La organización se dedica a promover la transparencia política y el acceso a información pública
La institución concluye que «si bien aún no se han constatado ilegalidades, los hechos que rodean este caso atentan contra los estándares de transparencia y probidad exigibles» y que, aunque se trate de un asunto entre privados, el hijo de Bachelet «cumple una función pública directamente relacionada con la Presidenta».
La Fundación Ciudadano Inteligente, que promueve la transparencia política y el acceso a información pública, se refirió a la situación de Sebastián Dávalos, hijo mayor de la Presidenta Michelle Bachelet a raíz de un crédito otorgado a la empresa en la que participa su empresa y de la que él fue gerente de proyectos. Caval Ltda obtuvo un préstamo inmobiliario, de $6500 millones teniendo un capital de $6 millones de pesos. Además, la propia institución bancaria reconoció que Dávalos participó en una reunión en la que asistió Andrónico Luksic vicepresidente de la institución y uno de sus controladores.
«Exigimos la renuncia de Sebastián Dávalos. Si bien aún no se han constatado ilegalidades, los hechos que rodean este caso atentan contra la ética que debe tener todo servidor público y los estándares de transparencia y probidad exigibles», afirma la ONG.
Ciudadano Inteligente pide además «transparencia por parte de las autoridades a cargo de la modificación del plan regulador y el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público de dicho proceso de modificación, para constatar si se configura o no el delito de tráfico de influencias y/o la existencia de conflictos de interés», dice una declaración difundida este lunes, en relación al trazado en la comuna de Machalí que es la base del negocio inmobiliario para el cual fue pedido el préstamo, que ya fue pagado y dio origen a un compromiso de venta con una inmobiliaria por $9.500 millones, con lo que Caval habría ganado $3.000 millones, sellando el negocio.
Sobre la declaración de intereses que no es obligatoria para un cargo ad honórem como el que ocupa Dávalos, la Fundación pidió que «a pesar de que el señor Dávalos no se encuentra obligado por ley a presentarla, por la función pública que en la práctica ejerce, es exigible que se rija por los mismos estándares de transparencia y probidad que otras autoridades». En efecto, el Gobierno aseguró que Dávalos publicará su declaración en los próximos días.
María Jaraquemada, directora de Investigación e incidencia de la organización afirmó que «si bien este caso ocurre entre privados, en la actualidad, Sebastián Dávalos cumple una función pública directamente relacionada con la Presidenta, por lo cual solo podemos exigir los mayores estándares de transparencia y de probidad que actualmente se consagran para la función pública”, dijo.
Por último, la organización incluyó entre sus peticiones «las reformas legales pertinentes para que el cargo de Primera Dama, o su equivalente, se incorpore a las normas legales administrativas respectivas y se rija por las mismas disposiciones que otros cargos públicos de igual naturaleza».
