En tanto, organizaciones sindicales anunciaron protestas en repudio del proyecto. “El gobierno debe ser capaz de escuchar a la gente, representar las voces de las mayorías y las demandas sociales, y respecto de los delitos, para eso existe hoy día legislación o tipificación de delitos punibles, como los saqueos y desmanes, en el Código Penal. Este otro cuerpo legal no es sino un atentado contra la democracia”, sostuvo la secretaria ejecutiva de la Confusam.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se mostró confiado en que el proyecto de ley de Fortalecimiento del Orden Público, más conocido como «Ley Hinzpeter», será aprobado este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
«Nosotros somos un gobierno pro manifestaciones públicas, un gobierno que favorece el derecho a expresarse y a manifestarse, pero una cosa muy distinta es que cuando se ejerce ese derecho algunos pocos se aprovechen para cometer actos de graves de vandalismo, actos que son completamente delictuales», sostuvo el secretario de Estado en entrevista con Radio Cooperativa.
La iniciativa propone penas desde 541 días a tres años de cárcel para quienes participen en desórdenes y hechos de violencia (como detener el tránsito o tomarse una universidad). Como asimismo, extiende las penas a quienes convoquen las manifestaciones.
En tanto, Carolina Espinoza, secretaria ejecutiva de la Confusam, anunció para hoy una jornada de protesta, tales como mítines y asambleas, en rechazo a la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
“El Gobierno debe ser capaz de escuchar a la gente, representar las voces de las mayorías y las demandas sociales, y respecto de los delitos, para eso existe hoy día legislación o tipificación de delitos punibles, como los saqueos y desmanes, en el Código Penal. Este otro cuerpo legal no es sino un atentado contra la democracia”, sostuvo la dirigenta.
Agregando que “rechazamos este proyecto en su esencia, en su raíz. Insistimos en que es la prueba más clara de la incapacidad de este Gobierno de dar respuesta y solución a los conflictos. Es pretender apagar el fuego violentando los derechos ciudadanos de las organizaciones y de quienes tenemos derecho a manifestarnos. Es el camino contrario”.
