En el marco de las 726 querellas presentadas por la persecutora Beatriz Pedrals al ministro Mario Carroza de la Corte de Apelaciones de Santiago, se encuentra la solicitud de indagatoria sobre el fallecimiento del ex Presidente de la República, ocurrida el 11 de septiembre de 1973. Solicitud que contrasta con la decisión adoptada por la jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la ex fiscal Rossy Lama, quien desistió de apelar para lograr la detención -con miras a un eventual procesamiento- de varios militares imputados por el homicidio -con 44 balazos- del cantautor Víctor Jara.
En el marco de las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos -ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y que hasta ahora son desconocidas por la Justicia- y que fueron presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, al ministro Mario Carroza, se encuentra una muy especial. Se trata la del ex Presidente de la República, Salvador Allende. De esta forma, el magistrado deberá determinar si se trató de un suicidio o le dispararon.
Cabe destacar que los libelos se fundamentan en que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación de todos los casos y que no es posible que se perpetúen en el tiempo. Por ello, señala el escrito de la fiscal que los tribunales deben asumir las investigaciones respecto de todos aquellos casos en que no se haya iniciado un proceso judicial destinado a esclarecer los derechos de personas que perdieron la vida o se encuentran desaparecidas.
Las querellas se presentan después que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectó que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.
Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.
También el año pasado se reorganizaron las causas por violaciones a los derechos humanos que investigaban jueces de distintas cortes de apelaciones, nombrándose en la jurisdicción de Santiago a Mario Carroza para que se hiciera cargo de todos los nuevos procesos que se presentarán a partir del 1 de junio de 2010, indicaron las fuentes.
La solicitud de investigar la muerte de Salvador Allende contrasta con la decisión adoptada por la jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la ex fiscal Rossy Lama, quien desistió de apelar para lograr la detención -con miras a un eventual procesamiento- de varios militares imputados por el homicidio -con 44 balazos- del cantautor Víctor Jara.
