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Desde Ministerio Público se asegura que el persecutor “no puede estar en todo”

Platas políticas: Fiscalía acota accionar de Gajardo a causa Penta y lo saca del día a día de casos SQM y Corpesca

por 21 julio, 2015

Platas políticas: Fiscalía acota accionar de Gajardo a causa Penta y lo saca del día a día de casos SQM y Corpesca
En Fiscalía argumentaron que la decisión obedece a un tema práctico, ya que los tres casos están en diferentes niveles de avance. El fiscal Carlos Gajardo se dedicará preferentemente a la causa Penta, junto a Pablo Norambuena, y quedará fuera de las decisiones cotidianas que se tomen en SQM y Corpesca, los casos más nuevos y que pueden involucrar a figuras políticas de la Nueva Mayoría. La decisión permitirá sumar condenas a quienes estén involucrados en más de una causa.
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La causa que tiene contra las cuerdas al mundo político conocida como 'caso Penta-SQM-Corpesca' se separó. A cargo del timón seguirá el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, pero cada una de las aristas tendrá su propio Ruc. Desde Fiscalía aseguran que en la “práctica” será el mismo equipo, aunque reconocen que ha existido un proceso de “especialización” de los fiscales en cada una de las causas.

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena llevan la arista Penta, mientras que Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura la de SQM. En el caso de Corpesca –dicen– Chahuán está evaluando designar a un nuevo fiscal, pero no ha zanjado el tema. Hasta ahora, el persecutor se ha apoyado en la labor de José Antonio Villalobos, quien tomó el caso en un inicio.

Esta decisión obedece, según fuentes de la Fiscalía, a un tema práctico. Por una parte, la arista de Penta está mucho más avanzada que SQM y Corpesca, por lo que urge que se resuelva más rápido. “Gajardo no puede estar en todo, la idea es optimizar recursos de lo que queda por hacer”, explica una fuente cercana a Fiscalía.  En cambio, SQM-Corpesca se encuentran en una etapa inicial y aún se deben realizar varias diligencias.

La separación de causas es una facultad propia del Fiscal Nacional, la que venía evaluando hace tiempo. Ayer se lo comunicó al Octavo Juzgado de Garantía mediante oficio. Según comentan, su intención era anunciarlo durante la cuenta pública que dará hoy ante el Congreso, pero la separación se filtró antes.

Para la Fiscalía constituía un tema estratégico separar las causas una vez que el juzgado definiera un plazo para el término de la investigación, ya que así sabrían hasta cuándo podrían investigar. “Si separabas antes te exponías a que el juez no diera más plazo para investigar”, dice una fuente del organismo.

 Esta decisión obedece, según fuentes de la Fiscalía, a un tema práctico. Por una parte, la arista de Penta está mucho más avanzada que SQM y Corpesca, por lo que urge que se resuelva más rápido. “Gajardo no puede estar en todo, la idea es optimizar recursos de lo que queda por hacer”, explica una fuente cercana a Fiscalía.  En cambio, SQM-Corpesca se encuentran en una etapa inicial y aún se deben realizar varias diligencias.

Fuentes allegadas a la causa aseguran que con esta decisión se busca “ir cerrando” Penta y que tal cierre debiese concretarse en estos tres meses que quedan de investigación. El pasado 9 de julio, el Octavo Juzgado de Garantía decidió ampliar el plazo de investigación por 90 días más.

En términos prácticos, la medida sacará al fiscal Carlos Gajardo de las decisiones cotidianas de la investigación asociada a SQM y Corpesca, aristas que surgieron con posterioridad a Penta y que han salpicado a figuras políticas de la Nueva Mayoría.

En el caso de la minera controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou, se han revelado pagos a una gran cantidad de dirigentes del oficialismo. De hecho, por este caso cayó el ex ministro Rodrigo Peñailillo, luego que se supiera que, a través de la filial Salar, SQM financió al equipo de precampaña de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, hay gran cantidad de asesores de parlamentarios involucrados, y la Fiscalía recién se encuentra interrogando a cada uno de ellos.

En el caso de Corpesca, el principal involucrado ha sido el senador de la UDI, Jaime Orpis, quien figura recibiendo aportes por más de $200 millones durante la tramitación de la Ley de Pesca impulsada por el ex ministro gremialista Pablo Longueira.

Para el abogado querellante del PS, Enrique Aldunate, la medida solo obedece a la racionalidad aplicada por la Fiscalía. “Si todo esto se va a traducir en un juicio, es más aconsejable tener una causa bien precisada y en distintos niveles de imputación, que tener todo en una gran causa. Resulta mucho más razonable tener investigaciones bien separadas por temas de origen e imputaciones”.

La tensión que rodea a Gajardo

El protagonismo del fiscal Carlos Gajardo en la indagatoria no ha sido un tema menor, ni para su permanencia en el caso ni para las defensas de los imputados. A Gajardo se le achaca cierta “odiosidad” con el mundo del poder, se ha mencionado que es el “niño terrible” de la Fiscalía, y más de alguno ha deslizado que es un “incontrolable”. No han sido pocos sus enfrentamientos con el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala.

En febrero de este año, se produjo lo que fue denominado como un “golpe blanco” en la Fiscalía, cuando la Fiscal Nacional subrogante, Solange Huerta decidió separar las investigaciones, dejando la arista SQM al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, y el resto del caso en manos del propio Ayala.

Esta decisión reducía significativamente la incidencia de Gajardo, quien había levantado el caso cuando ejercía como fiscal de Ñuñoa. Esa jugada quedó en nada luego que se revelara el parentesco de Andrés Montes con el senador PS Carlos Montes, quien es su padre. La polémica pública gatilló que ambas causas fueran asumidas por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien definió seguir trabajando con Gajardo

En tal decisión habría influido la renuncia que el persecutor habría puesto sobre la mesa, luego que considerara que todo se trataba de una maniobra de Ayala para marginarlo del caso. De hecho, no pocos deslizaron el posible interés de Ayala por ponerle trabas a la indagatoria y así pavimentar su carrera a la Fiscalía Nacional, considerando que el periodo de Chahuán finaliza en pocos meses más.

El segundo round entre Gajardo y Ayala se produjo una vez que el Fiscal Regional decidiera sacarlo del caso Corpesca y derivar esa investigación al fiscal de Alta Complejidad Oriente, Marcelo Acuña, a raíz de una solicitud realizada por la defensa del senador Jaime Orpis, que reclamó por las supuestas “filtraciones” que el persecutor haría a los medios de prensa.

Tras el hecho, Gajardo se reunió con Chahuán, cita en la que le habría presentado su renuncia. En esos momentos también circulaba la versión de que los fiscales Pablo Norambuena y José Villalobos se sumarían al retiro si Gajardo era sacado del caso. Dos días después, Sabas Chahuán se hizo cargo de la causa Corpesca y mantuvo al equipo que también veía los casos Penta y SQM.

Pero la supuesta renuncia de Gajardo en el caso de Corpesca habría estado influenciada, además, por un descontento que el fiscal arrastraba desde antes, cuando fuera marginado, junto a otros persecutores, de los interrogatorios a Giorgio Martelli, el recaudador de la Nueva Mayoría. A tal punto habría llegado el cerco a Gajardo, que en el segundo interrogatorio los fiscales no sabían dónde estaba declarando Martelli.

Se complica la pista de Novoa

La decisión de la Fiscalía no solo tiene consecuencias para la participación de Carlos Gajardo en la indagatoria. Fuentes consultadas por El Mostrador revelan que, al separarse las aristas investigadas, podrían crecer las penas para aquellos personajes involucrados en actos irregulares con más de una empresa. Ese sería el caso del “coronel” de la UDI, Jovino Novoa, quien es investigado por triangular dineros para campañas provenientes de Penta y SQM. En la misma situación estaría el ex subsecretario del Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner.

Según uno de los abogados querellantes, Pedro Orthusteguy de la Fundación Ciudadano Inteligente, esto ocurriría porque “en el caso de los imputados que tengan dos causas por separado, podrían verse perjudicados por la decisión de la Fiscalía Nacional, porque se aplicarían dos penas en dos Ruc diferentes”.

Según la explicación del jurista, esto implicaría que las condenas se sumarían –en el caso de existir condenas para los imputados–, lo que es un cambio con lo que podría ocurrir si las indagatorias continuaran agrupadas bajo una misma causa, como era hasta ayer.

Cuando las causas están juntas, al momento de la condena debiese aplicarse la que tenga mayor gravedad, pero al estar las causas separadas, estas pueden sumarse y así afectar los intereses de estos imputados. Eso sí, otros abogados consultados matizaron esta versión y aseguraron que todo dependerá del criterio que aplique la Fiscalía para determinar los delitos cometidos.

Al revés de lo que ocurre con quienes tienen “doble militancia” en las investigaciones del Ministerio Público, Orthusteguy plantea que la medida beneficia a quienes solo están imputados en el caso Penta, ya que “implica que sus plazos de investigación no se alarguen por la arista SQM”.

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