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Mapuches inician huelga de hambre para pedir nulidad de juicio

«Las penas a las que están expuestos son muy altas y ellos no están dispuestos a pasar 30 ó 40 años en la cárcel, por lo que seguirán con esto hasta el final», indicó ayer a los medios Natividad Llanquileo, portavoz del grupo.


Cuatro presos mapuches iniciaron una huelga de hambre líquida para pedir la nulidad del juicio en el que en febrero se les declaró culpables de atacar a un fiscal, herir a tres policías y robar a un agricultor, confirmaron fuentes judiciales.

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical iniciaron ese ayuno el martes en la prisión de Lebu, en la región del Biobío, dijo hoy una de las portavoces de los mapuches, Juana Reiman.

Los cuatro ya habían participado en la huelga de hambre que 34 mapuches llevaron a cabo por más de 80 días, entre julio y octubre del año pasado, y que finalizó con el compromiso del Gobierno de retirar la Ley Antiterrorista en los juicios que les afectan.

Con este nuevo ayuno, los mapuches exigen que se anule el juicio en su contra y que sean procesados por un «tribunal competente e imparcial» sin que se empleen testigos secretos.

Los mapuches también piden que no se aplique la Ley Antiterrorista, aunque, según confirmaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral de Cañete rechazó aplicar esa norma en el proceso en su contra.

La Fiscalía sí había querido vincular los hechos con una acción terrorista y pidió para ellos penas de hasta 103 años de cárcel.

Esa polémica norma, que impone penas más duras que la legislación común, está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y Naciones Unidas ha criticado reiteradamente su aplicación en procesos contra mapuches.

En el marco de ese juicio, el 22 de febrero los cuatro fueron condenados por los delitos de robo con intimidación a un agricultor, homicidio frustrado contra el fiscal Mario Elgueta y lesiones graves contra tres efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La sentencia definitiva se conocerá la semana próxima, y las condenas podrían superar los veinte años de cárcel.

«Las penas a las que están expuestos son muy altas y ellos no están dispuestos a pasar 30 ó 40 años en la cárcel, por lo que seguirán con esto hasta el final», indicó ayer a los medios Natividad Llanquileo, otra de las portavoces del grupo.

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