Las demandas del gremio son bastamente conocidas y estaban siendo atendidas por el gobierno. En qué momento las descuidaron, no se sabe. Pero sí se nota que es un error evidente, pues el precio de las energías hacía suponer que el tema inevitablemente explotaría. Por el momento, lo claro es que todo es orden público y coyuntura, y no política de transportes. Por Santiago Escobar S.
Más allá del acuerdo de las últimas horas entre el gremio de los camioneros y el gobierno, y esperando aún que el paro efectivamente se baje en todo el país, es pertinente analizar cómo se desarrolló un conflicto donde se evidenciaron la irritación y ceguera en ambas partes. Sobre todo considerando que ambos actores tenían argumentos suficientes para fundamentar sus posturas.
En un Estado de Derecho una cosa es clara. El gobierno es el responsable del orden público, y es razonable que no permita que una paralización del transporte de carga se transforme en una paralización de todas las actividades productivas del país y en desabastecimiento de la población.
Pero también es muy claro que la aplicación de medidas de fuerza es la ultima ratio y no la primera, que la autoridad debe aplicar en materia de conflictos sociales. Especialmente si ellos habían experimentado una evolución positiva en tiempo anterior.
En vísperas de su Congreso para renovar directiva, a fines de 2007, el presidente saliente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones Andrés Ovalle evaluó de forma positiva lo avanzado en la agenda nacional del gremio, al escribir un editorial en la revista institucional N°140. Si analizamos desapasionadamente su progreso y cumplimiento, dijo, vemos que muchos puntos "Â… aún están en la etapa de concreción. Esto no nos deja satisfechos, pero tampoco somos auto flagelantes, ya que hay logros indiscutibles."
A continuación dio como concretados la reprogramación de deudas tributarias, línea de crédito de hasta 10 años con garantía del 50% con el FOGAIN, línea de crédito para microempresarios transportistas con garantía del FOGAPE, renovación del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo y extensión del descuento del 25 % del impuesto específico. Reconoció además que por primera vez el Ejecutivo se involucra en la modernización del parque de camiones, y daba cuenta del avance en la creación de la Escuela Nacional de Conductores en conjunto con el Ejército y la creación de una póliza de responsabilidad civil.
Pero también señaló algo que a la larga ha resultado parte importante del conflicto actual: la carencia de un interlocutor público para persistir en la búsqueda de soluciones. Es indispensable, dijo, "insistir en el tema del combustible: precios e impuestos" y "Â…para el desarrollo de una Política Nacional de Transporte en conjunto con el Ministerio del ramo." "Se pudo hacer mucho más, pero diversos factores y no contar con un Ministro de Transportes visible durante este año -por culpa del Transantiago – paralizaron el trabajo", concluyó.
Lo que dijo Ovalle es efectivo. Parte importante de la conflictiva relación histórica entre gremios transportistas y Ministerio de Transportes ha sido provocada por la incapacidad de este para hacer un seguimiento estricto y constante de los compromisos, debido a su baja calidad técnica y orgánica.
Cuando las demandas sectoriales son intensas, como ocurrió el 2007 con el Transantiago, el Ministerio no tiene ni cabeza ni capacidad para muchos temas, se dedica a postergar cosas, lo que hace que rápidamente las relaciones con sus interlocutores se deterioren. Peor aún, si se trata de los transportistas de carga terrestre, en su mayoría pequeños empresarios de una o dos máquinas, normalmente con problemas iguales o peores que los experimentados por todas las PYMES, y que como dicen ellos han debido comerse los fierros para poder subsistir en esta crisis.
Es evidente que la Política Nacional de Transporte a que aluden los camioneros no puede ser desarrollada con el ministerio de Hacienda sino con la autoridad sectorial y dentro de los parámetros de estabilidad que tal rubro exige, y que conocen las autoridades sectoriales. El ministerio de Hacienda es el marco financiero y presupuestario, dicen los transportistas, no el agente técnico.
Las demandas del gremio son bastamente conocidas y estaban siendo atendidas por el gobierno. En qué momento las descuidaron, no se sabe. Pero si se nota que es un error evidente, pues el precio de las energías hacia suponer que el tema inevitablemente explotaría.
El endurecimiento del sector debilitó a un dirigente dialogante como es el actual presidente de la CNDC Juan Araya, quien debió retroceder de su postura inicial de acciones escalonadas que dejaban la puerta entreabierta para una reacción positiva del gobierno. Tal reacción no se dio con rapidez y en los términos esperados, y los sectores más radicales de los huelguistas impusieron la línea dura. Que a su vez desató también la dura del gobierno. Por el momento todo es orden público y coyuntura, y no política de transportes.
