinor, el cual les fue favorable. Pero el ISP interpretó restrictivamente la norma, y entonces autorizó el Postinor 2.



Con el paso del tiempo hubo otras iniciativas ante el Poder Judicial que buscaban prohibir la píldora, pero las organizaciones "pro-vida" las perdieron una tras otra.



En 2007, 36 diputados de la derecha recurrieron al TC invocando que la venta de la píldora conculcaba el derecho a la vida consagrado en la Constitución Política. El resultado ya es sabido.



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