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Servicio lo negó tajantemente al hacerse pública la cuestionada operación

El incómodo silencio de Hacienda frente a evidencia de participación de director del SII en perdonazo a Johnson’s

por 24 julio, 2012

El incómodo silencio de Hacienda frente a evidencia de participación de director del SII en perdonazo a Johnson’s
Conflicto por el caso que investiga una comisión ad-hoc de la Cámara de Diputados escala tras publicarse documentos que acreditan que Julio Pereira y el subdirector jurídico, Mario Vila, estuvieron al tanto de los detalles y participaron en la operación que le permitió a la empresa ahorrarse 119 millones de dólares. Felipe Larraín no se ha pronunciado y ambos directivos continúan en sus puestos pese a la gravedad de los hechos.
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Luego de casi dos meses de detonada la bomba que puso en el banquillo al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el polémico “perdonazo” tributario a Johnson’s, una nueva arista de esta historia remece a la institución dependiente del ministerio de Hacienda y pone en jaque al gobierno.

Y es que la publicación de documentos y correos electrónicos que acreditan la participación del director del servicio, Julio Pereira y del subdirector jurídico, Mario Vila, en la operación que le permitió a la multitienda ahorrarse 119 millones de dólares en intereses y multas, pone el foco en lo que hasta ahora el servicio había negado rotundamente: la existencia de conflictos de interés por parte de sus más altos directivos y la ausencia de participación de estos en el proceso.

Los conflictos de interés, denunciados por los funcionarios del SII, están relacionados con la labor que ambos directivos desempeñaron en la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) antes de ingresar a la administración pública. Esto, porque precisamente fue PwC la que asesoró a Johnson’s en la estrategia tributaria adoptada en 2001 para evitar pagar impuestos. Vila fue asesor de la empresa de retail en estos temas, pues trabajó en PwC en el Departamento de Asesoría Legal y Tributaria hasta el 2010, junto a Pereira, quien era socio de la firma cuestionada en el caso La Polar. Vila no fue un simple consultor, sino que también representó como abogado patrocinante a la compañía en causas en que se enfrentaba al SII, donde ahora ejerce como segundo a bordo.

En un e-mail enviado a El Mostrador el 13 de junio, el SII recalcaba que desde el ingreso de Vila a la repartición pública “se ha inhibido de conocer y desde luego resolver, cualquier tema relativo a la misma, por ejemplo, lo concerniente a la condonación”. El mismo día se entregó a la prensa el listado de los funcionarios de carrera que participaron en el proceso, donde no se incluía ni a Pereira ni a su subdirector jurídico.

Panorama muy distinto a lo informado el viernes pasado por Ciper Chile, que en base a e-mails, minutas internas del SII y un acta de sesión de directorio de Johnson’s del 9 marzo de 2011, demostraron que Pereira y Vila sí tuvieron acceso a los detalles de la operación y participaron en las conversaciones que terminaron con la cuestionada condonación, que incluso impulsó la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados.

Pese a la contundencia de los hechos, el gobierno ha guardado el mayor de los hermetismos y no se ha referido a la delicada situación que compromete al SII. Lo que no ha pasado desapercibido desde el mundo político.

El silencio del gobierno

El 12 de junio pasado y luego de haber sido rechazada inicialmente, se constituyó una comisión investigadora enfocada en indagar la condonación de multas e intereses efectuada por el SII a grandes contribuyentes del país.

Panorama muy distinto a lo informado el viernes pasado por Ciper Chile, que en base a e-mails, minutas internas del SII y un acta de sesión de directorio de Johnson’s del 9 marzo de 2011, demostraron que Pereira y Vila sí tuvieron acceso a los detalles de la operación y participaron en las conversaciones que terminaron con la cuestionada condonación.

Su presidente, Fuad Chahín (DC), afirma que Pereira “ha ocultado permanentemente información, porque no reconoció esta condonación durante la cuenta pública, ni su participación ni la de Vila en asesorías previas a la compañía ni en la operación de condonación, ya que señaló que sólo habían participado funcionarios de carrera, omitiendo que habían estado involucrados personalmente. Lo que con estos nuevos antecedentes queda por el suelo”.

Por eso, asegura que “nos llama la atención el silencio cómplice por parte del gobierno, ya que esto está afectando el prestigio y la seriedad de una institución que juega un rol clave como ente recaudador. Hoy está en entredicho y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no dice nada”. Más aún tomando en cuenta la reforma tributaria que el Ejecutivo viene impulsando y que deberá ser tramitada con suma urgencia en el Congreso.

Por eso, Chahín emplaza a Larraín a pronunciarse al respecto, petición que es respaldada por otros parlamentarios y por el sindicato del servicio. En opinión del diputado y también miembro de la comisión, Carlos Montes (PS), “el gobierno tiene que opinar de una vez por todas. Esto es muy grave para una institución tan potente”.

Pero no todos los integrantes de la comisión opinan lo mismo. Gonzalo Arenas (UDI), quien también participa de la comisión investigadora, argumenta que “hay mucho paño que cortar todavía. Aún no le creo ni al SII ni a los funcionarios”. Además, no considera necesario que Larraín se pronuncie, ya que “no corresponde, porque el director del SII es autónomo. No veo qué puede aportar”.

Al respecto, Montes enfatiza que “en general el temor de la derecha es que quede involucrado el ministro de Hacienda en esta cosa oscura. El problema es que es el jefe. Y si no dice algo o no inicia proceso de clarificación de estos antecedentes, es bastante serio”. El parlamentario explica que el 6 de junio le envió un oficio solicitando información “y aún no contesta nada. Pero va a tener que hacerlo, porque entre otras cosas es muy raro que se perdone una cantidad así sin que le consulten a él ni al subsecretario. En la medida que más silencio guarde el gobierno y no tome iniciativas, más raro se ve esto”.

El paso al lado de Pereira y Vila

Chahín no sólo exige respuestas desde el gobierno, sino que también respalda a los funcionarios que piden que Vila y Pereira den un paso al lado de la institución. Sobre todo después de la reacción del SII, que a través de su portal anunció acciones legales contra Ciper y los responsables de la “filtración y publicación de antecedentes reservados”, tachando de “inaceptable la presentación de información parcial e incompleta”, ya que sostienen que parte importante de los correos electrónicos fueron eliminados.

Según el servicio, “la lectura completa del intercambio de correos y de los documentos demuestra que el SII logró el máximo de los recursos posibles de Johnson’s para beneficio fiscal”.

El diputado falangista, subraya que “el grado de descomposición interno en el SII por todo esto es tremendo, por lo que es fundamental que estos personajes se alejen de sus funciones para poder recomponerlo”.

Para Montes, que considera que el director y el subdirector jurídico debieran alejarse del caso pero no dejar el cargo hasta que se termine la investigación, lo fundamental es “darle la oportunidad de dar sus puntos de vista a los funcionarios y no amenazarlos como se hizo”.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), Carlos Insunza, opina que “la única medida para el bien de la institución y que se puedan investigar los alcances de cómo se llevó el proceso y la intervención de ambos directivos exige que den un paso al lado. Porque es impensable que en este ambiente cargado de amenazas esto pueda terminar de buena manera”.

En medio de este gallito, en el SII hay fuertes rumores de que Vila podría ser sacado del cargo en vista de la avalancha de críticas y datos que tienen al servicio en la mira.

En tanto, el presidente de la Asociación Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich), Juan Apablaza, asegura que aún “quedan muchas dudas. Como por ejemplo si respecto a la compra de Cencosud tuvo información privilegiada. Entonces quizás es necesario que la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos inicien investigaciones. En el primer caso para ver en base a qué Cencosud tomó la decisión de compra, y en el segundo porque los bancos también estaban al tanto de la situación de Johnson’s. Además, “creemos que el Consejo de Defensa del Estado definitivamente debería iniciar una investigación por el resguardo del interés fiscal”.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD), que acompañó junto a Chahín y Montes a los funcionarios del SII durante una conferencia de prensa el lunes, adelanta que están evaluando llevar los antecedentes al CDE y al Ministerio Público. Desde el Consejo, señalaron a este medio que se está analizando si se harán parte del caso.

El próximo lunes la Comisión investigadora celebrará su segunda sesión. Dos días más tarde está citado Julio Pereira y también la directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII (DGC), Mirtha Barra, cuyos correos electrónicos con el director del servicio demuestran que éste estuvo involucrado en el proceso.

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