Aunque inicialmente La Moneda veía en los tribunales de justicia la mejor salida para terminar con las acusaciones que desde la oposición se le hacían al gobierno, con el paso de los días la idea ha ido perdiendo fuerza. Ello, porque en la Alianza no existe consenso respecto de que esa medida resuelva el problema. Por el contrario, en el gremialismo estiman que significaría estar en el ojo del huracán con un tema que podría afectar significativamente la popularidad del mandatario.
El manto de duda que han dejado las acusaciones en contra del Gobierno a raíz de una posible intervención del Ejecutivo en las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene muy nervioso al oficialismo. Lo que preocupa son las consecuencias políticas y comunicacionales de todo el alboroto que se ha armado en torno a la partida de Harold Mayne-Nicholls y, por extensión, de Marcelo Bielsa. Pero la idea de La Moneda de judicializar el conflicto raíz de las imputaciones de intervención que le han hecho al Presidente Piñera, no ha logrado consenso en la Alianza. Mientras en Renovación Nacional están más proclives a apoyar una iniciativa en tal sentido, entre sus socios de la UDI la opinión contraria es la más generalizada.
Si bien en ambos partidos existe claridad respecto a que en este episodio está en juego la imagen del Presidente, en RN estiman que es indispensable jugar todas las cartas, incluida la judicial, para aclarar definitivamente el tema. Pero en el gremialismo perciben que llevar el conflicto a la justicia podría significar “mantenerlo vigente innecesariamente”.
El vicepresidente de RN, senador Francisco Chahuán, discrepa con la posición de sus aliados. Asegura que en su partido existe “certeza absoluta de que no hubo injerencia del gobierno” en las elecciones de la ANFP, por lo que “vamos a respaldar” cualquier iniciativa que asuma La Moneda para demostrarlo. De allí que consideren que si es necesario llevar la disputa a los tribunales, “aún con el riesgo de que esto pueda llevar años”, están dispuestos a hacerlo.
Ello porque no sólo –dice- “es importante aclararlo comunicacionalmente, sino también porque es necesario enviar una señal a la Concertación de que debe actuar con responsabilidad frente a las denuncias que realiza”. Aunque tiene la convicción de que es necesario dejar claro ante la opinión pública que ni el gobierno y ni mucho menos el Presidente ejercieron ninguna influencia en el resultado de la polémica elección, también estima que sería recomendable medir los efectos que el altercado generó. Y está seguro de que una encuesta demostraría que el mandatario saldrá bien parado respecto de las sospechas.
En la UDI, en tanto, igualmente apoyan al Ejecutivo, pero con matices. Y estiman que judicializar el tema podría no ser bueno para La Moneda. Por lo pronto, el secretario general gremialista, senador Víctor Pérez, dijo derechamente que él no está de acuerdo con llevar la polémica a los tribunales de justicia. Posición ampliamente compartida en la tienda de calle Suecia.
[cita]Otro parlamentario UDI afirma derechamente que sería un “error” judicializar el tema, una verdadera “estupidez”. Lo más adecuado -dice-es “bajarle el perfil”, porque si en el peor de los casos “Piñera hubiera hablado con alguien sobre la elección, no hay como comprobarlo”.[/cita]
Un diputado que se suma a la postura del dirigente, plantea que si el gobierno decide judicializar este conflicto se arriesga a estar permanentemente en la prensa, por un largo tiempo, lo que “no necesariamente implica que sea favorable”. A pesar de que a largo plazo se compruebe lo que se ha dicho hasta ahora: “que la acusación que implica al Presidente y a otras autoridades es falsa”. La preocupación que más se escucha en el gremialismo es que “no vaya a pasar que los bonos del rescate (a los mineros de la San José) caigan, por una tontera sin sentido”. Y que de alguna manera, las autoridades “están entrando en el juego de la Concertación que, cuando no tenían a qué echar mano se agarraron de esta cuestión”.
Centrados en la imagen presidencial tan bien evaluada en la última Adimark, no descartan que este episodio pudiera revertir las cifras. El temor es que con una judicialización se agudizará el riesgo de una caída en las encuestas, debido a lo popular que tiene el fútbol en todos los estamentos sociales, particularmente en los medios y bajos.
Por otra parte, una de las preocupaciones que ronda en las filas gremialistas tiene que ver con la “ansiedad” que a veces le jugaría en contra al mandatario. Como no recordar el capítulo de la termoeléctrica Barrancones. En ese caso, plantea un legislador de la UDI, “y estando totalmente de acuerdo con el fondo, porque no había que construirla, la forma no fue la más indicada. Pero él no dudó en agarrar el teléfono para frenar todo, seguramente previendo la presión de la opinión pública”. Lo que, a su juicio, resultó “contraproducente” y el temor es que en esta situación hubiera podido suceder algo similar.
Otro parlamentario UDI afirma derechamente que sería un “error” judicializar el tema, una verdadera “estupidez”. Lo más adecuado -dice-es “bajarle el perfil”, porque si en el peor de los casos “Piñera hubiera hablado con alguien sobre la elección, no hay como comprobarlo”.
En todo caso, la idea generalizada en la derecha es que el gobierno optará finalmente por no ir a los tribunales. Y la sensación es que el oficialismo se preparará para enfrentar la posibilidad de una comisión investigadora que pretende impulsar la oposición. De concretarse, los parlamentarios oficialistas instarán a la Concertación a que entregue pruebas concretas que sustenten sus acusaciones. De no tenerlas, la derecha va a contraatacar pasando a los legisladores opositores a la Comisión de Ética, para dejar meridianamente claro que “no es llegar y acusar sin pruebas”.
La estrategia para enfrentar la eventual comisión investigadora sería “dejarla morir” de muerte natural, por cuanto existe la certeza de que la Concertación no tiene pruebas concretas para respaldar sus acusaciones.
