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Suprema rechaza que el Estado pague tratamiento de mujer con cáncer terminal

El máximo tribunal estimó que Virginia Marcell estaba recibiendo un tratamiento similar y adecuado para enfermedad por parte de la Fundación Arturo López Pérez. La afectada anunció que llevará su caso a la CIDH.


La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó este  miércolles el recurso de protección interpuesto por Virginia Marcell Chacón, enferma de cáncer renal, quien solicitaba que se le garantizara la entrega de un medicamento específico para el tratamiento de su dolencia, el que no le fue proveído por el sistema público de salud, a través del Hospital San Juan de Dios.

En fallo unánime los ministros de la Tercera Sala Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Sonia Araneda y los abogados integrantes Benito Mauriz y Guillermo Ruiz, desestimaron la acción por considerar que Virginia Marcell, de 57 años y afiliada a Fonasa, está recibiendo un tratamiento adecuado por parte de la Fundación Arturo López Pérez y de efectos similares a los que   ella solicitaba.

“No existe evidencia que permita comparar ambos esquemas de tratamiento; los dos tienen aprobación internacional para el cáncer renal metastásico de riesgo bajo o intermedio, como el que tiene doña Virginia Marcell», dice el fallo.

Sin embargo, el mismo dictamen reconoce que Virgina Marcell cumple con todos los requisito para acceder a un tratamiento gratuito de medicamentos para sobrellevar su enfermedad.

“Que, en el caso de que se trata, se satisfacen todas las exigencias reguladas en el mencionado protocolo ministerial, tanto aquéllas vinculadas a las enfermedades que aquejan a la actora, descritas en el historial clínico a que antes se hizo mención, como las relacionadas con su situación socio-económica, de la que aparece como una persona de 57 años de edad, afiliada a FONASA, jubilada por vejez anticipada con una pensión de $140.839 mensuales; suma a la cual debe agregarse, a los efectos de la evaluación de antecedentes, el ingreso que el marido hace al patrimonio familiar, por $350.000 y el aporte de la Municipalidad de Recoleta, por $100.000”, agrega el documento.

El recurso había sido acogido en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, la sala del máximo tribunal solicitó un informe al hospital Clínico de la Universidad de Chile, como medida para mejor resolver.

En tanto, Virginia  Marcell se mostró decepcionada con el dictamen y señaló, consultada por la radio Bío Bío, que continuará «hasta el final» con su demanda, por lo llevará su caso a la Corte Interamericana de Derec hos Humanos (CIDH).

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