Planteó su rechazo al aborto y volvió a pedir aprobación de ley antiencapuchados
«Vino a un acto diferente, tengo la impresión de que vino a dar la cuenta del año, parecido al 21 de mayo y no hubo una referencia al informe completísimo que nos entrega el Instituto de Derechos Humanos y que indica las enormes falencias que tenemos en las garantías de los derechos básicos que son considerados derechos humanos, como la salud, la seguridad y la educación”, dijo la diputada electa del PC Karol Cariola.
Varios abucheos marcaron este lunes la intervención del Presidente Sebastián Piñera en la entrega del Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual, entre otras materias, determinó que la tortura «aún existe» en el país y advierte que en Chile hay «una profunda insatisfacción ciudadana con la democracia, la que parece a ratos divorciarse de su finalidad última que es la dignidad y desarrollo de las personas».
El mandatario, quien fue objeto de pifias, especialmente cuando se refirió a temas como el aborto y la situación de los pueblos originarios, fue cuestionado por algunos de los asistentes, como el diputado del PC Hugo Gutiérrez y la diputada electa de esa misma tienda, Karol Kariola, por supuestamente haber aprovechado el marco de la actividad para hacer una suerte de «cuenta pública» de su administración, con llamados al Parlamento a aprobar la denominada ley antiencapuchados y para marcar las diferencias del oficialismo con la abanderada de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, respecto a temas valóricos.
«Sebastián Piñera vino a un acto diferente, tengo la impresión de que vino a dar la cuenta del año, parecido al 21 de mayo y no hubo una referencia al informe completísimo que nos entrega el Instituto de Derechos Humanos y que indica las enormes falencias que tenemos en las garantías de los derechos básicos que son considerados derechos humanos, como la salud, la seguridad y la educación”, dijo Cariola.
La ex dirigente estudiantil remató señalando que «hoy el INDH ha hecho una gran contribución al país pero se ha encontrado con un Presidente que parece que vive en un país completamente distinto, así difícilmente vamos a avanzar. Ese es el proyecto de la derecha y eso es lo que tenemos que cambiar”.
Gutiérrez, por su parte, criticó la a su juicio es «falta de deferencia» del jefe de Estado ante la entrega del Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013. «A un acto de tal relevancia llega atrasado y al intervenir no muestra ninguna empatía con las problemáticas relevantes en derechos humanos, es deleznable. De hecho su discurso no dio para nada cuenta de los temas de verdad, justicia reparación, al parecer el contexto de los 40 años del Golpe de Estado no surtió efecto alguno en el mandatario”, señaló.
En ese sentido, el abogado de DD.HH. enfatizó que el discurso del mandatario, “alude a intolerancias que son inaceptables, sobre todo en materia de pueblos originarios y en materia reproductiva de la mujer. Sus palabras dan cuenta de una cultura retrógrada, parece que él (Piñera) no entiende ni entendió nunca lo que son los derechos humanos y cuál es la verdadera concepción de tolerancia y no discriminación”. Piñera llegó al lugar acompañado de la ministra vocera Cecilia Pérez, oportunidad en la que, efectivamente, hizo un balance de los avances por parte del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, asegurando que en estos cuatro años «hemos llevado adelante una profunda modernización y reestructuración de nuestra institucionalidad».
Durante la actividad que se llevó a cabo en el centro cultural Matucana 100, Lorena Fries manifestó que “en Chile la tortura aún existe, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable”, y advirtió que el documento da cuenta de la existencia de «prácticas institucionales que favorecen actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes», sobre todo en espacios de privación de libertad o de personas sujetas al control de las fuerzas de orden público.
“Se requiere una instancia permanente de calificación de víctimas, además de la asesoría legal y social pública para los y las sobrevivientes de la tortura (…) se hace indispensable contar con una instancia gubernamental en materia de DD.HH., como la creación de la subsecretaría propuesta por el actual Gobierno”, agregó.
Respecto de la situación de los pueblos indígenas, recalcó que el Estado tiene una doble responsabilidad en la crisis que se arrastra hasta hoy en el territorio mapuche en la Región del Bío-Bío y La Araucanía: “Esa doble responsabilidad se traduce hoy en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y en la incapacidad de defender a quienes son hostigados por encarnar materialmente esa vulneración”.
