Lejos de quedar atrás, la polémica sólo aumenta. Al punto que los adjetivos desde uno y otro lado también van subiendo de tono. Y mientras el diputado del PPD Pepe Auth acusó al Ejecutivo de querer “sacar las castañas del fuego con la mano del Tribunal Constitucional”, la vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, dijo que se recurrió al organismo debido a que «la Concertación nos obligó, porque se saltó las reglas del juego».
El gobierno lo volvió a hacer. De nuevo parece estar intentando apagar un incendio con bencina. La determinación de enviar el proyecto de posnatal al Tribunal Constitucional para que este organismo declare la inadmisibilidad del proceso a través del cual, la comisión unida de Trabajo y Salud del Senado, rechazó el tope de 30 UF propuesto por el Ejecutivo para las madres trabajadoras que se tomen los seis meses del beneficio, terminó por provocar un nuevo enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo.
Mientras estos últimos advierten que la actitud asumida por la Concertación podría redundar en perjuicios para la estabilidad económica e institucional del país, los primeros acusan a la administración de Sebastián Piñera de pretender “sacar las castañas con la mano del Tribunal Constitucional”. Por ahora, la polémica tramitación seguirá su cauce paralelamente a la labor del TC.
Durante este martes unos y otros se han dado el tiempo para explicar la posición asumida. Por lo pronto, el oficialismo pone el acento en que la oposición recurrió a un “resquicio” para aumentar los recursos destinados al posnatal, dividiendo la votación de un artículo “que establecía la prórroga de tres a seis meses del posnatal y en el inciso que se establece el límite de ese aumento en 30 UF, la Concertación lo ha votado en contra”.
El senador de RN Alberto Espina, en conjunto con su compañero de bancada Francisco Chahuán y los gremialistas Andrés Chadwick y Hernán Larraín, explicó que esto, en la práctica, significa «transformar nuestro régimen presidencial en un régimen parlamentario”, pues con el supuesto “resquicio” se habría roto un principio que “había sido respetado por gobierno y oposición (…) que establece que la administración financiera del Estado le corresponde al Presidente de la República (…) y eso ha sido un factor clave en la institucionalidad económica e institucional que el país ha tenido”.
Desde la oposición también salieron a defender su postura. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, rechazó –como es lógico- la medida asumida por el gobierno, aún cuando “nos parece normal” que la haya tomado. Cornejo, sin embargo, lamentó que La Moneda haya cambiado su discurso en un par de semanas. Ello, porque uno de los principales argumentos con el que presionó a la oposición, durante la tramitación en la Cámara Alta, fue que “mientras el Senado se demoraba en aprobar el proyecto de posnatal, había muchas mujeres y niños esperando que se promulgara. Y, hoy día, la decisión del gobierno va a significar que este proyecto no se va a aprobar y promulgar como ley en 30 o 40 días más. Por lo tanto las mujeres y los niños de los que estaba preocupado el gobierno, van a tener que seguir esperando la decisión del Tribunal Constitucional”.
Y corrigió, de igual manera que el senador PS Camilo Escalona, al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien aseguró que los parlamentarios opositores vulneraron el artículo 65 de la Constitución, según el cual el Congreso no puede sino disminuir, aprobar o rechazar cualquier gasto que proponga el mandatario. A juicio del diputado, “lo que dice el constituyente es rechazar, el constituyente no se ha puesto en el evento de que ese rechazo pudiera implicar un aumento o una disminución del gasto”.
Además, Cornejo fue enfático en recordar que el artículo 67 de la Constitución, “que se refiere a la Ley de Presupuesto, otorga al Congreso la posibilidad de aumentar el gasto, en la medida que indique una fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento del post natal es el Tesoro Público, por lo tanto, hay una fuente de financiamiento. Más aún, dice que en el evento que el Parlamento no indique la fuente de financiamiento o ésta resultara insuficiente, el Presidente de la República puede reasignar recursos, con el objeto de financiar la propuesta del Congreso Nacional, previa toma de razón de la Contraloría”. Por lo que recalcó que el gobierno no está en la razón, desde el punto de vista constitucional.
En cambio, destacó que “la actitud del gobierno, más bien, es un resabio de la Constitución de Pinochet, que lo que quería consagrar era un cesarismo presidencial al cual el Congreso estaba completamente subyugado”.
Su par del PPD Pepe Auth fue mucho menos sutil, acusando derechamente al Ejecutivo. En su ya conocido tono, Auth dijo que “el gobierno quiere sacar las castañas del fuego con la mano del Tribunal Constitucional”. Y exhortó al gobierno a que si “quiere rebajar de 66 UF a 30 UF el tope del posnatal, excluyendo de este beneficio a una parte importante de la clase media, que lo diga, y que se haga cargo responsablemente enviando una indicación sustitutiva para ver si consigue el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados o al menos de los parlamentarios de la Alianza”.
Por su parte, el senador UDI Hernán Larraín señaló que hay “numerosos precedentes” de que durante los gobiernos de la Concertación nunca se permitió dividir una votación de un artículo. Y calificó las prácticas utilizadas por los senadores de oposición como de “demagógicas y populistas”. Su compañero de bancada, Andrés Chadwick, apeló al sentido republicano de la Concertación. Y advirtió a sus representantes que “aquí no estamos frente a un proyecto que se preste para una rencilla politiquera, aquí estamos frente a un tema de Estado. Hoy les quiero pedir a los líderes de la Concertación que sigamos actuando con la misma altura de miras y visión de Estado con la que hemos actuado en 21 años. No es el momento de la triquiñuela ni de la trampa chica. A que entiendan y respalden lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional a que comprendan que aquí no es un problema entre gobierno y oposición”.
Tal como están las cosas, este debate tiene para rato. Sobre todo por que mientras el TC realiza su tarea, la Cámara de Diputados continuará paralelamente la tramitación de la iniciativa.
Y mientras algunos sectores del gobierno aún creen que es posible el diálogo, la vocera Ena von Baer usó, como se ha vuelto costumbre, un tono poco conciliador para explicar las razones que llevaron al Ejecutivo a tomar esta decisión. “Si tuvimos que tomar la medida de recurrir al TC y con eso frenar quizás la discusión del posnatal es porque la Concertación nos obligó, porque se saltó las reglas del juego. Somos un gobierno responsable y el que puede autorizar un gasto es el Ejecutivo, no el Congreso”.
Acto seguido, llamó a la oposición a “que sea responsable (…).Quien tiene la potestad de aumentar los gastos del Estado es sólo el Ejecutivo y los propios parlamentarios de la Concertación como Camilo Escalona lo defendieron mucho durante las décadas que fueron gobierno”.
El aludido, como también es habitual –porque se han convertido en rutina los intercambios de palabra entre el senador PS y la vocera-, no tardó en responder. Escalona aseguró que en su caso no ha habido ninguna contradicción respecto de su comportamiento en gobiernos anteriores, “por cuanto yo siempre rechacé las iniciativas parlamentarias de gasto. Aquí, estamos ante el rechazo de una iniciativa del Presidente de la República y, por lo tanto, le pido, una vez más, a la señora vocera, que no diga verdades a medias, sino la verdad completa”.
