La Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile señaló que en febrero de 2013 termina el período de las actuales autoridades, por lo que los gobiernos regionales «dejarían de ejercer sus funciones y atribuciones» y que de probarse «la tardanza inexcusable y hasta negligente, en la tramitación del proyecto de ley destinado a dar cumplimiento y efectividad al mandato constitucional (…) «podría eventualmente fundar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior».
La Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile (Ancore) manifestó su preocupación por la falta de propuestas, por parte del Gobierno y el Parlamento para avanzar en un mecanismo que resuelva la “compleja situación institucional en la cual han dejado a los Gobiernos Regionales del país”.
A través de una declaración firmada por el presidente y el presidente del directorio nacional de Ancore, Manuel Millones y Juan Antonio Véjar, respectivamente, la entidad se refirió a la necesidad de contar con las leyes para dar cumplimiento a la reforma constitucional que entró en vigencia en 2009 y que establece la integración de los Consejos Regionales por “Consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva”.
“Esta y otras materias, objeto de esta reforma constitucional descentralizadora y que deben regularse a través de normas de rango orgánico constitucional, se distribuyeron en dos proyectos de ley ingresados a tramitación al Congreso Nacional recién en septiembre de 2011, con la pretensión de comenzar su vigencia durante el año 2012 y realizar la elección directa de los Consejeros junto a las elecciones municipales”, indica la asociación.
Se trata de materias relativas a la transferencia de competencias, separación de las funciones de Intendente y Presidente del Consejo, además de las atribuciones de cada uno de éstos, las del Consejo Regional y las de los Consejeros en particular, que son incorporadas en un proyecto de ley ingresado al Senado; y, las materias relativas a la elección de los Consejeros, en el proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados.
La Ancore recordó que la Cámara Baja inició el tratamiento del proyecto de ley recién en el mes de marzo de este año, a través de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, pero “transcurrido el tiempo necesario para su tramitación, sin que se evacuara alguna propuesta por esta Comisión, y frente a la imposibilidad de realizar elecciones directas junto a las Municipales, la propia Comisión de Gobierno Interior y Regionalización acuerda por la unanimidad de sus 13 miembros presentar una moción de reforma constitucional que adelantara la elección de Consejeros Regionales desde el año 2016 a noviembre de 2013, para hacerlas coincidir con las elecciones parlamentarias, prorrogando en consecuencia el mandato de los actuales consejeros, el cual concluye en febrero de 2013”.
Sin embargo, los diputados la votaron en sala el 6 de noviembre no logrando el quórum requerido y consiguiendo sólo 63 votos para su aprobación. “La UDI votó en contra, se abstuvieron algunos diputados de otros diversos partidos, otros tantos ni siquiera emitieron sufragio a pesar de estar presentes y, otros cuatro, se encontraban enfermos y pareados”.
La Ancore se quejó que en todo este proceso el gobierno “estuvo ausente, sin otorgarle la importancia debida, no obstante su compromiso declarado, y que pese a tratarse de un proyecto de reforma constitucional, “no fue revestido de mensaje presidencial ni de algún grado de urgencia”.
Asimismo, cuestionó que durante su discusión en la Comisión y en la Sala “no estuvieron los Ministros respectivos ni algún subsecretario, pese al rango normativo, pese a que se trataba de la modificación de un órgano de la República y pese a que se trataba de una materia que forma parte de la necesaria descentralización política”.
Lo más grave, agrega, es que tampoco “se propone un proyecto alternativo, produciéndose un estado de situación que los constitucionalistas han llamado de ‘vacío constitucional’, esto es, estando vigente el mandato constitucional para la elección directa de los Consejeros Regionales, existe la imposibilidad de cumplirlo y ponerlo en práctica. Este vacío ha generado confusión, incertidumbre jurídica y gran malestar en la comunidad regional del país, frente a la negligencia del Poder Legislativo, malestar que se está expresando ascendentemente a través de fuertes debates, declaraciones y amenazas de movilizaciones, que parecen ser ignoradas o desestimadas”.
Asimismo, afirmó que “a la fecha de hoy, aún no existe propuesta alguna de parte del Gobierno o del Congreso en cuanto al procedimiento a seguir para resolver la compleja situación institucional en la cual han dejado a los Gobiernos Regionales del país. Esta situación aclara el grado de importancia que tiene el desarrollo de las regiones y el progreso de sus ciudadanos para quienes integran estos órganos, salvo honrosas excepciones”.
Lo más grave, es que, de acuerdo a lo señalado por constitucionalistas, “al no contar con autoridades elegidas conforme al mandato constitucional, luego de declararse la inaplicabilidad de la elección indirecta, una vez cumplido el mandato de cuatro años de los actuales Consejeros Regionales, en febrero próximo, los gobiernos regionales dejarían de ejercer sus funciones y atribuciones, como la de resolver el presupuesto de la región (el financiamiento de proyectos y programas que requieren de aprobación del Consejo Regional), la de fiscalizar los actos de la administración regional y la de dictar normas reglamentarias en el ámbito de sus atribuciones (normas de ordenamiento territorial, de procedimientos de inversión y concursales, estrategias y planes de desarrollo, etc.)”.
Finalmente advirtió que “Luego de probarse la tardanza inexcusable y hasta negligente, en la tramitación del proyecto de ley destinado a dar cumplimiento y efectividad al mandato constitucional del artículo 113°, podría eventualmente fundar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, por dejar sin ejecución una disposición Constitucional, de conformidad al literal b) del numerando 2) del artículo 52° de la Constitución”.
