Al darse cuenta de la iniciativa en la Sala de la Corporación, los diputados Patricio Melero (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) cuestionaron la constitucionalidad y admisibilidad de la misma. La iniciativa pasó a las comisiones de Salud y Constitución.
El martes último se inició en la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley que a fines de enero presentó el Ejecutivo y que despenaliza el aborto en tres causales: violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre.
Al darse cuenta en Sala del ingreso de la iniciativa, los diputados Patricio Melero (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) cuestionaron la constitucionalidad y admisibilidad de la misma.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo (DC), clarificó que la Mesa de la Corporación no tiene facultad para referirse a la admisibilidad de este proyecto y que es facultad del Tribunal Constitucional revisar la constitucionalidad de la norma, en las instancias correspondientes.
Melero anunció que hacía reserva de constitucionalidad, de acuerdo al artículo 19 N°1 de la Constitución y en consideración al «Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos».
El mensaje del Gobierno señala que la Constitución Política consagra el derecho a la vida, la integridad física y síquica y el deber de proteger la vida del que está por nacer. Sin embargo, enfatiza que el Estado también debe equilibrar esos mandatos con las situaciones extremas que pueden afectar la vida, salud, derechos y dignidad de las mujeres en ciertas situaciones, lo que conlleva la obligación de regular la interrupción del embarazo.
Añade que la actual normativa que prohíbe sin excepciones la interrupción del embarazo, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas y lo sitúa como uno de los 4 países en el mundo que criminaliza el aborto en todas sus modalidades, junto a El Vaticano, Nicaragua, El Salvador y Malta.
El texto recalca que esta prohibición absoluta y criminalización no impiden su práctica, que se realiza en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres y se traduce en una vulneración de sus derechos.
«Por ello los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta”, señala el mensaje, que clarifica que en las tres causales planteadas se exige “la expresión de voluntad libre de la mujer”, porque el Estado no puede imponer una decisión a las mujeres ni penalizarlas, sino respetar su voluntad de continuar o interrumpir su embarazo.
El proyecto fue derivado para su análisis a las comisiones de Salud y Constitución de la Corporación.
