«Una cosa es que una parte interesada asista a una comisión del Congreso y haga pública una propuesta para un proyecto de ley. Otra muy distinta es que mande privadamente una redacción que termina convertida en ley. Lo primero no es preocupante. Lo segundo, sí», sostuvo el ex precandidato presidencial.
El ex ministro de Hacienda y precandidato presidencial, Andrés Velasco, salió al paso de las declaraciones del ex Presidente Sebastián Piñera.
Ayer, el ex mandatario en conferencia de prensa se refirió a los correos que envió que el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, al senador UDI Pablo Longueira.
Al respecto, Piñera sostuvo: «Cuando se tramitan las leyes, el gobierno recibe sugerencias de múltiples sectores».
«En lo de las ‘sugerencias’, mezcla peras y manzanas. Una cosa es que una parte interesada asista a una comisión del Congreso y haga pública una propuesta para un proyecto de ley. Otra muy distinta es que mande privadamente una redacción que termina convertida en ley. Lo primero no es preocupante. Lo segundo, sí», sostuvo a La Segunda.
Consultado por la postura del ex ministro José Miguel Insulza que apunta a que «hay que dejar que los tribunales decidan y no escandalizarse», Velasco declaró que «Carlos Peña respondió que emitir una opinión o juicio crítico sobre el comportamiento público de alguien «no infringe… el principio de presunción de inocencia».
«En EE.UU., Hillary Clinton es investigada por utilizar un servidor en su casa para guardar correos reservados cuando era Secretaria de Estado. No hay todavía un pronunciamiento de los tribunales sobre la legalidad de eso, y nadie puede presumir saber qué decidirán los tribunales. Pero mantener la presunción de inocencia no impide que se discuta si Clinton actuó con prudencia y buen juicio. En Chile, más allá de lo que resuelvan los tribunales, tenemos un problema global de la política: al parecer hay empresas legislando y políticos haciéndoles caso. Y no tenemos certeza de que lo que resuelven es lo mejor para Chile. Este no es un problema sólo de Longueira o de casos similares. Es un problema de Chile y sus leyes. El riesgo es que pasemos de hablar de cómo se financian las campañas a cómo se compran las leyes. Y eso afecta nuestra democracia», concluyó.
