Aunque en la UDI se está analizando el libelo ratificado ayer por el TC, en RN no hay piso para »politizar» el conflicto generado por el Transantiago. Y aunque en el PRI existe disposición para respaldar una acusación constitucional, sin Renovación no estarían las 40 firmas para presentarla. Lo único cierto es que el escenario está cada vez más enredado en el Senado.
A pesar de que la UDI analizó en diversas instancias la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de René Cortázar, todo indica que serían sus socios de RN la más importante cortapisa para concretar tal aspiración. Ello, porque en el piñerismo, que es el que finalmente se está imponiendo en la tienda de Antonio Varas, optaron por tratar de "no politizar el tema, sino contribuir a solucionarlo", lo que echaría por tierra cualquier avance gremialista no sólo con miras a una acusación, sino incluso a una interpelación.
En este escenario, el hecho de que los diputados del PRI estén de acuerdo con utilizar este mecanismo no ayudaría significativamente. Para hacer la presentación se requieren 40 firmas y sumados los 33 diputados gremialistas a los cinco independientes ex colorines, sólo reúnen 38. Así las cosas, mañana el ministro de Transportes podría caminar por los pasillos del Congreso sin la preocupación adicional de tener que enfrentar una acusación constitucional.
La UDI viene analizando el tema desde el lunes, primero en la reunión de mesa y más tarde en la comisión política. Los diputados, que son los que tienen en su mano la facultad de presentar una acusación constitucional, evaluaron la situación en la reunión de bancada de ayer, pero no se tomó ninguna determinación. La idea es analizar el fallo en profundidad, porque según explica un alto dirigente del partido, "lo que hay que evaluar no es si existe ambiente para una acusación, sino si existe mérito para ella".
Por otra parte, está claro que si no logran cuadrar a sus aliados en la iniciativa, no tiene sentido presentarla. Porque eso sólo contribuiría a mostrar una diferencia sustancial entre ambos partidos, cosa que los máximos dirigentes de la derecha tratan de evitar, para seguir en la línea de "buenas relaciones" entabladas por el ex timonel de la UDI Hernán Larraín y su par Carlos Larraín, durante la gestión del primero.
Que se vayan todos
Este es el panorama, a pesar de que los diputados del PRI estarían dispuestos a cuadrarse con una acusación, que incluso apunta más lejos del Ministerio de Transportes. El presidente del PRI, diputado Jaime Mulet, se mostró favorable a hacer una presentación en contra de todos los ministros que firmaron el decreto que permitió recurrir al préstamo del BID, lo que alcanzaría al ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
Ello, dice Mulet, si es que los ministros no renuncian antes a sus cargos, tras el lapidario fallo. "Si el Parlamento le dice que no y el Ejecutivo insiste por la vía administrativa y ésta resulta ser ilegal, los ministros (que suscribieron el decreto) tendrían que renunciar. Si no lo hacen, la situación amerita una acusación constitucional", explica el timonel del PRI, aunque está conciente de que a su sector no le es posible presentar la iniciativa sin el concurso de la derecha. En este sentido, estima que si la Alianza fuera "consecuente" con la postura que ha mantenido hasta ahora, la presentación sería inevitable.
Soluciones ahora
En Renovación Nacional tiene la convicción de que la situación está tan mal, en materia de transporte público, que lo único que le queda al gobierno es abrirse a un acuerdo con la derecha. Pero descartan que la acusación constitucional sea la salida al problema. De hecho, para el vicepresidente del partido, diputado Francisco Chahuán, "el instrumento de la acusación no es adecuado porque genera un clima político complejo" que contrasta con el ánimo que quiere promover su partido.
En este sentido, añade que no cree que "sea tan bueno para el país seguir botando ministros". Y plantea abiertamente que para RN lo mejor es buscarle una solución a la situación que generó el Transantiago, porque "no queremos heredar el problema y que nos reviente en la cara" en un eventual gobierno de Sebastián Piñera.
Para Chahuán "hoy día es el momento de sentarse a la mesa" y hacerle una "reingeniería total" al sistema de transportes capitalino.
Este tema se abordó en la reunión de los lunes del círculo de hierro del abanderado de RN. Y hubo consenso entre los que participaron en la cita en orden a que el piñerismo debe promover la colaboración con el gobierno para buscar una solución al conflicto que provocó el Transantiago.
Oficialismo respalda a Cortázar
En la Concertación también fue tema la eventual acusación constitucional en contra de Cortázar. En el almuerzo de la bancada DC se analizó el escenario y pese a que hay posturas más rígidas que otras, no hay piso para respaldar una acusación. Así lo explicó el diputado Pablo Lorenzini, quien señaló que si bien entre sus pares hay quienes estiman que el Transantiago es un "error, pero que no es para tanto" y otros que creen que fue un "gran error", este matiz no significa llegar al punto de respaldar una acusación contra el ministro de Transportes.
A su juicio, quienes lanzaron la amenaza de la acusación constitucional estarían "extremando las posiciones" y haciendo un "aprovechamiento político que no corresponde. Eso exacerbaría los ánimos y generaría un ambiente más confrontacional que no sé si sería bueno para Piñera".
Respecto a utilizar el 2 por ciento constitucional, Lorenzini estima que sería una "discriminación inaceptable" para las regiones.
Mientras tanto, el PPD se reunirá hoy con Edmundo Pérez Yoma. El objetivo de la cita es analizar el fallo del TC y que el ministro explique a la bancada los pasos del gobierno frente a este nuevo escenario. Además, la bancada estaría elaborando una carta en la que instarían al Ejecutivo a intervenir la AFT. Misiva que esperan hacerle llegar a Cortázar.
