Además de los cobros, multas van desde los $10 millones a $1.500 millones
Se trata de un impuesto del 35% aplicado a empresas residentes en Chile que hayan contratado prestaciones facturadas en el extranjero, que tiene acorraladas a más de 200 empresas que contrataron el servicio publicitario de Google Inc. sin estar al tanto de esta condición y que, según explica el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, «deben pagar retroactivamente tres años de impuestos porque el SII no cumplió su obligación de informar».
El jueves pasado, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) presentó ante el 28 Juzgado Civil de Santiaguo una demanda de Nulidad de Derecho Público en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII) que apuntaba a dejar sin efecto un proceso de fiscalización y cobranza por parte del organismo que afecta principalmente a empresas medianas y que la organización ha tildado de «arbitrario y discriminatorio».
La historia se remonta a septiembre de 2012, cuando el SII habría solicitado a la empresa internacional Google Inc. información sobre los clientes domiciliados o residentes en Chile que hubiesen contratado Google Adwords, programa que utiliza el buscador para ofrecer a potenciales anunciantes. Cualquiera que haya utilizado Google en el último año lo habrá notado. El servicio ubica los anuncios patrocinados entre los resultados más visibles de las búsquedas de los cibernautas y posiciona baners de distinto tipo que aparecen en páginas web. El método es efectivo, no por nada AdWords es la principal fuente de ingresos de Google.
Con esta información en mano, el SII resolvió cobrar a las empresas un impuesto del 35% que afecta a los servicios facturados en el extranjero, más multas, intereses y reajuste. Desde las 200 empresas afectadas aseguraron desconocer la aplicación de este impuesto, que está contenido en la Ley de la Renta chilena, y que según la Asech, tampoco habría sido clarificado por Google o por el SII.
Las multas cursadas van desde los $10 millones hasta los $1.500 millones, montos complejos si se considera que los afectados son en su mayoría pymes. Más de cuarenta de ellas podrían terminar en la quiebra por este motivo, en uno de los pocos casos que involucra a una empresa tecnológica de renombre mundial, a emprendedores y al SII.
“Esta acción colectiva busca probar que el SII actuó de manera arbitraria y discriminatoria con las empresas a las que fiscalizó, algunas incluso embargadas, y anular el proceso de cobranza iniciado este año. Todo esto con los estándares de la OCDE en la mira, los que, se cree, han sido vulnerados por el Estado chileno, en desmedro de los emprendedores chilenos”, señaló durante la presentación de la demanda el presidente de la Asech, Juan Pablo Swett.
Ante la presentación de la demanda, el Servicio de Impuestos Internos emitió una declaración pública en la que explicó en detalle los motivos de la fiscalización, precisando que los cobros estaban insertos en el marco del programa “Impuesto Adicional por pago de servicios prestados en el extranjero”.
El programa de fiscalización está orientado al control del impuesto adicional por pagos realizados por no residentes ni domiciliados en el país por servicios prestados en el extranjero. En este caso concreto, fiscaliza los pagos realizados por contribuyentes residentes en Chile a cambio de servicios de publicidad contratados a empresas extranjeras que tienen plataformas digitales a través de las que se publicitan los productos.
“El servicio descrito corresponde a un servicio de publicidad. Toda vez que estos son servicios prestados desde el extranjero, es aplicable el impuesto adicional del artículo 59 N° 2 de la Ley de Impuesto a la Renta con tasa del 35% el cual debe ser retenido y pagado por el pagador de la renta con la misma tasa hasta el día 12 del mes siguiente al del pago o remesa al exterior de acuerdo al artículo 74 N° 4 de la ley de impuesto a la renta”, explica el documento.
Asimismo, precisa que la fiscalización apuntó principalmente al segmento de medianas (con ventas anuales sobre UF 25.000,01) y grandes empresas (con ventas anuales sobre UF 100.000,01) y asegura que el 92% de los cobros de impuestos realizados correspondieron a empresas de estas categorías. “Con lo anterior, queda en evidencia que el plan de fiscalización implementado por el SII no ha tenido por objeto afectar nuevos emprendimientos, sino que controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, señala el comunicado.
Los detalles entregados por el SII sobre su proceder cayeron de cajón para que la agrupación de emprendedores validara sus argumentos. Este viernes, el presidente de la Asech señaló que esto prueba que la fiscalización fue arbitraria y discriminatoria. “Al reconocer que se fiscalizó a un segmento determinado y acotado de usuarios de Google AdWords, el SII nos ha dado la razón”, precisó Juan Pablo Swett.
Además, cuestionó la cifra entregada por el organismo estatal que señala que el 92% de los cobros de impuestos correspondieron a empresas del segmento de medianas y grandes empresas. “Nos gustaría saber de dónde salieron esas cifras y qué tan vigentes están», aseguró, agregando que «esto no responde a la desinformación a la que sometieron a sus contribuyentes, que hoy deben pagar retroactivamente tres años de impuestos porque el SII no cumplió su obligación de informar”.
En esta misma línea, el director ejecutivo de la Asech, Cristián López, agregó que la falta de una posición clara por parte del SII ha desatado una batahola de correos y llamados de emprendedores preocupados por su situación tributaria. “Hay cientos de emprendedores que después de esta noticia están muy preocupados por el cobro, ya que no hay una posición clara aún por parte del servicio de cómo se debe de llevar el tema. Además, el 8% de pequeñas empresas es muy relevante. No podemos hablar de cifras de 8%, ya que esas 16 empresas lo están pasando muy mal por la discriminación arbitraria del servicio”, enfatizó.
