Una de las peticiones será derogar la Ley de Amnistía de 1978, que dejaba impunes los crímenes cometidos desde el 11 de septiembre de 1973.
Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles una campaña internacional de recogida de firmas con el fin de que en Chile se cierren algunas brechas en la protección de los derechos humanos que siguen abiertas 40 años después del golpe militar de Augusto Pinochet.
«Esta campaña busca eliminar los flancos de impunidad que todavía persisten en la legislación chilena», explicó la directora ejecutiva de AI Chile, Ana Piquer, durante una rueda de prensa.
La campaña se desarrollará desde este jueves hasta el próximo 11 de septiembre, fecha del 40 aniversario del golpe, a través de Internet y mediante diversas actividades de recogida de firmas, centradas especialmente en países de Europa y de América.
Una de las peticiones será derogar la Ley de Amnistía de 1978, que dejaba impunes los crímenes cometidos desde el 11 de septiembre de 1973. «En la práctica, esta ley hoy no se está aplicando, pero sigue vigente», advirtió Piquer.
Amnistía Internacional también solicitará reformar de nuevo el código de justicia militar, ya que la última modificación estableció que un civil no puede acudir como imputado a una corte militar, pero sí como víctima en caso de que el supuesto agresor sea un agente del Estado.
«La Justicia militar no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad», opinó la representante del organismo.
Tanto en el caso de la Ley de Amnistía como en el de la justicia militar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile hacer esas modificaciones legales. «Chile está incumpliendo sus obligaciones internacionales en esa materia», denunció Piquer.
En su campaña, Amnistía Internacional también pedirá fortalecer las iniciativas para preservar la memoria histórica y asegurar la incorporación de los derechos humanos en todas las políticas y programas gubernamentales.
El objetivo es presionar, a través de la movilización ciudadana, al Congreso Nacional, para que tramite varios proyectos de reforma de la justicia militar, y a los candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, para que asuman el resto de peticiones dentro de sus programas.
Según informes oficiales, durante la dictadura (1973-1990), unas 3.200 personas fallecieron, de las cuales 1.200 continúan desaparecidas y 38.000 padecieron prisión política o tortura.
Unos 60 antiguos represores están actualmente encarcelados por estos delitos.
