Para no acatar la orden, el edil, a través del departamento jurídico de la municipalidad, interpretó el criterio del Contralor. Y para sacar el caso de la esfera del organismo, presentó una demanda contra la farmacéutica ante la justicia ordinaria. La investigación afecta al jefe comunal y a otros funcionarios de su plana mayor. El municipio asegura que si cumple íntegramente la decisión, deberá desembolsar cerca $ 1.700 millones, lo que afectará fuertemente el erario municipal.
La Contraloría ordenó un sumario en la Municipalidad de Santiago luego que esta incumpliera una orden del organismo fiscalizador, en cuanto a devolver dineros a Salcobrand, los que fueron recaudados por concepto de publicidad en sus locales de manera anómala (ver documento).
La determinación de la entidad afecta a varios funcionarios, entre ellos al propio jefe comunal, el UDI Pablo Zalaquett, como responsable detrás de la decisión.
La presentación a la Contraloría en representación de Salcrobrand la hizo el abogado Jorge Reyes para que el edil cumpliera con la orden, luego que el propio Zalaquett, a través del Departamento Jurídico del municipio, solicitara un pronunciamiento en 2009, el cual fue adverso a sus intereses (ver documento). El profesional es conocido por haber presentado un requerimiento para prohibir la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”, como también recurrir en contra de la aprobación de la píldora del día después.
El problema central se produce, debido a que Salcobrand -como también todo el comercio de la comuna- pagan un agregado a la patente comercial por el uso de publicidad. En el caso de Salcobrand , había un cobro adicional porque el criterio de la municipalidad apuntaba a que sólo podían usar la palabra “farmacia”, más no la marca de la empresa en sus letreros.
Tal hecho fue controvertido por la farmacéutica y ahora Zalaquett enfrenta el desembolso de varios millones de pesos -aún no están calculados por la empresa- como devolución por este concepto, considerado por la Contraloría un cobro indebido. El problema es que con este precedente, podrían sumarse otras firmas, lo que podría complicar las finanzas comunales. Fuentes internas dijeron a este diario que al asumir que la Contraloría tiene razón, la suma podría llegar a sumar varios cientos de millones de pesos, aunque no se habló de una cifra oficial.
[cita]La señal del organismo fiscalizador no es menor. Pocas veces en un dictamen se agrega que se realizará un sumario por incumplimiento de una orden, por lo que la situación puede complicar a Zalaquett, al punto de que bien podría ser acusado de notable abandono de deberes por el concejo.[/cita]
La señal del organismo fiscalizador no es menor. Pocas veces en un dictamen se agrega que se realizará un sumario por incumplimiento de una orden, por lo que la situación puede complicar a Zalaquett, al punto de que bien podría ser acusado de notable abandono de deberes por el concejo.
En el sumario, según averiguó este medio, también estaría incluido el jefe jurídico Patricio Lazcano, quien al responder a la Contraloría explicó que la municipalidad había realizado –arbitrariamente- una “interpretación” de los dictámenes que le obligan a devolver los dineros, basándose en la Ley de Rentas Municipales.
La municipalidad, para evitar cumplir con la orden de la Contraloría, presentó una demanda ante la justicia civil, con posterioridad a la orden del ente fiscalizador. A juicio de Lazcano, como se trata de un asunto litigioso, no es posible cumplir con lo señalado por el organismo fiscalizador. La respuesta, por cierto, no fue acogida por el titular, Ramiro Mendoza.
Patricio Lazcano explicó que antes de cumplir lo que ha dicho la Contraloría buscan agotar todas las instancias con el fin de proteger el erario municipal. El respecto ejemplificó que sólo el presupuesto de educación son anualmente $ 7.000 millones, por lo que la cifra del posible desembolso que ordena la Contraloría podría generar una catástrofe financiera que afectaría a los habitantes de la comuna.
Por esta razón, explicó que esta semana presentarán un recurso de reconsideración a Ramiro Mendoza, con el fin de que analice la modificación del criterio.
Reconoció que es un derecho legítimo del organismo fiscalizador establecer un criterio, pero otro muy distinto es proteger los dineros de la comuna, señalando que la entidad no analizó en profundidad los argumentos presentados por la jefatura comunal.
En el mismo sentido, dijo que si accedían a la opinión del órgano de control, se sienta un precedente que producirá una reacción en cadena de otros comerciantes y empresas que pagan su patente comercial en Santiago, y a quienes se ha aplicado un criterio similar. Sostuvo que los hechos están en manos de los tribunales, que son los que están facultados para resolver el fondo del asunto.
