La diligencia realizada en la minera Cosayach se enmarca en una investigación desarrollada desde 2010 y en cuyo contexto fueron formalizados dos ejecutivos de la minera como autores del delito de extracción ilegal de aguas en una zona saturada, donde ésta es vital para la preservación de una forma de vida ancestral en la Pampa del Tamarugal.
La Fiscalía Regional de Tarapacá logró un importante avance contra los delitos de usurpación de aguas, luego que allanara y desactivara dispositivos instalados para extraer el vital elemento de forma ilegal, en las plantas Negreiros y Cala Cala, ubicadas en las comunas de Huara y Pozo Almonte, respectivamente y que pertenecen a la minera Cosayach, de propiedad del empresario, ex candidato presidencial y ex senador Francisco Javier Errázuriz.
Según informó el Ministerio Público, la diligencia desarrollada corresponde a la investigación dirigida desde 2010 por la Fiscalía Local de Pozo Almonte, en cuyo contexto ya fueron formalizados los ejecutivos de la empresa Carlos Contreras Quispe y Alejandro Puelles, como imputados del delito de usurpación de aguas.
El fiscal regional, Manuel Guerra indicó que la orden de entrada, registro e incautación, fue despachada por el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, quien estimó pertinente la diligencia planificada, por cuanto la minera no cuenta con el respectivo derecho de aprovechamiento de aguas.
“La finalidad es evitar que este delito se siga ejecutando en el tiempo. Nos parece de gravedad que se extraiga en forma ilegal el agua en una zona saturada como es la Pampa del Tamarugal, donde es de vital importancia para preservar una forma de vida ancestral”, dijo Guerra.
Funcionario de la PDI certifica existencia de cañerías de extracción ilegal de agua
Las coordinaciones para desactivar las instalaciones en la citada minera fueron realizadas junto a la Intendencia de Tarapacá, la Seremía de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, Policía de Investigaciones y Sernageomin.
El Fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres; citará a quienes figuren como miembros del directorio o principales accionistas de Cosayach, así como a los dirigentes sindicales de las plantas para efectos de que en calidad de testigos depongan acerca de quién o quiénes detentan el poder o toman las decisiones relevantes en el funcionamiento de las plantas.
Aunque la pena es bastante baja (61 a 541 días) por este tipo de delitos, Manuel Guerra advierte que a la Fiscalía le interesa que este tipo de acciones no se polonguen en el tiempo y ello responde también a «la responsabilidad que como institución tenemos por el el cuidado al medio ambiente».
