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Giorgio Martelli defiende aporte de empresas a campañas y se opone a iniciativa destinada a excluirla de la legislación electoral En libro presentado en 2008

Giorgio Martelli defiende aporte de empresas a campañas y se opone a iniciativa destinada a excluirla de la legislación electoral

El geógrafo y considerado operador PPD que está en medio de la controversia por boletas sospechosas, señala que es necesario que «el Servicio de Impuestos Internos (SII) establezca un mecanismo de consulta y certificación de cada factura de gasto (sólo facturas), de modo de evitar que un determinado candidato se vea perjudicado por situaciones anómalas de proveedores sin tener responsabilidad en ello».


Giorgio Martelli Robba, quien en estos días se ha transformado en una de las principales figuras del cuestionamiento en torno a Soquimich y el financiamiento de la política, expone en un libro presentado en 2008 que, tras aceptar el cargo de administrador financiero de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, “todos me preguntaron si estaba loco”.

En el prefacio del texto Dinero y Política, una tensa relación, el cual contiene una compilación de ocho artículos relacionados con el tema del financiamiento político, Martelli explica que «cuando acepté ser el administrador financiero de la campaña de Bachelet todos me preguntaron si estaba loco».

Martelli es geógrafo de la Universidad de Chile y experto en desarrollo urbano, con un posgrado en la Universidad Católica. Fue el primer director de la Asociación Chilena de Municipalidades, y es considerado como el operador del PPD que está en medio de la controversia por boletas sospechosas.

Martelli, quien en la página 3 del libro se declara como autor intelectual del trabajo que recoge escritos de otros nueve participantes, expone sus conclusiones a partir de su experiencia como administrador electoral de la primera campaña presidencial de Bachelet, en 2005 y 2006, según publica Emol.

Además, existe una dedicatoria en donde aparece mencionado Jorge Rosenblut, quien también habría actuado como recaudador en la campaña que precedió a la primera administración de la actual Mandataria.

En ese sentido, Martelli le agradece “por invitarme a participar, y por la sabiduría de la amistad”.

Tal dedicatoria llama la atención, debido a que Rosenblut recientemente ha negado haber contactado al geógrafo con el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, en el marco de la segunda campaña presidencial de Bachelet, buscando la forma de desestimar la versión en tal sentido que fue dada a conocer por los medios de prensa.

Asimismo, en su artículo publicado en 2008, describe las estrategias usadas en la primera postulación a La Moneda de Bachelet, afirmando que el foco se centró en llevar a cabo una “campaña ciudadana” con el objetivo de “reunir recursos y sumar gente”.

También hace una defensa de los aportes de las empresas a las campañas y se opone a la iniciativa destinada a excluir esta posibilidad de la legislación electoral, indicando que «al eliminarse el aporte de las empresas y bajar el tope del aporte a las personas, se reduce el financiamiento ciudadano de sus candidatos y se refuerza el financiamiento público».

En ese sentido, explica que «va en contra de las tendencias de los países con sistemas democráticos más desarrollados».

Y agrega que «que surge a la luz de nuestra experiencia y de algunos hechos involuntarios de facturas dudosas, irregulares y falsas», explicando que es necesario que «el Servicio de Impuestos Internos (SII) establezca un mecanismo de consulta y certificación de cada factura de gasto (sólo facturas), de modo de evitar que un determinado candidato se vea perjudicado por situaciones anómalas de proveedores sin tener responsabilidad en ello».

Martelli sostiene que así «como el caso Watergate exigió al sistema norteamericano transparentar el financiamiento de la política», en Chile el caso MOP-Gate «tensionó nuestro sistema y levantó nuestra propia legislación sobre la materia».

El geógrafo también expone que «este libro obedece a la convicción fehaciente que Chile debe desarrollar mayores y mejores políticas de financiamiento transparente para mantener una cultura cívica hacia las estructuras democráticas representativas».

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