La instancia dispondrá de seis meses para llevar a cabo su cometido, el proceso deliberativo deberá considerar un sistema de consultas ciudadanas y «concluido su trabajo, presentará ante el país una alternativa de cambio constitucional, la que será sometida a un referéndum para efectos que el Pueblo la apruebe o la rechace».
El senador DC, Ignacio Walker, y el abogado constitucionalista del mismo partido, Patricio Zapata, plantearon la necesidad de establecer una nueva Constitución a través de una Convención Constituyente mixta, constituida por parlamentarios (15 senadores y 15 diputados, elegidos por cada una de las Cámaras) y la otra mitad (treinta representantes).
En una declaración pública que lleva como título «Por una Convención Constituyente para el Bicentenario», ambos dirigentes falangistas señalan que la demanda por una nueva Carta Magna es un reclamo «justo, necesario, y sensato», que «goza de una amplia base de apoyo. Tiene fundamentos históricos. Es una manera inteligente de responder a los problemas del presente. Parece indispensable a efectos de que Chile pueda encarar los desafíos del futuro con una democracia más sólida y con instituciones más legítimas».
Además, dejan en claro que su postura no responde a frustración ni revanchismo, ya que «estamos orgullosos de lo que hemos hecho como país en los últimos 25 años. No pensamos que Chile se encuentre al borde de algún abismo. Advertimos, por supuesto, la existencia de una grave crisis de confianza. Sabemos, sin embargo, que, como país, contamos con los recursos morales, políticos, institucionales, culturales e intelectuales que nos permitirán superar esta dificultad. Es con esa fe en Chile y su Pueblo que defendemos la idea de una Nueva Constitución».
«Sabemos que el cambio constitucional es un asunto que plantea interrogantes importantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es importante que esas dudas vayan siendo despejadas. Así, irán desvaneciéndose los fantasmas, y los monstruos imaginarios que algunos ven, o quieren hacer ver. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí queremos aportar con algunas ideas básicas», explican.
Walker y Zapata se declaran partidarios de un texto que encarne un «amplio Acuerdo Nacional (en estos meses se cumplen 30 años del Acuerdo Nacional hacia la Plena Democracia, compromiso que, de alguna manera importante, aún está pendiente)».
En ese sentido, exponen que la nueva Constitución «debiera asumir un compromiso con la dignidad de la persona humana y el carácter inviolable de sus derechos fundamentales. Postulamos un reconocimiento de la realidad pluriétnica y pluricultural de la Nación chilena. Defenderemos una profundización de la descentralización y la regionalización. Creemos que hay que avanzar hacia una relación más equilibrada entre ejecutivo y legislativo. Somos partidarios de mejorar el estatuto jurídico de los bienes públicos. Pensamos que Chile necesita un texto que garantice, efectivamente, el gobierno de las mayorías. Por lo mismo, creemos que deben eliminarse las leyes de quórum supramayoritario (y, consiguientemente, el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional sobre esas leyes)».
En cuanto al procedimiento a emplear, ambos dirigentes DC precisan que esta es la principal fuente de incertidumbre, por lo que «hacemos nuestro el marco de referencia del Programa de la Presidenta Bachelet: el procedimiento debe ser “democrático, participativo e institucional”. Nuestra propuesta consiste en articular la actuación de los órganos de representación republicana y la participación directa del Pueblo. No creemos que sea necesario, ni bueno, elegir entre una u otra vía. Una de las claves es que el esfuerzo sea muy amplio, con respeto a las minorías y sin saltarnos ni burlando las reglas vigentes. El respeto por el derecho, y el fair play, nos llevan a sostener que todo este proceso supone, de entrada, que se modifique el Capítulo XV de la Constitución, sobre reforma, por el quórum allí establecido, de dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio».
«En Febrero de 2018 se cumplirá el bicentenario de la declaración formal de la Independencia de nuestra Patria. Proponemos que para esa fecha (Marzo de 2018, para ser más precisos), nuestro Congreso Nacional proceda a elegir una Convención Constituyente que asuma la tarea histórica de discutir y proponer un nuevo texto constitucional para el Chile del bicentenario», afirman.
Y añaden que el fin del sistema binominal y su reemplazo por otro de representación proporcional «recupera la mejor tradición republicana», a lo que se agregan las nuevas reglas de lo que será el financiamiento de las campañas «»permitirán que el Congreso Nacional que se elegirá en Diciembre de 2017 cuente con la necesaria legitimidad que demanda acometer la ambiciosa tarea planteada».
«Constituidas en Congreso Pleno, en Marzo de 2018, ambas Cámaras elegirían una Convención Constituyente, la que contaría con una composición mixta: la mitad, constituida por parlamentarios (15 senadores y 15 diputados, elegidos por cada una de las Cámaras) y la otra mitad (treinta representantes), constituida por un cuerpo de ciudadanos elegidos por el Congreso Pleno. Un total de sesenta miembros», señalan.
La Convención Constituyente propuesta dispondrá de seis meses para llevar a cabo su cometido, el proceso deliberativo deberá considerar un sistema de consultas ciudadanas y «concluido su trabajo, presentará ante el país una alternativa de cambio constitucional, la que será sometida a un referéndum para efectos que el Pueblo la apruebe o la rechace».
«Así, nuestra Patria contaría con una nueva Constitución, la “Constitución del Bicentenario”; la más representativa y participativa de nuestra historia. La que Chile necesita y merece», concluyen.
