«Es excesivo lo que ocurre en torno a Carolina Echeverría», apunta el economista y director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo al referirse a la columna escrita por la autoridad académica. Entonces se pregunta: «¿Qué tiene que ver una persona con lo que un familiar de ella pudo o no haber hecho en el pasado? No tiene nada que ver. Está equivocado Carlos Peña», remata.
Como un «escrutinio excesivo» en contra de la futura subsecretaria de las FF.AA., Carolina Echeverría, calificó el director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín Arroyo, la columna escrita por el rector de la UDP, Carlos Peña.
El académico argumentó en su escrito –publicado en El Mercurio– que es correcto pedir la renuncia de Echeverría, ya que «su padre (el coronel (r) del Ejército Víctor Echeverría) ha sido acusado de participar en violaciones a los derechos humanos y ella misma habría exigido, mientras fue subsecretaria de marina, que se retiraran unas querellas por tortura como condición para acceder a la calidad de exonerados», añadiendo que el Presidente Sebastián Piñera puso un nuevo estándar en el tema de los Derechos Humanos.
En entrevista con el programa «El Primer Café» de Radio Cooperativa, Larraín comentó: «El escrutinio, la exigencia y la transparencia es buena, pero cuidado, porque para eso deben existir instituciones, un juicio común de la sociedad. Pero también se presta para que haya pasadas de cuenta, para que haya personas con intereses personales. De manera que está bien el escrutinio, pero todo esto tiene que ser muy público y no un caldo para que algunas personas se tomen venganza o revancha».
En ese sentido, aseguró que es «excesivo» lo que ocurre en este caso. «Y voy a la columna de Carlos Peña. ¿Qué tiene que ver una persona con lo que un familiar de ella pudo o no haber hecho en el pasado? No tiene nada que ver. Está equivocado Carlos Peña, que es un rector y un columnista muy brillante, que tiene un defecto en ese sentido que trata de erigirse de ‘pope laico’, de juez de la moral de todo el mundo, que yo creo que lo llevan a estos excesos».
«Es verdad que en sus actuaciones las personas tienen conflictos de interés, el tema es cómo administran esos conflictos de interés. Y no es incompatible la fidelidad a una familia con obligaciones de Estado. Todos los funcionarios públicos tienen fidelidad a su familia y tienen obligaciones con el Estado. Es impresentable objetar a esta persona por esto», concluyó.
Rodrigo Peñailillo, el futuro ministro del Interior del gobierno de Bachelet, salió en defensa de Echeverría, haciendo hincapié en que ella ya se había desempeñado en un cargo en el gobierno anterior y «tiene una gran experiencia en relación con las Fuerzas Armadas y sabemos de su compromiso en materia de Derechos Humanos».
La designación de Echeverría era resistida por grupos de defensa de los Derechos Humanos, pero sobre todo por quienes aseguran haber sido víctimas de los apremios que Víctor Echeverría cometió cuando tenía grado de capitán en el Regimiento Buin.
Si bien existía consenso en que ella no debía asumir los crímenes de los que se acusa a su padre, consideraban que hacerse cargo de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas la obligaba a precisar públicamente su posición en esta materia. Uno de ellos fue el sacerdote José Aldunate, quien se preguntó si «es congruente que la hija de un padre torturador, que se sabe que lo es, aunque no se haya demostrado jurídicamente, ocupe un cargo como el que está destinado”.
Sobre el mismo tema, Mercedes Bulnes, esposa del abogado Roberto Celedón y quien denunció que Víctor Echeverría cometió abusos deshonestos en su contra, dijo que consideraba que «los hijos no son responsables de los pecados ni de los delitos de los padres. Pero sí creo que cuando uno asume un cargo público o de relevancia, uno tiene el deber de informar a quien lo nombra las heridas que puede haber en el pasado de uno. Uno tiene el deber de informar porque es un cargo público que está relacionado con las Fuerzas Armadas y ella tiene que decir algo”.
En tanto, los hijos de Mercedes Bulnes Núñez comunicaron a través de una carta abierta: «Debemos rechazar públicamente las palabras del senador PPD Jaime Quintana, quien habló en una radio de cobertura nacional, de ‘presuntas víctimas’ y ‘presuntos crímenes’, poniendo en duda la palabra y la vivencia de personas que son reconocidas a nivel nacional e internacional por su trabajo en la recuperación de la democracia y por los DD.HH.».
También rechaza que el parlamentario haya calificado como “deporte veraniego” el surgimiento de cuestionamientos a Carolina Echeverría. “Encontramos gravísimo que con este calificativo desacredite testimonios que ahora son parte de la verdad histórica de Chile. Esto nos lleva a preguntar si los valores de los derechos humanos están por debajo de los intereses partidiarios para este señor como un deporte veraniego” .
La carta, firmada por la familia Celedón Bulnes, enfatiza que el objetivo no es responsabilizar a la futura subsecretaria de FF.AA. de los delitos que se le imputan al coronel (r) del Ejército Víctor Echeverría Henríquez, sino que, por el contrario, lograr que ella condene y asuma públicamente la “responsabilidad política” de lo ocurrido.
“Cuando se realiza la denuncia no se pretende responsabilizar a la señora Carolina Echeverría por los delitos cometidos por su padre, que impunemente vive en Iquique, sino que se busca que ella públicamente condene lo ocurrido y asuma la responsabilidad política, teniendo en cuenta que por la naturaleza que su cargo presenta claramente (existen) conflictos de intereses con la denuncia. En Chile tenemos el deber de construir un país más transparente y responsable políticamente”.