El premio nacional de periodismo Juan Pablo Cárdenas y su abogado, se trenzaron en una discusión con detectives mandatados por la fiscal Alejandra Godoy, que buscaban incautar contratos y grabaciones para comprobar los contratos de publicidad. Tuvo que llegar un oficial superior con refuerzos para distender la situación, ya que sus subordinados sólo argumentaron que contaban con una orden verbal y no tenían documento alguno para acreditarse.
Una tensa situación se vivió el pasado 30 de abril en la Radio Universidad de Chile, a raíz del allanamiento e incautación decretado por la fiscal Alejandra Godoy, que lleva la investigación por las presuntas irregularidades en la licitación informática del Registro Civil.
Fuentes que conocieron del procedimiento relataron a El Mostrador.cl que a eso de las 19:00 llegó un reducido grupo de detectives que, sin identificarse, ordenaron al guardia de turno de la radioemisora les permitiera realizar lo que les ordenaba la fiscal.
Sin embargo, el guardia les informó que debía estar el director de la radio, el periodista y premio nacional de periodismo, Juan Pablo Cárdenas. Este último se encontraba en la transmisión de un programa que se realiza fuera de las dependencias del medio de comunicación.
Al recibir la llamada desde la radioemisora, Cárdenas se apersonó en el lugar junto a su hijo del mismo nombre, de profesión abogado.
El tono de la discusión fue subiendo, ya que los policías aseguraban que traían sólo una orden verbal de la fiscal y esgrimieron que no podían entregar información respecto a qué necesitaban, ya que, según dijeron, "se llevarían todo".
Básicamente, la fiscal Godoy ordenó incautar los contratos de publicidad de la emisora con el Registro Civil suscritos el año pasado, como también los archivos con los programas donde se transmitían los avisos, como una forma de confirmar o descartar la existencia de delitos. Esto, en el marco de las denuncias hechas por el actual director de la entidad, Luis Fuentes.
La semana pasada éste denunció anomalías en la anterior
administración -a cargo de Guillermo Arenas (PPD)- en distintos tipos de contratos.
Cárdenas y su abogado exigieron hablar con la fiscal, así como que se hiciera un acta de incautación de lo que se llevarían. Los policías, entonces, llamaron por teléfono a Godoy, quien se negó a conversar con el abogado presente.
Por el contrario, se indicó, se comunicó con Investigaciones, quien envió a un oficial de mayor rango para destensar la situación. El punto es que éste último llegó con un contingente mayor, quizá previendo una oposición activa de los afectados.
Al final, los policías sólo pudieron llevarse copias de los contratos, ya que los originales los tiene la casa Central de la Universidad de Chile, ya que están firmados por el rector. Y se hizo el acta de incautación, cumpliendo con la formalidad de la diligencia.
Aunque no hubo ilegalidad en el procedimiento, señaló una fuente de la Universidad de Chile, la orden verbal debió ser confirmada por los afectados.
