"El país necesita saber quienes van a ser efectivamente los beneficiados fundamentales de subsidiar el petróleo", señaló Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, al presentar un requerimiento de información pública en el Ministerio de Hacienda.
Dirigentes de organizaciones ecologistas exhortaron este viernes al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a dar a conocer los estudios que maneja su cartera sobre los impactos redistributivos de subsidiar los derivados del petróleo.
"El país necesita saber quienes van a ser efectivamente los beneficiados fundamentales de subsidiar el petróleo", señaló Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, al presentar un requerimiento de información pública en el Ministerio de Hacienda.
El ecologista explicó que "hemos accedido a estudios del Fondo Monetario Internacional que demuestran que como promedio en el mundo, sólo un 20% de los recursos que se destinan a subsidiar los combustibles van a parar al 40% más pobre. Es decir, el 80% va a las manos del 60% de mayores ingresos. Por lo tanto, si esas cifras son válidas para Chile, el proyecto de ley que adiciona 1.000 millones de dólares al FEPC es abiertamente regresivo. Es como si el Gobierno fuera Robin Hood, pero exactamente al revés. Le estamos pidiendo al ministro que haga transparente este aspecto central», señaló.
Por su parte, Fabián Alvarado, presidente de la Red Ecológica de Chile, manifestó que en el requerimiento de información, además solicitan al secretario de Estado que les haga entrega de los estudios que posee el ministerio respecto a la estimación económica de las externalidades negativas del uso de los combustibles fósiles en Chile. «Queremos que el ministro informe en cuánto se valora el aumento de la contaminación atmosférica, el aumento de la congestión, el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que provocará el rebajar el precio de los combustibles en Chile. En ciudades como Santiago, que siguen asfixiadas todos los inviernos, evidentemente ese costo es alto. Esperamos que el ministro lo conozca. Lo contrario, significaría que no sabe de lo que está hablando», finalizó.
Los ecologistas aseguraron que el requerimiento se basa en el artículo 13 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, la que da un plazo de 48 horas a la autoridad para entregar la información solicitada o señalar las causas por las cuales no la entrega.
Asimismo manifestaron que de no hacerlo, se establece un recurso judicial de amparo al derecho a la información, que puede implicar que los tribunales obliguen a la autoridad a entregar la información solicitada, sin perjuicio de la aplicación de multas por la falta de respuesta oportuna.
