El estallido público del episodio de presunto abuso sexual del que habría sido objeto una funcionaria de la Cámara Alta está sirviendo de excusa para llegar hasta la más antigua autoridad administrativa del Congreso. Temido por sus subalternos y considerado como una figura “todopoderosa” en el Parlamento, podría estar a punto de caer. Eso, si finalmente los parlamentarios se ponen de acuerdo o bien él mismo acepta renunciar.
Cuando hace un par de semanas estalló públicamente el caso de la funcionaria del Senado, Lisette Mery, que habría sido abusada por su jefe, el secretario de la Comisión de Constitución, Juan Pablo Durán, todas las miradas se posaron en el hasta ahora intocable secretario general de la Cámara Alta, abogado Carlos Hoffmann, debido a lo que llaman “la responsabilidad del mando”.
Algunos senadores, que nunca antes se sintieron animados a poner atención a la crítica soterrada hacia el alto funcionario, ahora se asombran de una serie de hechos que aseguran haber desconocido. La connotación pública del infortunado incidente encendió las alarmas como nunca antes y lejos de bajarle el perfil, un grupo de parlamentarios se estaría jugando para que esta vez no sólo se resuelva en la justicia el presunto delito cometido por el subalterno, sino para que además Hoffmann sea removido del cargo que ostenta tras 50 años de carrera funcionaria en el Congreso.
La semana pasada un grupo de senadores, en su mayoría del oficialismo, se mostró sorprendido ante la serie de acusaciones que pesan sobre la polémica autoridad del Senado. Muchos aseguraron desconocer incluso el último episodio que terminó con la salida del ex edecán de la Presidencia de la Corporación, comandante Santiago Jaman. Pero quiéralo o no, en esta pasada se le viene difícil a Hoffmann, porque un grupo de tres senadoras que llevan la voz cantante en esta pelea -Evelyn Matthei (UDI), Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC)- se tomaron a pecho la disputa con el secretario general y le atribuyen la responsabilidad no sólo de las presuntas irregularidades que ocurrirían en la administración, sino también en el sumario interno que se había levantado por el supuesto abuso.
Por lo pronto, la senadora Matthei acusó públicamente a Hoffmann de ejercer “presiones” en el marco de la investigación interna que se realiza en el Senado por el supuesto abuso, con la finalidad de que el sumario “se cierre y nadie concurra a declarar”. Cosa que el aludido ha descartado tajantemente. Pero la parlamentaria también sacó a colación el sumario que hace unos meses se le realizó a Santiago Jaman y que quedó inconcluso tras un acuerdo interno para que el ex edecán dejara el cargo. Basándose en la información publicada por El Mostrador, Matthei asegura que quien realizó el sumario en esa ocasión “fue el mismo Juan Pablo Durán, que es muy cercano a Hoffmann, cosa que yo no sabía”.
[cita]Un senador explica que lo que se quiere “es evitar la votación en Sala” y que prefieren actuar con “caballerosidad”, dándole a Hoffmann la posibilidad de que se vaya por la puerta ancha. “Queremos hacer las cosas bien, con respeto”, insiste el parlamentario. Los más pesimistas estiman que “esto se va a diluir e igual que otras veces, todo va quedar en nada”.[/cita]
Pero con el fin de terminar con las especulaciones, en declaración pública, el secretario del Senado anunció el viernes recién pasado que “he resuelto no efectuar el nombramiento de un nuevo fiscal para el sumario, hasta que lo aconseje el grado de avance de la investigación criminal” que está en manos de los tribunales de justicia. Ello, debido a que quien había sido designado por él para llevar adelante la investigación interna, el abogado Sergio Cereceda, renunció indeclinablemente a tal responsabilidad a raíz de que se ha puesto en duda su “imparcialidad” en el caso.
En la misma línea, Hoffmann subraya que “no son efectivas las afirmaciones que se han realizado, en el sentido que no se observa el debido proceso en los sumarios administrativos efectuados por el Senado” y expresa su disposición a que si los senadores lo desean “la Contraloría General de la República realice una auditoría de todos los procesos administrativos que se han llevado a cabo en el Senado desde que asumí el cargo, incluido el sumario en curso, y se pronuncie sobre su legalidad”.
La declaración en nada aportó a bajar el ímpetu de aquellos senadores que estiman que “es hora de que se produzca una renovación” en la administración de la Corporación. De hecho, algunos de ellos ya habrían conversado con el presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, haciéndole un planteamiento radical: le habrían solicitado que converse con Hoffmann y le proponga que renuncie al cargo por voluntad propia. De lo contrario, los parlamentarios harían uso de las prerrogativas que les entrega el reglamento y votarían en la Sala la destitución.
A este respecto, un senador explica que lo que se quiere “es evitar la votación en Sala” y que prefieren actuar con “caballerosidad”, dándole a Hoffmann la posibilidad de que se vaya por la puerta ancha. “Queremos hacer las cosas bien, con respeto”, insiste el parlamentario. Los más pesimistas estiman que “esto se va a diluir e igual que otras veces, todo va quedar en nada”. Aunque admiten que nunca antes se había llegado tan lejos y atribuyen la actual situación a la “connotación pública” que tiene el caso por el cual, finalmente, se está intentando responsabilizar al secretario general del Senado.
No sería raro que los pesimistas tuvieran razón, porque lo cierto es que según fuentes del propio Senado, el alto funcionario cuestionado cuenta con el respaldo de un grupo de parlamentarios de todas las bancadas que se resisten a dejarlo caer. Con lo que en los pasillos de la Corporación se vuelven a escuchar las críticas hacia los senadores que, según sostiene un subalterno del secretario, “han dejado hacer a este caballero, entregándole atribuciones que van más allá de las que corresponde a su cargo. Y eso por algo será”.
Otra cosa que preocupa a algunos senadores es la supuesta existencia de un acuerdo confidencial que habrían suscrito hace años algunos funcionarios del Congreso y que dice relación con una indemnización a la que tendrían derecho al dejar sus funciones. Aunque consultado al respecto, en su momento, Hoffmann negó tal acuerdo, en el Senado se asegura que correspondería a 580 millones de pesos. Y en medio de una apuesta por reducir los gastos de la Corporación, esa suma no se condice “con el concepto de austeridad que queremos mostrar a la ciudadanía”, sostiene un senador. En una actitud más práctica, otro parlamentario afirma que si tal acuerdo existe, habrá que cumplirlo.
