Diferencias de hasta un 150% en medicamentos entre Chile y Argentina motivaron al alcalde de la comuna del norte de Santiago a poner las cifras contra la pared y encontrar una salida a un mercado que sigue siendo controlado en un 90% por tres grandes cadenas farmacéuticas. La iniciativa refriega una realidad a la que hemos estado sometidos por décadas. Esto, a pesar de que el alto costo de los medicamentos no solo prohíbe la igualdad de acceso sino también empobrece a los mismos de siempre.
Hace dos años que Héctor Quintanilla convive con ovnis y apariciones extrañas en su casa de La Florida. Las alucinaciones son parte de lo que su mamá, de 84 años, sufre cuando no tiene los medicamentos a mano para enfrentar el Alzheimer que padece hace dos años, pero que hace uno tiene a la familia con el corazón en los huesos.
“Cuando está con las pastillas, en la casa no hay ovnis –dice Héctor–. Una persona con Alzheimer y sin fármacos es súper violenta porque está a la defensiva, se asusta. Y eso nos afecta a todos”.
Aún así, hay meses en que Héctor no ha podido comprar los medicamentos que su mamá necesita. Es ingeniero comercial, diplomado en Planificación Estratégica, pero está cesante. Un ejemplo: hasta hace un tiempo Héctor pagaba cerca de 90 mil pesos mensuales por el Daflón, un medicamento que palia los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica. Eso, más los 35 mil del Vivimex, un neuroprotector indispensable para sobrellevar el Alzheimer.
Y esto es lo que Héctor tiene que pagar mensualmente sólo por dos productos para que su mamá, a pesar de la lejanía en que la tiene el Alzheimer, vida dignamente.
Hace dos años, Camilo Cid –asesor principal en economía de la salud OPS/OMS en Washington DC y ex secretario ejecutivo de la comisión asesora presidencial de salud– resumió en una presentación el empobrecimiento al que pueden llegar las personas por el ítem salud: “El gasto de bolsillo en medicamentos es emprobrecedor en un porcentaje relevante de la población (entre 10% y 20%) pertenecientes a los tres primeros deciles”.
Como siempre, los chilenos con bajos recursos son los más golpeados.
La iniciativa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de crear una farmacia popular, puso contra la pared las violentas cifras del mercado de la salud. El negocio sigue siendo controlado por las grandes cadenas farmacéuticas: Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumadas, que se llevan un 90% de la torta. Estas fueron acusadas de subir el precio de 222 medicamentos a fines de 2008. Sin embargo, la mayor parte de ese mismo listado –según informaciones de prensa– es incluso más caro que hace siete años.
De acuerdo al informe de la OCDE «Panorama de la Salud 2013», el gasto de bolsillo en salud en Chile representa un 4,6% del consumo final del hogar y es el más alto de la OCDE junto a México y Corea. Además representa sobre un 30% del gasto total en salud. Para un hogar que tiene un nivel de gastos totales de $700.000, lo anterior es equivalente a casi $33.000 mensuales.
Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, dice que “el gasto de bolsillo en salud, tiene un peso mayor en los grupos más vulnerables, quienes tradicionalmente recurren al automedicamento que no tiene cobertura o bien a medicinas sujetas a planes con seguros complementarios de baja monta. En cambio, los segmentos más ricos de la población tienen planes complementarios con buena cobertura en medicamentos y logran importantes descuentos en las grandes farmacias”. Así, el gasto de bolsillo en salud, es proporcionalmente mucho mayor en las personas de más bajos recursos.
[cita]Hace pocos meses, Héctor Quintanilla encontró una solución para comprar los medicamentos para su mamá: se los traen de Argentina. Los mismos cuestan hasta un 50% menos. Y eso se puede comprobar con una simple llamada telefónica. Si el Daflón de 60 comprimidos cuesta en las grandes cadenas farmacéuticas chilenas, en promedio, 52 mil pesos, en Farmacias del Centro, en Mendoza, cuesta 373 pesos argentinos, es decir, $26.000 chilenos.[/cita]
“Considerando que, según la última encuesta de ingresos del INE, el 50% de los trabajadores percibe menos de $305.000 líquidos, los elevados costos de la salud refuerzan los esquemas de desposesión incluido el endeudamiento, también fuerte en productos de farmacia”, dice Durán.
El presidente de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, suma datos: “El gasto en medicamentos resulta regresivo, considerando que el porcentaje de participación del gasto de bolsillo en medicamentos en el gasto de bolsillo total es alto (55%) y es mayor en los quintiles de menores ingresos, a la inversa de lo que ocurre con el gasto de bolsillo total. Esto quiere decir, en pocas palabras, que tenemos un grave problema de acceso creado por un mercado escasamente regulado y con baja presencia pública”.
Hace pocos meses, Héctor Quintanilla encontró una solución para comprar los medicamentos para su mamá: se los traen de Argentina. Los mismos cuestan hasta un 50% menos. Y eso se puede comprobar con una simple llamada telefónica. Si el Daflón de 60 comprimidos cuesta en las grandes cadenas farmacéuticas chilenas, en promedio, 52 mil pesos, en Farmacias del Centro, en Mendoza, cuesta 373 pesos argentinos, es decir, $26.000 chilenos.
Es esta misma diferencia la que encendió las alarmas en Recoleta. El gerente de la farmacia popular de esa comuna, Marco Fernández, explica que empezaron a desarrollar este proyecto hace un año y medio, al darse cuenta de la brutal realidad de los altos precios. “Detectamos que comprando directamente en el laboratorio o trayendo medicamentos de Mendoza, casi podíamos encontrar disminución de precios entre un 30% a 150%. Fuimos a investigar el mercado de Mendoza y volvimos con la convicción de que este tema había que resolverlo”. Y las causas de la diferencia de precio, según Fernández, son muchas: “Banda de precio, colusión o prácticas ilegales, especulación, la canela y el lucro desmedido de estas cadenas”.
A pesar de esto, José Plubins, presidente del Laboratorio Bagó Chile y la Región Andina, señala que no es cierta tal diferencia de precios: “Puede ser que esas cifras resulten tomando precios de productos en forma independiente, pero Chile es el segundo precio más bajo de Latinoamérica”, dice, y asegura que esas cifras no salen de sus apuntes sino que de los estudios de mercado que ha hecho la consultora IMS Health.
Para Camilo Cid estas diferencias existen y no hay ninguna razón para que sean tan brutales. “No hay una explicación salvo que la regulación Argentina es más fuerte sin alcanzar la regulación de precios”, asegura. ¿Debiera existir una regulación de precios en el mercado farmacéutico? “El fondo Ricarte Soto ayudará. También ayudará si se incluyen medicamentos de alto costo en el fondo mancomunado en la nueva Ley de Isapres… ya ayudan mucho los programas de crónicos y en general los medicamentos gratuitos en el sistema público de salud, lo cual hay que seguir reforzando para que siempre estén disponibles. Con todo, yo creo que debiera haber regulación de precios al igual que en muchos países desarrollados”.
Para Marco Fernández la diferencia de precios también es real y en la Municipalidad de Recoleta se podía palpar día a día. “Por ejemplo, en Chile el Parlodel, que se usa para tumores cerebrales, cuesta como 40 mil pesos y en el mesón de cualquier farmacia en Mendoza cuesta 7 mil”, comenta Marco. Y esto también tiene impacto en las arcas de los municipios más pobres. “No gastamos solo en medicina preventiva sino que en medicamentos bajo subvención. Estábamos gastando el 70% de la ayuda social en medicamentos. Eso es aproximadamente entre 7 y 9 millones de pesos mensuales”.
Es por el impacto en los recursos que muchos municipios estudian replicar el modelo de Recoleta y 120 alcaldes ya se han acercado a Jadue para preguntarle el camino. También, la bancada PC-IC pedirá sesión especial en la Cámara para discutir el alto precio de los medicamentos, pese a que las críticas de quienes consideran que la iniciativa es inconstitucional, han llovido. El ex ministro de Salud Jaime Mañalich señaló que »de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los municipios no tienen autorización para vender nada», a pesar de que en la Farmacia Popular Ricardo Silva Soto los medicamentos no se venden sino que se entregan con subsidio a los vecinos.
El economista Gonzalo Durán incluso no ve problemas en este punto. Explica que una alternativa es que las farmacias formen parte de un subsistema regulado (superintendencias), tal como sucede con los monopolios, o incluso con los bancos e instituciones financieras. En las farmacias, dos operadores (Cruz Verde y Farmacias Ahumada) poseen el 70% de participación de mercado y 3 casi el 90%. “Entonces, la probabilidad de colusión –como ya ha pasado– es muy alta.
Otra forma de regular los oligopolios es incluir a un actor cuya propiedad sea estatal. “Sin embargo, ello colisiona con la concepción neoliberal del Estado que rige en Chile a través del rol subsidiario consagrado en la Constitución del 1980”, explica Durán. Esta idea apunta a que el Estado solo puede intervenir el mercado en aquellos casos donde los privados no pueden hacerlo.
La forma «constitucional» para que el Estado pudiera participar en la provisión de medicamentos es mediante una aprobación parlamentaria con Ley de Quórum Calificado, agrega Durán. “De todos modos, también en las garantías constitucionales se señala el derecho a la protección de la salud. Es un tema legal que está arropado por la Constitución de la dictadura. Con todo, la opción de las farmacias cerradas como la de Recoleta emerge como una alternativa legítima, eficaz y que logra subvertir la estrechez de la Constitución”.