La indicación que tiene enfrentados a senadores y diputados pretende que sea el Congreso el que se haga responsable de contratar, bajo el régimen del Código del Trabajo, a los asesores de los parlamentarios. Mientras en el Senado estiman que el actual mecanismo les ha funcionado sin problemas, en la Cámara Baja no ha sucedido lo mismo, por lo que insisten en desligarse de esta responsabilidad.
Un elemento que no deja de ser llamativo, en medio de la pugna soterrada que produjo en el Congreso el artículo 3º A de la Ley Orgánica que lo responsabiliza de las contrataciones de los asesores de los parlamentarios, es que mientras la Asociación de Funcionarios del Senado puso el grito en el cielo apenas conoció su existencia, en la Cámara Baja el mutismo ha sido total.
Más aún, el secretario jefe de Comisiones de esta Corporación, Miguel Landeros Perkic, sería el principal lobbysta a favor de su aprobación. Al punto que en la sesión del 13 de octubre fue uno de los invitados con los que la Comisión Mixta de la LOC analizó la polémica indicación emanada justamente de la Cámara de Diputados.
La indicación establece que «cada Cámara, previo acuerdo de la Comisión de Régimen respectiva, podrá contratar, a través del Código del Trabajo y sus normas complementarias, a personas para que presten servicios a los comités parlamentarios y a los diputados y senadores, durante el desempeño de sus cargos y en labores que digan relación con el ejercicio de la función parlamentaria». Y si bien fue presentada durante el anterior periodo legislativo y no fue aprobada, la actual mesa habría insistido con el punto justamente con el objeto evitar nuevos problemas como los que se han presentado este año, debido a la forma como los diputados manejan las asignaciones. En palabras simples, para sacarse un cacho.
Fuentes del Congreso aseguran que en la sesión del 13 de octubre -tal como consta en la tramitación del proyecto-, Landeros «fue a abogar para que se aprobara la indicación», aduciendo que «todos los servicios públicos tenían este sistema de incorporar funcionarios a contrata vía Código del Trabajo». También se le atribuye haber gestionado ante los funcionarios de la Cámara, a través del presidente de la asociación que los agrupa, Pedro Muga, para que éstos no se opongan a la idea. Producto de estos trámites los trabajadores de planta de dicha Corporación serían recompensados con un bono de complemento de jornada adicional a los tres que ya se les otorgan por año.
Pie de guerra
A diferencia de sus pares de la Cámara, los funcionarios del Senado están en pié de guerra para impedir a toda costa que la polémica indicación se concrete. Su principal temor es que el explosivo aumento de la dotación a mediano plazo pudiera provocar despidos. Según explica una fuente, el hecho de que los asesores sean contratados bajo las normas del Código del Trabajo implica, entre otras cosas, que podrían formar sindicatos -el que existe actualmente en la Cámara Baja no es reconocido por los diputados- y ello traería aparejado que sus dirigentes no pudieran ser despedidos cuando cese en su cargo el parlamentario para el cual trabajan. Pese a que la indicación contempla que los asesores cesen en sus labores no sólo cuando el legislador correspondiente termine su período, sino también cuando pierdan la confianza del mismo.
Lo propio ocurriría, dice la misma fuente, si una asesora queda embaraza justo antes del término del periodo legislativo de su jefe directo, situación en la cual no podría ser despedida. Casos como los mencionados irían aumentando la dotación de personal que por haber sido contratados por un parlamentario, para una función específica y de confianza, no tendrían forma de ser reubicados. Y ello, estiman en el Senado, podría generar despidos de funcionarios que trabajan para la Corporación con el fin de reubicar a los que se irían quedando.
Antiguo anhelo
Para los diputados, en cambio, es una buena solución porque responde a un «antiguo anhelo» de sus asesores, asociados en el Sindicato de Trabajadores de Parlamentarios del Congreso Nacional (Sintrapar). Guillermo Ceroni cree que este sistema contribuirá a una mayor transparencia en el manejo de los recursos. Algo por lo que la Cámara no se ha destacado precisamente estos últimos años. No por nada sólo los diputados se han visto afectados por denuncias laborales, cosa que no ha sucedido en el Senado. Tal vez fue por lo mismo que los senadores se negaron de plano a que la indicación surgida de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara rigiera obligatoriamente para ambas corporaciones.
Los eventuales favorecidos con el sistema son optimistas. Algunos creen, por ejemplo, que los salarios mejorarán. Eso está por verse. La pregunta que ronda en el aire es si acaso los diputados no son lo suficientemente responsables como para cumplir con el compromiso de pagarle a sus propios asesores. Otra duda es qué pasará con las asignaciones que para tal fin reciben actualmente y en cuánto aumentará la carga que debería asumir el Congreso.
Esta última es una preocupación que surge en el Senado. Para Hossain Sabag (DC) de concretarse esta propuesta se podría generar un problema parecido al del Parlamento argentino que tiene implementado este mecanismo. Debido a eso, dice, está sobre dotado de funcionarios que se han ido quedando, pese a que fueron contratados como asesores de confianza de los legisladores. Lo que significa para la institución un desembolso significativo de recursos. Por lo que aclara que la indicación se votó «en acuerdo, con el compromiso de revisarla si alguien lo pide», cosa que no descarta que ocurra.
Por su parte, Pedro Muñoz estima que «la propuesta de los diputados va a tener inconvenientes», entre otras cosas, porque si los asesores son contratados bajo el régimen del Código del Trabajo «van a tener fuero». Aunque admite que la preocupación de los asesores de la Cámara de Diputados «es legítima debido a situaciones como que algunos diputados no reparten los bonos» y esas irregularidades se terminarían con el contrato.
Todo indica que aunque la LOC está muy avanzada, el debate por el artículo 3º A está recién comenzando. Porque si bien la Comisión Mixta lo votó y aprobó, lo cierto es que la norma puede ser revisada hasta que se termine la discusión de toda la ley y se evacue el informe definitivo. Y los funcionarios del Senado no se piensan dar por vencidos, pues tienen el apoyo de la Corporación en su negativa y también han hecho lobby con los senadores que integran la instancia.
