«Si en el Ministerio de Educación hay 130 abogados, hay más periodistas que en el diario La Segunda, más de 60, cualquiera entiende que hay duplicidad. Eso no puede seguir, porque yo sé que cualquier peso que me ahorro ahí, es peso que se gasta en los niños y en los colegios y ahí es donde se necesita”, dijo el secretario de Estado.
Un acalorado debate tuvo lugar el miércoles durante la sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar los despidos masivos al interior del Ministerio de Educación y a la que asistió el titular de la cartera, Joaquín Lavín.
La cita estuvo marcada por los incidentes registrados en los estrados de la sala donde el público se dividía entre un grupo de funcionarios desvinculados -acompañados de dirigentes de la ANEF, la CUT, del Colegio de Profesores y de la Asociación de Funcionarios del Mineduc (Andime) – y por otro lado un número no menor de personas que se identificaron como docentes y que celebraban como una barra todas las intervenciones del secretario de Estado.
Y en medio de los reiterados llamados al ordenpor parte de la presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda, quien no pocas veces amenazó con el desalojo de la sala frente a los gritos que interrumpían las intervenciones, Lavín habló enérgicamente para defender la decisión de reducir la planta de personal del ministerio, aduciendo la duplicidad de funciones, el exceso de burocracia, programas mal evaluados, la presencia de profesionales que no se justifican y sólo el año pasado 425 viajes al extranjero, lo que en conjunto -aseguró- genera un despilfarro que el actual gobierno está empeñado en terminar.
“Si en el Ministerio de Educación hay 130 abogados, hay más periodistas que en el diario La Segunda, más de 60, cualquiera entiende que hay duplicidad. Eso no puede seguir, porque yo sé que cualquier peso que me ahorro ahí, es peso que se gasta en los niños y en los colegios y ahí es donde se necesita”, dijo.
Agregó que el país requiere un ministerio de Educación mucho más moderno y a la altura del desafío que representa manejar un presupuesto de 9.000 mil millones de dólares, enfatizando que “lo que corresponde a un ministro y un gobierno es ser muy cuidadosos en el uso de los recursos públicos porque son platas de todos los chilenos”.
[cita]“Lo que queremos es que haya profesionalización y excelencia; aquí no hay absolutamente nada político”, dijo Lavín para justificar la exoneración de 466 funcionarios.[/cita]
Lavín puso énfasis en que con el despido de 466 personas,el 90 por ciento de los funcionarios del ministerio van a seguir en sus puestos y dejó claro que si bien tiene la disposición a revisar caso a caso para descartar alguna situación injusta, en este proceso no hay vuelta atrás.
“Lo que queremos es que haya profesionalización y excelencia; aquí no hay absolutamente nada político”, señaló. Lavín puso en tela de juicio los procedimientos para evaluar a los funcionarios, considerando que toda la planta del ministerio tiene en promedio un desempeño de 98, en una escala de uno a 100.
La sesión especial fue solicitada por las bancadas de la oposición para que el gobierno informara y diera los fundamentos de las “exoneraciones masivas de funcionarios públicos” y terminó con la aprobación, por 47 votos contra 43, de un proyecto de acuerdo de los legisladores de la Coalición por el Cambio que instan al Ejecutivo a modernizar la gestión del Ministerio de Educación y a «desterrar el amiguismo y el cuoteo político en la administración pública». Por el contrario, los legisladores rechzaron otro proyecto impulsado por la oposición para rechazar los despidos en el Mineduc.
Durante el debate en la sala, el diputado Rodrigo González (PPD) recordó que el Presidente Sebastián Piñera prometió a los funcionarios públicos en la pasada campaña que no habría despidos y recalcó que ahora se exonera a los trabajadores sólo por razones políticas y sin que medie justificación disciplinaria ni evaluación de desempeño. “Estos despidos buscan desmantelar el principal instrumento que tiene el estado para ejercer su rol rector en educación y van dirigidos a pulverizar la educación pública”, afirmó.
El diputado Gabriel Silber (DC) habló de una “política de persecución y despidos en el Mineduc que atenta contra el estado de derecho”, agregando que “este no es un tema legal ni estatutario sino un tema ético y moral respecto a como se gobierna en democracia”. Anunció además la presentación este jueves de una acusación constitucional contra la intendenta de Atacama por indagar la militancia de los funcionarios públicos y opinó que “no hemos visto al contralor en una actitud diligente respecto de esta materia”.
Por el contrario, Gustavo Hasbún (UDI) acusó a los parlamentarios opositores de “estar más preocupados de asegurar el trabajo de sus operadores políticos que por mejorar la calidad de la educación del país” y subrayó que “los ministerios no son agencias de empleo ni un premio para la solidaridad y el trabajo político de operadores de los dirigentes de la Concertación”.
En la misma línea, Germán Verdugo (RN) defendió la política del ministro Lavín dando cifras. Especificó que en 1990 el Mineduc tenía 2.820 funcionarios de planta y 367 a contrata, los que este año pasaron a ser 1.078 de planta, 2.799 a contrata y 1.033 a honorarios, lo que representa un aumento de dotación de un 54 por ciento. Añadió que en el mismo periodo la matrícula en la educación pública se redujo en un 15 por ciento. “O sea aumentó la burocracia ministerial y disminuyó el número de alumnos, además con los malos resultados del SIMCE que vemos estos días. ¿Dónde está la ética y moral que se habla cuando se dilapidan de esta forma los recursos públicos que le corresponden a nuestros estudiantes?”, aseveró.
Pero para Osvaldo Andrade (PS) las exoneraciones en el Ministerio de Educación no sólo significan que se incumplió la promesa del Presidente Piñera durante la campaña sino que además se pasó a llevar la legalidad. “Esta política de despidos vulnera flagrantemente la ley; yo no pido sensibilidad social ni humanidad sino que únicamente se cumpla la ley, no se abuse y se honre la palabra”, planteó.
Finalmente, el diputado del PC Guillermo Teillier (PS) calificó también como “falta de humanidad” las desvinculaciones -asegurando que se ha exonerado a personas que fueron calificadas en lista uno e incluso a mujeres con fuero maternal- y denunció que esta situación devela la precariedad en que estarían miles de funcionarios públicos. “Exigimos el fin de los despidos y una mesa de trabajo de la ANEF con el Gobierno que aborde los temas de empleo público, la carrera funcionaria, la libertad sindical y exigimos que se revisen los actuales despidos”, indicó.
