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Manuel Contreras exige respeto a sus derechos humanos

La presentación tiene el objetivo que el organismo internacional revise la doble sentencia a cadena perpetua por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert. El abogado Nelson Caucoto restó importancia a la diligencia. «No le veo ningún futuro. No hay ninguna violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y creo que está recurriendo en el lugar equivocado. Es la persona equivocada y en el lugar equivocado».


El retirado general de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda buscará que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revise la doble cadena perpetua que le fue impuesta por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats.

El también ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), uno de los organismos represivos del régimen de Augusto Pinochet, y quien acumula condenas por más de 360 años de prisión por distintos casos de muertes y desapariciones, anunció que recurrirá al organismo internacional dependiente de la OEA.

Su asesor jurídico, Javier Gómez, explicó que este viernes realizará la presentación con el objetivo de revisar la doble sentencia a cadena perpetua por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert .

Contreras fue condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago por su responsabilidad en el atentado que se registró el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, cuando el matrimonio Prats Cuthbert perdió la vida al explotar una bomba adosada a su automóvil.

«Estaremos enviando nosotros vía e-mail una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efectos de que conozca de este caso tan emblemático en nuestra vida política y en nuestra vida judicial», anunció el abogado.

«Ningún futuro»

La noticia del ex jefe de la policía secreta chilena apelando a la CIDH llamó la atención en el mundo ligado a los derechos humanos, por tratarse justamente de una persona sindicada como uno de los máximos responsables de la represión durante el régimen de Augusto Pinochet.

El abogado Nelson Caucoto, habitual defensor de estas causas, dijo a BBC Mundo que el retirado militar tiene derecho a apelar donde estime conveniente, aunque lo más probable es que su caso no encuentre eco.

«No le veo ningún futuro. No hay ninguna violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y creo que está recurriendo en el lugar equivocado. Es la persona equivocada y en el lugar equivocado», manifestó.

La defensa de Contreras plantea que la Corte de Apelaciones no siguió el «debido proceso» a la hora de condenarlo por el caso Prats y va a apelar al organismo internacional para buscar que el ex jefe de la DINA, de 80 años, pueda vivir sus últimos días en libertad.

Sin embargo, la opinión de activistas de los derechos humanos es contraria. «Él tiene el derecho a pataleo, a presentar el recurso, nadie está impedido, pero son las víctimas las que tienen acceso bajo el pacto de San José de Costa Rica», señaló Nelson Caucoto.

Nueva condena

Se espera que en el transcurso de la próxima semana la Corte Suprema de Chile revise la causa del emblemático caso Prats, y ante esto la defensa de Manuel Contreras además pidió que la máxima instancia judicial autorice la extradición de Michael Townley, ex agente de la DINA y autor confeso del crimen del general y su esposa.

El abogado Javier Gómez exigió «que se traiga al asesino confeso, que responda y que se aclaren las vinculaciones que tenía en particular Michael Townley con la CIA, cosa que no hemos podido hacer ya que no lo hemos podido interrogar por no encontrarse en nuestro país».

Contreras, de 80 años, actualmente se encuentra recluido en el penal Cordillera, habilitado especialmente para militares relacionados con causas de violaciones a los derechos humanos y ubicado al interior de la escuela de Telecomunicaciones del Ejército.

Por lo pronto, completa más de 360 años de condena a los que se sumaron siete más, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago lo sentenciara el jueves por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, ocurrido entre fines de septiembre y comienzos de octubre de 1973 en la capital.

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