Si el libelo es rechazado, será una victoria personal y del Gobierno, aunque ya se habla de que igualmente sus días en el gabinete están contados. En caso contrario, la militante DC verá cortada su ascendente carrera política quedando apartada de los cargos públicos por cinco años. Esta es la crónica de una historia que empezó el día de los enamorados, con una nota de El Mostrador.
La víspera de sus vacaciones, la ministra de Educación, Yasna Provoste, no sabía que su carrera política tendría un antes y un después. Ese jueves 14 de febrero, a las 16 con 23 minutos, el titular: "Exclusivo: Contraloría revela millonario fraude al fisco par parte del Mineduc", publicado por El Mostrador.cl, inició el vía crucis de la Secretaria de Estado, al destapar la olla del que luego fue bautizada como el "Caso Subvenciones".
Hoy, luego de casi dos meses, los cargos imputados a la cuestionada funcionaria DC serán evaluados en la Cámara Baja, que deberá acoger o rechazar la Acusación Constitucional impulsada por la oposición. En caso
de aprobarse, sería la primera vez que un ministro enfrente este escenario desde la llegada de la Concertación al poder, abriendo la posibilidad de que el Senado asuma la misma postura. Una hipótesis en la que Provoste quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, echando por tierra sus aspiraciones senatoriales en la Región de Atacama.
La Alianza ha utilizado todas sus armas para que ello se concrete. Como por ejemplo la amenaza de RN de cobrar una multa de de un millón de pesos a los parlamentarios que no acudan a votar. Y el oficialismo ha recurrido a un fuerte lobby entre los legisladores concertacionistas para que se alineen tras el rechazo a la acusación. Lo cierto, es que los votos de los ex colorines serán decisivos, y hasta el momento tres estarían a favor de la acusación y dos en duda.
Vacaciones interrumpidas
El viernes 15 de febrero se venía complicado. Por eso, en el Mineduc se decidió que Provoste no iniciara sus vacaciones y atendiera personalmente a la prensa, junto al recién "estrenado" subsecretario, Cristián Martínez, quien reemplazó a Pilar Romaguera.
Así se hizo. Su discurso se centró en responsabilizar a los sostenedores por el escándalo en las subvenciones y a la Contraloría por la permanencia del entonces Seremi Alejandro Traverso en su cargo, quien había renunciado en enero. Al terminar, la ministra partió raudamente a retomar sus interrumpidas vacaciones, pensando que la tormenta había amainado.
Craso error, pues era sólo el principio. El sábado 16, El Mostrador destapó el secreto mejor guardado del Mineduc: la Contraloría había sugerido la destitución del Seremi, decisión impulsada por el mismísimo Ramiro Mendoza. El lunes, Martínez anunció que se aceptaba la renuncia de Traverso.
Pero la ausencia de la titular de Educación fue insostenible, sobre todo luego de los llamados del ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y de su correligionario, el diputado Jorge Burgos, entre otros, que la instaron a volver. Así, el miércoles puso fin a su corto asueto.
Factor Traverso
Bajarle el perfil al asunto fue su estrategia post vacacional. Y también evadir las preguntas, contestando repetidamente que el Mineduc fue el que llevó adelante las investigaciones del caso, aunque en realidad fue la Contraloría.
Dos días después, Provoste dio por aclarada la falta de conciliaciones bancarias (gastos y egresos con documentos de respaldo) por $ 262 mil millones, pasándole la pelota otra vez al contralor. En la oportunidad el
argumento de la ministra fue que el destino de ese monto estaba aclarado en
un documento enviado al órgano fiscalizador, pero que aún no se pronunciaba al respecto. Sin embargo, apareció una nueva contradicción: sólo se había entregado información de 2006 y noviembre y diciembre de 2005, quedando pendiente el resto de ese año, además de 2004.
Y aunque la Contraloría había desestimado la apelación presentada por el seremi, el jueves 28 de febrero Provoste decidió no destituir a Traverso, castigándolo con dos meses de suspensión y dejando abierta la puerta para que eventualmente pueda ejercer un cargo público, una vez cumplida la sanción.
2004 y 2005 siguen penando
Luego del difícil febrero, marzo se inició con la presentación de la ministra ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja. De impecable blanco, dio por superado el tema basándose en un informe recién emitido por la Contraloría. Pero su interpretación fue muy cuestionada, ya que omitió que aún estaba pendiente un pronunciamiento definitivo hasta aclarar el período 2004-2005.
Incluso, aseguró que el informe que gatilló el escándalo no contenía los $ 262 mil millones, siendo que la cifra aparece claramente en el sumario que este medio publicó.
Los dardos contra Mendoza se hicieron sentir en el encuentro, que recibió explícitas críticas por su labor en el caso. Por ello, se decidió citarlo y a la semana siguiente expuso, reiterando los desórdenes administrativos del ministerio y criticando duramente la no aclaración de la millonaria cifra, revelando que las anomalías comenzaban en 1997.
Los "arreglines" de ambos bandos
La idea de la acusación constitucional que empezó a rondar en el ambiente opositor fue cobrando fuerza y finalmente se materializó el viernes 7 de marzo. Un día después, Contraloría solicita expresamente al Mineduc que aclare los desórdenes detectados entre 2004 y 2005.
A la semana siguiente, la comisión encargada de analizar la acusación, tras el sorteo respectivo, quedó integrada por cinco diputados concertacionistas, que luego de recibir los testimonios de diversos actores -los que van desde la ex subsecretaria Pilar Romaguera hasta el ex ministro de Educación Martín Zilic-, decidieron ayer emitir un informe adverso a la acusación. Pero sólo hubo 4 votos: el PPD René Alinco renunció el martes a la instancia acusando "arreglines" de ambas partes. El siguiente capítulo, se escribe hoy.
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