El funcionario aseguró que en enero de 2007 el edil sólo presentó un cambio de porcentajes de la empresa Rush, donde compartía propiedad con su ex jefa de gabinete Jenny Acevedo -quien al mismo tiempo fue gerenta de GMA- y no presentó el documento que acreditaba que la mujer dejaba de pertenecer a la sociedad. Esta cesión de acciones, asegura Cornejo, se realizó en agosto de 2005, pero el Ministerio Público cree que fue realizada ex profeso para evadir la acción de la justicia.
Un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) hundió hace algunos días al alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI), en una declaración que prestó ante el fiscal José Manuel Ramírez, que indaga las anomalías en el uso de los recursos edilicios en los contratos con la empresa GMA.
El funcionario, dijeron fuentes allegadas al caso, explicó que en enero de 2007 Cornejo ingresó una solicitud para modificar la composición de la sociedad Asesoría en Gestión Comunicacional o Rush S.A. En esta empresa, según acreditó la investigación de la Contraloría, Cornejo era socio de Jenny Acevedo su jefa de gabinete hasta 2005 y al mismo tiempo gerenta de la firma GMA, sin retirarse como socia de Rush.
De acuerdo al testimonio del fiscalizador, la solicitud sólo establecía el cambio de porcentajes de los socios actuales, es decir Cornejo, Octavio Azócar y Jenny Acevedo, más no la salida de esta última.
El empleado del SII indicó al fiscal que nunca tuvo a la vista algún documento que diera cuenta de la modificación de la sociedad, ya que de lo contrario habría pedido una copia porque implicaba llenar el formulario de otra forma.
El testimonio cobra relevancia, debido a que Cornejo asegura que el 9 agosto de 2005, fecha en que estaba de viaje fuera de Chile, realizó un contrato de compraventa y cesión de acciones, el que dejaba fuera de la sociedad a Jenny Acevedo. Así, la mujer, que ya había dejado de ser además su jefa de gabinete, podía trabajar para GMA sin problemas y adjudicarse dos propuestas públicas en 2006 y 2007.
El Ministerio Público sospecha de que el documento fue fabricado con la sola intención de evadir la acción de la justicia, lo que podría llegar a constituir el delito de falsificación, que se sumaría al de negociación incompatible que indaga la fiscalía, y al que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Por esta razón, es que el escrito de cesión de acciones fue enviado a Estados Unidos para ser periciado y determinar con exactitud la fecha en que fue creado.
Según la fuente consultada, este tipo de pericias establece datas de un año al objeto. Es decir, si los especialistas le dan la razón a Cornejo, debieran escribir que el documento fue escrito entre 2005 a 2006, si es de 2006 en adelante, el edil de Recoleta estará en serios problemas.
A Cornejo en las últimas semanas, sencillamente, la suerte no le ha acompañado. Y esto porque pese a los intentos de su abogado Carlos Cortes de que el caso Recoleta lo investigara la justicia antigua -aduciendo que el principio de ejecución del delito era anterior a la reforma- sus esfuerzos no dieron resultados.
Así, la semana pasada, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo la indagatoria en manos del fiscal Ramírez.
Debido a sus problemas con la justicia, Cornejo debió abandonar su repostulación a la alcaldía de Recoleta y fue pasado al Tribunal Supremo de la UDI, hechos que se conectan con una indagatoria similar llevada por el mismo fiscal, pero en la comuna de Huechuraba, donde la edil Carolina Plaza enfrenta acciones similares.
