Sostiene que omisión sobre el rol de instituciones es una “miopía y una falta de visión importante”
“Esto va a afectar a universidades con más de 100 años de historia, a instituciones que han recibido aportes basales en muy diferentes gobiernos, con leyes firmadas con presidentes de Chile de muy diversos partidos políticos. Esto es claramente inaceptable”, sostiene el académico, Ignacio Sánchez.
El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, cuestionó la reforma a la educación superior que impulsa el gobierno, ya que desconoce el valor de instituciones que han hecho un aporte público a lo largo de la historia del país, afirmando de paso que el proyecto como está “significa el fin del Consejo de Rectores”.
En entrevista con La Tercera, Sánchez explica la molestia que existe entre los rectores de las universidades no estatales del Consejo de Rectores (Cruch), agrupadas en el G9, afirmando que la omisión que se hace de las instituciones privadas de rol público es “una miopía y falta de visión”.
“Cuando un proyecto como el que hemos conocido plantea una sobrerregulación del sistema y sus instituciones, la fijación de cupos en la matrícula y los aranceles universitarios sin considerar algo que es clave, que es la pertinencia y necesidad país de los programas, la calidad de las universidades que lo imparten y su propuesta educativa, estamos frente a un proyecto que significa un riesgo mayor a la autonomía universitaria. Esto afecta a las universidades estatales, a las de función pública y a las privadas”, precisa.
Y agrega que cuando se decide suspender el aporte basal a las instituciones de función pública, afecta la autonomía universitaria y “esto va a afectar a universidades con más de 100 años de historia, a instituciones que han recibido aportes basales en muy diferentes gobiernos, con leyes firmadas con presidentes de Chile de muy diversos partidos políticos. Esto es claramente inaceptable”.
Sánchez estima que es necesario que el Estado regule el sistema que ha estado, a su juicio, desordenado, sin límites ni controles, pero “no podemos desarrollar un sistema que se base en un exceso de controles, ni menos se puede permitir que parte de esos controles dependan directamente del desarrollo académico de cada universidad. Las instituciones que han demostrado tradición y madurez a lo largo de la historia de Chile no pueden estar sometidas al mismo control burocrático que el que se imponga a los proyectos más jóvenes o los que han estado siendo investigados por infringir la legalidad vigente”.
En cuanto al trato que recibe el G9, el rector afirma que “Lo que hemos visto es una medida discriminatoria y que no reconoce la historia del país (…), pero en este proyecto esto no se ha querido entender, probablemente por una razón ideológica, que no es compatible con la realidad internacional y en especial con la conformación de un sistema de educación superior moderno y de futuro”.
“No es posible aceptar la omisión que se ha producido sobre el rol y aporte de nuestras instituciones, es una miopía y falta de visión muy importante, lo que significa segregación y discriminación de instituciones de carácter público, al servicio del país y de sus habitantes. Me parece inaceptable y de la mayor gravedad el trato que les da el proyecto a las universidades públicas, no estatales que integran el Consejo de Rectores. Este proyecto vulnera y desconoce la función pública de estas instituciones, lo que no podemos aceptar. Más grave aún, no nos parece razonable que en un momento en que se debe apoyar a las universidades regionales, este proyecto las afecte de esta manera, sólo porque su propiedad no le pertenezca al Estado”, menciona.
En ese sentido, sostiene que el proyecto “significa el fin del Consejo de Rectores, una institución creada hace más de 60 años por ley para colaborar y asesorar al Ministerio de Educación en el desarrollo de políticas públicas de educación superior”.
“No podemos entender la razón de este grave error político y de visión que ha tenido el gobierno al plantear este problema a través de un esquema de financiamiento de este tipo. Por supuesto que tenemos que defender con mucha fuerza y convicción nuestros principios, por lo que nuestros esfuerzos a partir de ahora estarán enfocados en dar a conocer este riesgo y esta situación en el Parlamento. Esperamos que los diputados y senadores, en especial los que representan a las regiones que están afectadas por esta medida, tengan comprensión de la gravedad de este hecho. Hemos insistido en un concepto que es clave: este daño no es sólo a las instituciones, es a las regiones, a sus habitantes y al país entero”, arguyó.
Asimismo, consideró como grave que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, abra la opción para que las universidades Austral, Concepción y Federico Santa María se transformen en estatales, ya que esto provoca una nueva división en el interior del Cruch y del G9.
