Los diputados de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana aprobaron el proyecto en su tercer trámite constitucional, pero rechazando el artículo 64, el que radica exclusivamente la acción penal en la Fiscalía Nacional Económica. A juicio de los parlamentarios, dicha disposición -que pasó a Comisión Mixta- abre una puerta para la impunidad a los delitos de cuello y corbata.
La sala de la Cámara de Diputados votó este martes 14 de junio el proyecto que modifica la ley que fija normas para la defensa de la libre competencia con el objeto de aumentar las sanciones por colusión de las empresas, entre otros puntos.
En ese contexto, el diputado Daniel Núñez, miembro de la Comisión de Economía y de la Comisión Investigadora de la colusión en el mercado del papel tissue, sostuvo que este es un proyecto muy importante para el país, pues “está en la preocupación cotidiana de los chilenos, porque permanentemente estos casos de colusión afectan el bolsillo de las familias más modestas. Nos parece valioso que el Gobierno de la Presidenta Bachelet se la haya jugado por atacar la colusión y desarrollado este proyecto de ley, que tiene aspectos muy positivos”.
En ese sentido, el proyecto reconoce el delito de colusión y repone la pena de cárcel, además de agilizar los juicios indemnizatorios y aumentar las multas.
Sin embargo, los diputados y diputadas rechazaron el artículo 64 -que pasará a Comisión Mixta-, punto modificado en su discusión en el Senado.
Para el diputado Daniel Núñez, “se establece una norma que no nos parece positiva, que entrega a la Fiscalía Nacional Económica la exclusividad penal en los casos de colusión. Nosotros rechazamos el artículo 64 por dos motivos muy claros: hay un riesgo de que el día de mañana el fiscal económico sea cooptado por poderes políticos y económicos, lo que puede generar una inhibición en su acción penal. El segundo tema es incluso más importante, porque hay un principio de igualdad ante la ley. Si hoy estamos castigando severamente a quien comete un robo, a quien comete un delito, a propósito de la recién aprobada agenda corta, no podemos impedir que el Ministerio público actúe en delitos que son tanto o más graves. Los delitos de cuello y corbata son tan graves como un robo o como portonazo. No queremos que haya ninguna norma que favorezca la impunidad, que permita un trato discrecional y beneficiosos, un privilegio a los poderosos”.
Por su parte la diputada Camila Vallejo, subjefa de la bancada PC-IC, destacó que se penalice con cárcel los delitos de cuello y corbata, felicitando la decisión política del Gobierno y señalando que “yo quiero felicitar la decisión y la valentía que ha tenido la Presidenta Bachelet, al poder introducir este proyecto a la discusión y revertir el error que se cometió durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se eliminó esta pena”.
La parlamentaria agregó que “hay un problema más estructural que tiene que ver con la privatización extrema y, por lo tanto, con la concentración de los mercados, y a lo que hemos llamado es que el Gobierno y las políticas públicas que vengan a futuro fortalezcan e incentiven la diversificación de la matriz productiva, la diversificación de los mercados y, por lo tanto, se repiense el modelo económico, porque simplemente con cárcel no vamos a terminar con la concentración económica, que es la que favorece los delitos de colusión y también favorece el incremento de la desigualdad en nuestro país”, concluyó la diputada por La Florida.
