Aunque nadie podría negar la necesidad de implementar las medidas propuestas por los máximos representantes del Poder Legislativo, la pregunta que surge ante la celeridad con que sus promotores empujan la tramitación de la iniciativa es por qué ahora. Muchos proyectos sobre la materia, presentados con anterioridad, hasta hoy duermen el sueño de los justos.
Nada como los procesos eleccionarios para elaborar fórmulas de blanqueo de imagen en el mundo político. Algo en lo que los parlamentarios vienen practicando desde el regreso a la democracia. Ese es el caso, por ejemplo, de las propuestas que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, presentaron esta semana ante la Comisión Mixta que analiza la modernización del Congreso.
Sin juzgar intenciones, lo cierto es que en las comisiones del Parlamento duermen incontables iniciativas destinadas a evitar el relajo en que parecen haber caído los honorables, pero a nadie -o a muy pocos- pareció preocuparle su destino en otros momentos.
De hecho, Novoa y Álvarez fueron los primeros en reconocer que una de sus principales propuestas -la que crea un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias- se basa en una indicación presentada por el senador Eduardo Frei y el diputado Patricio Walker, que modifica la Ley Orgánica del Congreso, justamente en el marco de la agenda pro transparencia y modernización del órgano legislativo, cuando ambos ostentaban la presidencia de ambas cámaras el año 2007. La moción está estancada y, hasta ahora, los parlamentarios no se habían dado por aludidos respecto de su existencia.
Cuando fue presentada, Frei explicó que el mencionado organismo tendría entre sus atribuciones «determinar la equivalencia del monto, naturaleza y reajustabilidad de las asignaciones a que se refiere el artículo 62 de la Constitución Política de la República, que deberán percibir senadores y diputados». Prácticamente lo mismo a lo que apunta la propuesta de los actuales presidentes del Senado y la Cámara, que establece que la instancia tendrá la facultad de «determinar el monto, contenido y alcance de las asignaciones, definir los criterios de utilización y las formas en que éstas deberán rendirse». Nada nuevo bajo el sol. Entonces, cabe preguntarse por qué ahora tanta urgencia. La única respuesta que surge es que la premura la da, en este caso, el hecho de que en diciembre hay, a la par con las presidenciales, elecciones parlamentarias.
Desde el 2001 que en la UDI se jactan de ser el partido más grande, por lo que le es extremadamente necesario mantener al menos los 33 diputados con que actualmente cuenta la bancada.
En todo caso, de haberlo querido, con la urgencia que ahora demuestran moros y cristianos, ya se habrían aprobado varios proyectos destinados a inhibir situaciones como las que afectan a los diputados Claudia Nogueira, Maximiano Errázuriz, Julio Dittborn y Marta Isasi -esta última elegida por el Partido de Acción Regionalista, pero que trabaja en la bancada de la UDI-.
Por lo pronto, la moción de autoría de Frei y Walker, a la que se podrían sumar las muchas iniciativas relacionadas con ponerle límite a la reelección parlamentaria; a facilitar el proceso de desafuero; aquellos que imponen mayores inhabilidades y prohibiciones; que establecen dedicación exclusiva a los cargos de senadores y diputados; que proponen descontar de la dieta la inasistencia a la Cámara; o, aunque cueste creerlo, que establece la inhabilidad para ser candidato al Congreso a quien haya sido condenado por violencia intrafamiliar.
Este último ingresó el 15 de julio de 2008 en la Cámara, bajo el boletín 5978-07 y archivado el 9 de junio pasado, lo que no habla nada bien de la imagen de nuestros legisladores o de su estatura moral, incluso de su «vocación de servicio público» a la que apelan cada vez que resultan cuestionados con argumentos fundados o infundados.
Ejemplos memorables
Sólo a modo de ejemplo algunos proyectos que habrían venido como anillo al dedo, si los honorables se hubieran dado a la tarea de tramitarlos. Uno que fue «archivado» -o sea que nunca se avanzó en su tramitación, porque nadie mostró mayor interés- es el número de boletín 4019-07 y que «establece reforma constitucional referida a los efectos del desafuero en relación a la dieta parlamentaria y asignaciones complementarias» y habla de suspender las asignaciones al parlamentario afectado por un desafuero, dado que se suspende el ejercicio de su cargo. Esta iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados el 18 de octubre del 2005 y fue archivado el 9 de junio recién pasado, por la Comisión de Constitución del Senado.
Otro mejor que el anterior es el del boletín 4893-07, reforma constitucional cuyo objetivo es «establecer sanción para el caso de inasistencia injustificada de los parlamentarios a las sesiones de las respectivas cámaras», muy contingente. Ingresó a la Cámara Baja el 8 de marzo del 2007 y sigue en su primer trámite. Uno de los argumentos que esgrimen sus autores es que «la suspensión o fracaso de las sesiones por falta de asistencia, que impide conformar los quórum pertinentes, impide agilizar el tratamiento y despacho de las iniciativas legislativas, lo que obviamente repercute en diversos aspectos de la vida nacional y sus habitantes, que muchas veces llevan largo tiempo esperando ver convertidos en leyes de la República los diversos proyectos, cuya tramitación a veces se prolonga más allá de lo prudente».
Más antigua aún es la reforma constitucional que «establece nuevas causales de cesación en los cargos de diputado, senador, alcalde y concejal». Ingresó al Senado el 3 de junio del 2003 bajo el boletín 3291-07 y el último movimiento en la tramitación fue el 2006. Sus patrocinantes proponen que «cesará también en el cargo de diputado o senador el que, una vez proclamado como tal, se afilie a un partido político si hubiere sido electo como independiente, o renuncie al partido político a que pertenecía para incorporarse a otro o para devenir en independiente. No habrá lugar a esta causal en el evento de reestructuraciones o fusiones de partidos políticos acordadas conforme a la ley».
El proyecto identificado con el boletín 5851-07 apunta a modificar la Constitución «con el objeto de establecer que los cargos de senadores y diputados sean de dedicación exclusiva», cosa que ha sido ampliamente debatida. Sin embargo, ingresó a la Cámara el 7 de mayo del 2008 y a esta fecha sigue estancado en el primer trámite constitucional.
Las iniciativas con referencia a la limitación de la reelección parlamentaria son innumerables, pero así y todo no han logrado llegar a convertirse en ley. Un solo ejemplo, de seguro el más antiguo, lo constituye el proyecto con el boletín número 1098-07 que «modifica el inciso segundo del artículo 47 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar un sistema que impida la reelección de los senadores», cuyos periodos actuales se prolongan por ocho años. Demás está decir que fue rechazado en una tramitación más bien rápida, si se considera que ingresó por el Senado el 15 de septiembre de 1993 y el 19 de junio de 1996 se votó, rechazando el proyecto.
Uno de los que lo rechazó fue el actual candidato presidencial del PRI, senador Adolfo Zaldívar, quien argumentó entre otras cosas que «no encuentro en la moción propuesta ninguna razón para ser introducida en nuestro sistema político, salvo el que haga posible -aunque sea de modo somero- meditar acerca de la función del Senado y de la necesidad de reencontrarlo con la historia y con lo que verdaderamente debe ser, a fin de que vuelva a tener las atribuciones que no fueron consignadas en la Constitución de 1980. Todo ello para que, cuando la democracia se asiente realmente, la soberanía popular quede plenamente expresada en la generación del poder».
