Opinión
El CCO, de una forma inesperada, plantea no mencionar los derechos de los ejes principales de discusión de los encuentros. De ratificarse esto, sería un grave precedente para las deliberaciones que se desarrollarán este año, toda vez que se obviaría uno de los aspectos sustantivos en cualquier definición constitucional.
Recapitulemos. En octubre pasado la Presidenta Bachelet anunció el itinerario del proceso constituyente, incluyendo una primera etapa de diálogos ciudadanos sobre la nueva Constitución que culminará con un documento titulado Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución. En diciembre se dio a conocer el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) que velará por la imparcialidad del proceso.
A fines de enero, el Ejecutivo dio a conocer una guía metodológica para estos diálogos ciudadanos sobre la Constitución, anunciando que se desarrollarían entre abril y julio. La semana pasada, el CCO emitió un acuerdo planteando recomendaciones sobre la propuesta metodológica del Gobierno. Aunque gran parte de la prensa se centró en la sugerencia de evitar el proselitismo de funcionarios públicos, existen otros puntos centrales que merecen mayor atención.
Respecto de lo que se discutirá en los encuentros y cabildos ciudadanos, la propuesta gubernamental sugería organizar la discusión en torno a tres ejes: Valores; Deberes y Derechos; y las Instituciones del Estado. En cada eje, la ciudadanía tendría que responder sobre la importancia asignada a un listado predefinido de valores, deberes, derechos e instituciones. La propuesta del CCO es la siguiente: “nos ha parecido conveniente sustituir la expresión ‘ejes para la deliberación’ por ‘temas para la discusión’. Sugerimos hablar de ‘valores y principios’, ‘deberes y responsabilidades’ e ‘instituciones del Estado’” (p. 3).
De este modo, el CCO, de una forma inesperada, plantea no mencionar los derechos de los ejes principales de discusión de los encuentros. De ratificarse esto, sería un grave precedente para las deliberaciones que se desarrollarán este año, toda vez que se obviaría uno de los aspectos sustantivos en cualquier definición Constitucional.
[cita tipo=»destaque»]El CCO resolvió no considerar como un cuarto eje otro de los asuntos centrales de este proceso: el mecanismo para cambiar la Constitución. En otras palabras, la única opción para debatir el mecanismo (si es el Congreso o una Asamblea Constituyente o una comisión Mixta) solo podría darse si alguien concurre a los encuentros y plantea esta discusión.[/cita]
A su vez, el CCO resolvió no considerar como un cuarto eje otro de los asuntos centrales de este proceso: el mecanismo para cambiar la Constitución. En otras palabras, la única opción para debatir el mecanismo (si es el Congreso o una Asamblea Constituyente o una comisión Mixta) solo podría darse si alguien concurre a los encuentros y plantea esta discusión. Como el propio CCO lo señala en su fundamentación, el establecimiento de un temario o ejes de discusión constituyen herramientas para dirigir la conversación hacia un determinado resultado. De hecho, también señala el CCO que será responsabilidad de los facilitadores asegurar que los tres ejes de discusión sean tratados con tiempo suficiente. Entonces, como el debate sobre el mecanismo para reemplazar la Constitución no se establece en el temario en forma explícita, su discusión quedará al arbitrio de ciudadanos que planteen la cuestión o de facilitadores que lo señalen al introducir la discusión con algunas preguntas.
La tercera cuestión que todavía no se resuelve es la forma en que se sistematizarán los acuerdos/desacuerdos. La propuesta original del Gobierno planteaba que solo los acuerdos quedarían plasmados en el documento, y que los desacuerdos se registrarían en los anexos. Ahora el CCO sostiene que debiesen consignarse los acuerdos y desacuerdos en el documento final y que existirían acuerdos unánimes, acuerdos parciales y desacuerdos totales.
Sin embargo, no se establece una norma para delimitar qué entenderemos por acuerdo parcial o desacuerdo total. ¿Se aplicará la norma de mayoría simple? ¿Es prudente dejar consignados los desacuerdos en un mismo nivel que los acuerdos cuando se trate de diferencias muy minoritarias? Entonces, además de requerir explicitar qué regulación se aplicará (lo razonable sería mayoría simple), también se requiere explicitar la forma en que se consignarán las diferencias (sugerimos la misma metodología que hoy aplica el CCO –notas finales para dar cuenta de los desacuerdos parciales, explicitando la fundamentación para votos de minoría, de darse–).
Asimismo, el CCO manifiesta preocupación por garantizar transparencia, inclusividad, participación y ausencia de sesgo político en el proceso, la que se vería amenazada si la redacción de las Bases Ciudadanas queda entregada al Gobierno o a una comisión de expertos escogida por este (p. 9). Nos parece que la preocupación por garantizar estas condiciones debiera radicar, preferentemente, en la metodología que se utilizará para levantar, registrar y procesar los aportes emanados de los cabildos, respecto de lo cual aún no existe claridad. Dicha garantía no pasa por trasladar la responsabilidad de una institución a otra, sino por definir metodologías y mecanismos de participación inclusivos y democráticos.
Son estas discusiones procedimentales las que impactarán notablemente en la calidad de las discusiones de los encuentros ciudadanos. Mientras mayor es la transparencia y claridad de las reglas del juego, menores serán las dificultades para propiciar un debate de buena fe, sincero y propositivo. Creemos que no podemos desaprovechar la oportunidad de abrir la discusión constitucional a la ciudadanía, pero esta apertura debe ser con reglas claras e inclusivas.
