Tras reunión con los senadores Ignacio Walker y Andrés Zaldívar
La titular de Educación señaló que «independientemente del mecanismo, son 240 mil alumnos y familias que se van a ver favorecidos con contar con una gratuidad total», frase que causó preocupación entre distintos actores del ámbito educacional. Desde la Confech indicaron que «no es una opción cubrir con becas el camino hacia la gratuidad», por otra parte Ennio Vivaldi agregó que «habría que esperar ver qué entiende la ministra por una opción», pero que el proyecto debe apuntar hacia la antítesis de la lógica de las becas.
La discusión sobre la gratuidad universitaria ha dado un nuevo giro. Luego de que la ministra Adriana Delpiano confirmara que para el año 2016 el proyecto se implementará vía Ley de Presupuesto y que, además, aplazará para diciembre el ingreso del proyecto de Reforma Universitaria al Congreso, la discusión se centró en quiénes deberían ser beneficiados por la gratuidad el próximo año. Ahora se abrió una nueva arista: en qué forma se entregarán los beneficios a los estudiantes.
Este martes, la Democracia Cristiana entregó al Mineduc una propuesta para la implementación de la gratuidad universitaria, para lo cual se reunió la ministra Delpiano con los senadores Andrés Zaldívar e Ignacio Walker, además del ex ministro de Educación de Eduardo Frei, José Pablo Arellano.
La propuesta apunta a financiar directamente a los estudiantes, por medio de becas y no iniciar la gratuidad universitaria con el cambio de paradigma que han planteado distintos actores de la educación.
La ministra Delpiano señaló que «es una opción y así la hemos visto, la estamos estudiando y la verdad que lo que nos parece más importante es que, independientemente del mecanismo, son 240 mil alumnos y familias que se van a ver favorecidos con contar con una gratuidad total».
La titular de Educación agregó que «el mecanismo exacto es un tema que estamos estudiando junto con el Ministerio de Hacienda», pero aseguró que lo más importante es «garantizar que más familias lleguen a la gratuidad este año y la Ley de Educación Superior completa con todos los elementos (…) y el compromiso del Gobierno es incorporarla antes del 31 de diciembre».
La propuesta base entregada por el Mineduc no es clara en cuanto a cómo se entregará la gratuidad, pero la misma Presidenta Michelle Bachelet, en el discurso de 21 de mayo, aseguró que habría un financiamiento bajo otras lógicas, otro mecanismo.
En la descripción de financiamiento establece que las Instituciones de Educación Superior «deberán estar constituidas como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no contar con sociedades comerciales entre los integrantes de esta corporación, y ser propietaria de un porcentaje de los bienes inmuebles de la institución». Además de asegurar equidad y diversidad en el acceso y permanencia de los estudiantes, e incorporar un compromiso de participación democrática dentro de cada plantel, incluyendo al menos dos estamentos con voz y voto.
Es por eso que las palabras de la ministra Delpiano han vuelto a sembrar las dudas sobre un proyecto que ha sido criticado constantemente por la falta de certezas.
Desde la Confech no ven con buenos ojos la propuesta de la Democracia Cristiana, temen que si se aplica la gratuidad por medio de becas, a través de la Ley de Presupuesto, esto marque un precedente para la reforma que se discutirá el próximo año.
Según la vocera Confech, Marta Matamala, presidenta de la Feusach, la propuesta revive el sistema del voucher y del financiamiento a la demanda, el que ha sido rechazado por el Movimiento Estudiantil. «No es una opción cubrir con becas el camino hacia la gratuidad, porque sigue generando el subsidio a la demanda, no a la oferta y se entrega por méritos que no se relacionan con la calidad educativa. El fin entonces no justifica el medio, porque la gratuidad no puede ser hoy una forma más de engordar el bolsillo de los empresarios de la educación», dijo la dirigenta.
El hecho de que la propuesta apunte solo al financiamiento del año 2016, para Matamala tampoco es un buen indicio. «Recurrir a esto puede generar precedentes en mecanismos que no nos gustan y no aseguran derechos», sentenció.
Una postura distinta manifiesta el rector de la Universidad San Sebastián y vocero de la Corporación de Universidades Privadas, Hugo Lavados. El rector asegura que «desde el punto de vista de los estudiantes y sus familias, la gratuidad significa no pagar, y eso se logra con un fondo de becas para la gratuidad, que cubra los aranceles de universidades y que permita que los estudiantes no paguen».
Pero, al mismo tiempo, Lavados advierte que «si las instituciones que se incorporan al sistema de becas son las mismas que ya se han señalado, se sigue manteniendo un sistema discriminador e injusto respecto a los estudiantes de las universidades privadas. Por esta razón, esperamos que predomine la equidad entre jóvenes de iguales características».
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi y presidente de la Corporación de Universidades Estatales de Chile, indicó que «no nos parece que se altere la forma en la que se ha planteado la reforma», pero que «habría que esperar ver qué entiende la ministra por una ‘opción’, no tiene sentido que uno se precipite a emitir juicios, cuando no ha habido ninguna propuesta formal».
Más allá de los dichos de la ministra Delpiano, el rector Vivaldi hizo hincapié en que el objetivo de la reforma no puede ser entregar becas y debe ser la «antítesis misma del voucher, el subsidio a la demanda y otras cosas que en ninguna parte del mundo se utiliza». Y añadió: «Desde nuestro punto de vista, de una vez por todas hay que volver a pensar en universidades como instituciones, que cumplen tareas de formación, de investigación de postgrado y pregrado», al tiempo que señaló que hay que avanzar hacia el fortalecimiento de la educación de las instituciones que pertenecen al Estado.
Para algunos actores es preocupante la relevancia y el peso que tienen las propuestas nacidas desde la DC en materia educacional. Cabe recordar que la ampliación de la gratuidad a universidades privadas no miembros del CRUCH fue la principal exigencia de Ignacio Walker, lo que finalmente fue otorgado por el Mineduc.
A pesar de que el rector Vivaldi aseguró que este tipo de declaraciones no le hacían bien a la discusión sobre la reforma, ya que los temas de fondo pasaban a quedar a un lado, indicó que «entiendo que el Gobierno no ha hecho una propuesta en el sentido formal, en el fondo también puede ser una forma en que la ministra puede encauzar una parte interesada».
La vocera Confech, Marta Matamala, fue más directa y aseguró que «el rol de la DC dentro de la reforma ha sido la de ‘derechizar’ la política que ha implementado la Nueva Mayoría, reviviendo la política de los consensos. Es cosa de recordar cómo operaron para los proyectos de ley aprobados el verano anterior sobre libertad de enseñanza y lucro y copago».
Según la dirigenta, «la incidencia de la DC ha sido la de defender los intereses de privados (…). Esperamos que no sea su visión la que se imponga, porque son los actores del mundo social los que validan el que esta reforma dé o no respuesta a los problemas que se han venido denunciando en las calles», concluyó.
