Sendos informes de Contraloría acusaron la millonaria mochila histórica y los graves desordenes administrativos de la institución que administra las pensiones de las Fuerzas Armadas. Un agujero negro que plantea serios desafíos para la siguiente administración.
La reciente petición de renuncia hecha por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma a los funcionarios designados antes de la entrada en vigencia de la ley para modernizar el Estado, a través de la Alta Dirección Pública, tiene tras de sí algunos hechos que van más allá de la agenda que en tal sentido lidera el personero DC.
Quizás el caso paradigmático lo constituye la salida de la vicepresidenta de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Patricia Ewing Pinochet.
Hermana de Alfredo, el segundo hombre en la jerarquía del Ejército -que este año abandona la institución- su gestión ha sido duramente cuestionada desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) por los problemas en la gestión de los recursos, así como las fallas y fraudes acaecidos históricamente en la institución, muchos de los cuales no son de su responsabilidad.
Sin embargo, ayer los funcionarios de Capredena protagonizaron una manifestación frente al edificio del Ministerio de Defensa, reclamando para que se modernice la entidad que maneja las pensiones de las Fuerzas Armadas. La demanda es que se establezcan salarios parejos para los trabajadores, ya que existe personal de planta, a contrata, otros adscritos a la legislación laboral ordinaria e incluso algunos a honorarios por más de 20 años.
Hasta ahora hay una mesa de trabajo que ha sostenido algunas reuniones en las que participa el subsecretario de Guerra, Gonzalo García, su colega de Marina, Carolina Echeverría, el fiscal de Capredena Pedro Vidal y algunos funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social
Cupo radical
Durante su gestión, las relaciones de Ewing con la Contraloría no han sido de las mejores. De hecho, el último informe del organismo fiscalizador de septiembre pasado fue demoledor, y fuentes internas manifestaron que ello pesó en la decisión del Gobierno. Esto, considerando que hubo organismos donde sus cabezas se salvaron de la petición de renuncia, al menos por esta pasada.
El documento acusó aquellos fraudes históricos pero sobre todo un grave problema del modelo de gestión que se utiliza para administrar las platas de las pensiones. En el gobierno y el Ministerio de Defensa están conscientes de ello, y por eso es que han intentado llevar adelante una modificación a esa anquilosada estructura, pero hasta ahora, según denuncian los dirigentes de la ANEF, en especial José Ruminado, actual presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Anfusac), “los esfuerzos han sido pocos”.
“Para nosotros es simple, se trata de un servicio público de calidad que ofrezca empleo decente”, indicó Ruminado.
En enero de este año, el organismo fiscalizador, en otro informe, ordenó la realización de un sumario, para establecer las anomalías en el presupuesto de salud institucional. Y en diciembre de 2007 se habían detectado desordenes en los viáticos.
Todos estos elementos terminaron sepultando a Ewing, quien ocupó durante varios años la testera de una organización que ha sido tradicionalmente cupo del Partido Radical. Quien llegue en su reemplazo deberá enfrentarse a una organización con “mañas” históricas y con una mochila financiera que alcanza varios millones de dólares. Pero por sobre todo el puesto conllevará la gran responsabilidad de modernizarla.
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