Las menores afirmaron que fueron sancionadas por participar del movimiento estudiantil. La directora del liceo, Verónica Cisternas, aseguró tener «pruebas» de los «robos y destrozos» que motivaron la expulsión de las jóvenes y descartó que hubiera motivaciones políticas tras la sanción.
Un importante contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros llegó esta tarde hasta el Internado Nacional Femenino, Liceo Carmela Silva Donoso, en calle Pedro de Valdivia, que fue ocupado por unas cuarenta personas en la madrugada. Los efectivos se dispusieron rodeando el recinto a la espera de que se diera la orden del desalojo.
Frente a este escenario, las estudiantes decidieron deponer pacíficamente la toma para evitar las detenciones.
Hace unas semanas, la entrega del recinto provocó una polémica de proporciones, cuando el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, aseguró que un grupo de 13 alumnas que mantuvo ocupado el Liceo Carmela Silva Donoso, lo convirtió en un verdadero “puterío”, donde se transó sexo por dinero, drogas y alcohol, se arrendó el mobiliario y espacios de estacionamiento y se robaron computadores. Varias de las menores que lideraron la toma, además de haber sido catalogadas como trabajadoras sexuales por la autoridad municipal, terminaron con su matrícula cancelada.
Este jueves en la madrugada, apoyadas por apoderados del recinto, las jóvenes volvieron a hacer ocupación del liceo. Las alumnas afirmaron que fueron sancionadas por participar del movimiento estudiantil y exigieron ser reincorporadas. Asimismo, pidieron que el alcalde les diera disculpas públicas por el tenor de sus dichos.
Según informó Radio Cooperativa, la directora del liceo, Verónica Cisternas, aseguró tener «pruebas» de los «robos y destrozos» que motivaron la expulsión de 18 alumnas.
Cisternas descartó que hubiera motivaciones políticas tras la sanción, argumentando que «si hubiese sido por eso yo tendría más de 200 alumnas sancionadas».
De las 18 alumnas a las que se les obligó a dejar el colegio, tres fueron finalmente reintegradas, otros tres casos deben resolverse en febrero, y cinco alumnas ya retiraron sus papeles, para abandonar definitivamente el establecimiento.
La toma fue rechazada por el Centro de Padres y el director de la División de Educación de la Municipalidad, Raúl Fernández, había adelantado que de no conseguir que se depusiera pacíficamente la manifestación evaluaría solicitar el desalojo.
