La decisión la adoptó el 31º Juzgado Civil de Santiago en favor de 674 personas de la villa Villa Bernardo Leighton de Puente Alto. El dictamen establece que la repartición estatal debió «haber desplegado todas las herramientas pertinentes para el adecuado desarrollo de su política habitacional, lo que no hizo en modo alguno».
El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a pagar una indemnización de más de dos millones de dólares a los 674 vecinos de la Villa Bernardo Leighton de Puente Alto cuyas viviendas resultaron con diversos daños por las lluvias de los meses de mayo y junio de 1997.
Cada uno de ellos, se estableció, deberá recibir una suma de un millón y medio de pesos.
En la sentencia de la jueza Soledad Araneda Undurraga se determinó la responsabilidad del Serviu en las deficiencias de construcción de las viviendas realizadas por la empresa Copeva y que resultaron afectadas por filtraciones de aguas lluvias.
“No puede menos que desprenderse que el Serviu Metropolitano ha incurrido en falta de servicio», sostiene el dictamen, argumentando que es precisamente esa entidad la responsable de «la ejecución de las políticas habitacionales de los sectores más vulnerables de la sociedad», más allá que el contrato para la edificación de los inmuebles se celebrara «entre los entes organizadores y la Empresa Constructora Copeva Limitada».
A juicio del tribunal, el Serviu debió «haber desplegado todas las herramientas pertinentes para el adecuado desarrollo de su política habitacional, lo que no hizo en modo alguno, pues como quedó comprobado en estos autos, siendo además un hecho público y notorio que se hizo evidente con las primeras lluvias de los meses de mayo y junio de 1997, las casas emplazadas en la Villa Bernardo Leighton , así como muchas otras emplazadas en diversas comunas de la Región Metropolitana, e incluso otras Regiones del país, construidas por Copeva Limitada, fueron de bajo estándar de calidad, no sólo en los materiales empleados -sin perjuicio de guardar relación con las bases técnicas aprobadas en su oportunidad».
De acuerdo a los antecedentes recabados, agrega, «se desprende que las empresas constructoras al desarrollar el proyecto encargado ya sea por el Serviu o el ente organizador, debían cumplir ‘a lo menos’ con las Bases Técnicas diseñadas al efecto por este último organismo, las que debido a los bajos estándares de calidad exigidos (…) no lograron resistir de manera adecuada las condiciones climáticas que se observaron en los meses de mayo y junio de 1997 en la Región Metropolitana”.
