SII juega rol clave en el retraso de las indagatorias
La tarde del viernes el Ministerio Público incautó –obteniendo acceso de manera voluntaria– documentación desde SQM Salar, filial de Soquimich. Actuó de manera autónoma, ya que el Servicio de Impuestos Internos no le entregó esa información para poder investigar. Según fuentes del caso, los fiscales trabajan a toda máquina, reconstruyendo una historia con vacíos y donde parte de la información –como la que revela el nombre del recaudador de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli– la han conocido por la prensa.
El lunes 13 de abril, al interior del Ministerio Público más de alguien se sorprendió con el principal titular del cuerpo C de El Mercurio. Era el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, fijando una posición que no se esperaban: «Efectivamente no nos hemos querellado contra ningún político, y lo más probable es que en la mayoría de los casos no debiera haber querella, porque, de acuerdo a los criterios tradicionales nuestros, al evaluar reiteración, montos, no se cumplen los criterios como para realizar querella». Y agregaba: «Puede haber casos puntuales, que son de mayor envergadura, pero en la generalidad de los casos, no debiéramos llegar a la acción penal».
En ese momento las críticas lo apuntaban directamente. Se conoció que entre enero de 2012 y marzo de 2013, Jorratt emitió una serie de boletas por trabajos particulares a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de propiedad de Giorgio Martelli, principal recaudador de la campaña de Michelle Bachelet. Sin embargo, las palabras del director del SII no iban solo a clarificar ese tema, sino que también a bajar la línea sobre el tratamiento a los políticos.
En el Ministerio Público habían entendido, con diferentes señales, que esa semana el servicio presentaría una acción penal que permitiría indagar a políticos por eventuales delitos tributarios. Sólo la semana anterior el SII había presentado una denuncia contra SQM por delito tributario: 237 facturas y 609 boletas de honorarios falsas, por un monto superior a $4.340 millones. Era esperada una segunda acción penal dentro de esa semana. Pero las palabras de Jorratt diluyeron no sólo esa aspiración, sino también quedó claro que apuntar en esa dirección se vuelve cada vez más cuesta arriba mientras la flecha del caso apunta más alto y se acerca a La Moneda.
A pesar de que el Ministerio Público puede indagar a políticos involucrados en el caso, no puede hacerlo en el ámbito que más le importa: la eventual comisión de delitos tributarios. “La formalización de políticos se puede hacer extremando el argumento jurídico, pero lo más fuerte siempre será el argumento tributario y ahí radica la fortaleza de la acusación. Para eso la Fiscalía no puede hacer nada sin una denuncia del SII”, señala una fuente que conoce el proceso.
[cita]Es por esto que, en la tarde del viernes, la Fiscalía incautó información contable de SQM Salar, filial donde se encontraban las facturas de Giorgio Martelli. Para varias fuentes del caso, en Martelli hay una llave fundamental para conocer el financiamiento de la política. Y, a pesar de su importancia, aún no hay una denuncia del SII para tirar de esa hebra.[/cita]
Desde el comienzo de este caso, los tiempos siempre han sido más pausados para el SII que para el Ministerio Público y en varias oportunidades los fiscales han debido golpear la mesa y dejar en claro que el retraso de las denuncias por parte del organismo dirigido por Jorratt también demoran la investigación de la Fiscalía y eventuales formalizaciones. Por eso, el Fiscal Nacional salió a dar señales esta semana dejando en claro que si hay alguna demora no se debe a ellos. “Es público y notorio que hace varios meses se derivaron antecedentes de delitos tributarios. Pero faltan una o dos decisiones por parte del Servicio de Impuestos Internos; pero lo que tenemos que hacer como Fiscalía es derivarle los antecedentes. Si el Servicio interpone querella o formula denuncia, ahí comenzamos la investigación formal por delito tributario”, dijo Chahuán.
No es todo lo que Chahuán dijo públicamente. Esa mañana del 15 de abril había estallado una bomba en La Moneda después que se conociera que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, también había entregado 4 boletas a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de Giorgio Martelli, que a su vez emitió facturas a SQM Salar, una de las filiales de la minera no metálica.
«En la carpeta investigativa no hay nada de un señor Martelli», dijo Chahuán, en una clara señal de que esa información no está en manos del Ministerio Público, a pesar de que el nombre del recaudador de Bachelet ha salido profusamente en la prensa y su nombre fue ventilado por primera vez por El Mostrador, ya que figuraba en una lista de la contabilidad interna de SQM que jamás llegó a las manos de la Fiscalía.
“Nadie sabe si esa información llegó objetivamente al SII o no fue entregada por SQM”, comenta una fuente ligada al caso, quien también señala que los vacíos que han debido reconstruir los fiscales son complejos. Tienen una hebra y el puente que une a una con otra información no siempre aparece en sus carpetas, sino que por la prensa.
Es por esto que, en la tarde del viernes, la Fiscalía incautó información contable de SQM Salar, filial donde se encontraban las facturas de Giorgio Martelli. Para varias fuentes del caso, en Martelli hay una llave fundamental para conocer el financiamiento de la política. Y, a pesar de su importancia, aún no hay una denuncia del SII para tirar de esa hebra.
