Si bien la mayoría de los legisladores calificó positivamente la propuesta, voces de la oposición y del PRI se manifestaron en contra del estímulo entregado a las empresas para sumarse a este cambio y que dice relación con extender la invariabilidad tributaria del 2017 el 2025. Asimismo, se criticó que no fuera posible avanzar en un verdadero royalty que beneficie a las zonas donde se produce la extracción minera.
Después de un intenso debate, que por momentos polarizó los discursos políticos, el proyecto que establece vías de financiamiento para la reconstrucción fue aprobado en general y particular por la sala de la Cámara de Diputados, prácticamente en los mismos términos que lo acordado en la comisión de Hacienda, el jueves pasado.
De acuerdo a un comunicado de la Corporación, el único punto perdido por el gobierno dice relación con el artículo undécimo transitorio que establece excepciones para aplicar la restricción de beneficios tributarios para viviendas DFL2 (hasta 140 metros cuadrados), norma que se contempla en esta iniciativa.
La normativa estableció que los descuentos tributarios serán afectos a un máximo de dos viviendas, pero hacía inaplicable la medida hacia inmuebles comprados antes de la fecha de publicación de la ley, estimando que dicha situación afectaba derechos ya adquiridos.
Este tema fue discutido en la comisión de Hacienda y nuevamente tratado en el debate en Sala por los diputados de diversas colectividades. La crítica se sustentó, principalmente, en antecedentes entregados por el Servicio de Impuestos Internos que señalaban vicios del sistema, tales como el hecho que un único particular fuera propietario de 500 inmuebles afectos al beneficio fiscal.
Otro tema ampliamente discutido, que generó visiones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, pero que finalmente no sufrió modificaciones respecto de lo aprobado por la comisión de Hacienda, fue la variación en el impuesto específico a la gran minería.
El proyecto propone un alza transitoria al impuesto específico por dos años para lograr mayores ingresos para la reconstrucción. Además, se establece un sistema que grava las utilidades, lo que hace del impuesto un mecanismo fluctuante según los ciclos económicos.
Si bien la mayoría de los legisladores calificó positivamente la propuesta, voces de la oposición y del PRI se manifestaron en contra del estímulo entregado a las empresas para sumarse a este cambio y que dice relación con extender la invariabilidad tributaria del 2017 el 2025. Asimismo, se criticó que no fuera posible avanzar en un verdadero royalty que beneficie a las zonas donde se produce la extracción minera.
Aunque la norma no sufrió modificaciones en este ámbito, ni en su artículo permanente ni en los transitorios, quedó el compromiso del ministro de Hacienda, Felipe Larraín de discutir con mayor profundidad el tema con los legisladores, especialmente tras la solicitud específica de algunos legisladores como el diputado PRI Pedro Araya.
Entre los temas en que hubo bastante consenso estuvieron la derivación de recursos de Ley Reservada del Cobre (US$ 300 millones en 2010 y otra cifra igual en 2011) para fines de reconstrucción civil. Tampoco generó gran debate el alza de impuesto al tabaco.
En esta última materia se estableció que los cigarrillos deberán pagar un impuesto específico equivalente a 0, 0000675 UTM ($2,49) por cada unidad que contengan los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos. Adicionalmente, se aplicará un impuesto de 62,3% sobre el precio de venta al consumidor, incluidos otras tasas.
En puros la norma fijo un impuesto del 52,6% sobre el precio de venta, en tanto que los otros derivados del tabaco deberán cancelar una tasa del 59,7%.
