Claves y datos de una sociedad donde crece el populismo penal
Alan tiene varias fracturas en el rostro. Fue torturado por 12 horas. Golpeado. Amarrado a una silla. Fue asfixiado con una bolsa de género y una almohada. Hasta ahora la investigación dice que los responsables serían el padre y la madre de una niña que pensaron que el menor había abusado de ella. Una cadena de ira, violencia y enajenación que recuerda prácticas oscuras de venganza. Y, aunque es la más macabra, no es la primera. ¿Qué pasa en una sociedad donde la tortura y tomar justicia por las propias manos se instala como una posibilidad?
Alan o “el Calendario” –como era conocido en la población San Eugenio de Pedro de Valdivia, por vender calendarios en las micros y en el Portal Temuco– tenía 13 años y está muerto.
Poco antes de dejar de respirar, fue acusado de abusar sexualmente de una niña de cinco años. Sin embargo, las pericias posteriores demostraron que no hay marcas de abuso en la pequeña. Sus padres y un hermano de la niña, en un intento por cobrar justicia por sus propias manos –según indican hasta ahora los hechos– lo asesinaron.
Hora después de que el crimen fuera público, el fiscal adjunto de Temuco, Roberto Garrido, dijo a la prensa que no se trató de una situación de legítima defensa: “Hay una reacción desmedida. Los padres no tienen seguridad de lo que le ha ocurrido a la hija, no recurren a Carabineros ni a un recinto asistencial. Ellos van desencadenando una serie de sucesos que no tienen ninguna base comprobable y que está en su imaginación”.
A pesar de eso, y como relató el martes pasado el fiscal Garrido en el Juzgado de Garantía de Temuco –en un testimonio que recogió la prensa– las últimas horas de Alan fueron inhumanas.
Los imputados Pablo Antonio Morales Correa y Abraham Bravo Palma, encontraron al adolescente y lo llevaron hasta la casa en que ocurrieron los hechos. Ahí, cerca de las siete de la tarde, lo maniataron de pies y manos, y empezaron la golpiza. Ya en la madrugada del día siguiente, Johana Stefany Mora Vilugrón, con un elemento cortopunzante, hizo varios cortes en la cara del niño.
Cerca de las cinco de la mañana, con una bolsa de género y una almohada, Johana y Pablo Morales asfixiaron a Alan hasta la muerte.
Aunque el caso está en plena investigación, los hechos macabros muestran que, si bien la decisión de algunos ciudadanos de hacer justicia con las propias manos no es una tendencia, sí es una luz de alerta.
La Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2015, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), mostró un dato inquietante. Ante la pregunta “Está de acuerdo con que las personas castiguen a presuntos delincuentes (desnudando, golpeando o insultando) como sucede con las detenciones ciudadanas”, el 43,5% dijo estar de acuerdo. El desacuerdo es significativamente superior a la media en los siguientes grupos: personas con Educación Básica (61,1%) y universitaria (63,8%), habitantes de las regiones de Atacama (65,7%) y Aysén (65,5%), evangélicos (65,1%) y personas que se identifican con la izquierda (64,0%).
Quienes están de acuerdo con las “detenciones ciudadanas” representan un porcentaje muy superior a la media en Antofagasta (50,2%), Coquimbo (55,6%) y Los Ríos (52,8), así como entre personas con Educación Media (47,4%) y técnica superior (49,8%), de religión católica (47,0%) y otras religiones (no católica ni evangélica), con un 54,7%.
El director del INDH, Branislav Marelic, cree que en esta encuesta hay otro dato preocupante: un 50,4% declara que proteger los derechos humanos dificulta el combate contra la delincuencia. “Esto implica que existe más de un 50% de personas que podría no creer en el debido proceso, en el respeto a la integridad personal, en el no torturar o en el derecho a la vida de una persona que es indicada como ‘delincuente’”, dice.
Marelic estima que tanto en las “detenciones ciudadanas” como en el uso de armas para “defensa propia” incide la alta exposición pública de estos hechos en la TV, “principalmente cuando han sido grabados por ‘reporteros ciudadanos’ y, sin filtro, pasan directamente a las pantallas. Eso genera la sensación de que estos hechos han aumentado”.
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, piensa que hay que ser más cautelosos con las cifras, ya que, si bien dan cuenta de una opinión, hay que tener precaución a la hora de asumir que este 43,5% está dispuesto personalmente a tomar la justicia en sus propias manos.
[cita tipo= «destaque»]Alejandra Mohor repara en un dato importante. La encuesta del INDH habla de un mayor apoyo a las detenciones ciudadanas en las regiones de Antofagasta, Los Ríos y Coquimbo; sin embargo, en esas zonas, no hay variación significativa del nivel de victimización. ¿A qué discurso o variables se debe la respuesta de la población?, se pregunta Mohor.[/cita]
“Lo que está mostrando este porcentaje, más bien, sería una molestia o desconfianza que se ha venido acumulando respecto al funcionamiento del sistema de Justicia”, señala Mohor. “Detrás de este tipo de acciones hay una ciudadanía que no se siente protegida por un sistema de justicia que comienza en las policías y termina en el sistema penitenciario… esa es la luz de alerta que deben levantar estos datos y por qué razón los ciudadanos pueden llegar a sentir esta desprotección del Estado en materia de justicia”.
A partir del relato que Michel Foucault hace del suplicio y ejecución pública de un culpable en Vigilar y Castigar, Raúl Palma, defensor penal de la Región de Atacama, describió –en un artículo de la Defensoría Penal Pública enfocado en este tema– el retorno del castigo-espectáculo a las sociedades actuales. “El populismo penal centra su eficacia discursiva en torno al delincuente como enemigo, como un otro ajeno y no perteneciente al colectivo social, que es necesario combatir duramente”, afirma en el documento.
Palma intenta buscar las razones de ese fenómeno que se halla lejos del estereotipo que muestran los medios de comunicación y que también está en las bocas y promesas de algunos políticos. Quienes cometen delitos no están en la calle, más bien hay una sobrepoblación de reos en las cárceles. Según datos de Gendarmería, la población penal llega aproximadamente a los 45 mil. Sin embargo, ¿cuál es el discurso que impera? “Hoy día estamos viviendo una época que algunos han llamado populismo penal o punitivo, que se traduce en una demanda por mayor encarcelamiento y mayor rigurosidad penal, fundamentada sobre creencias sin tener datos duros, que ahora dan cuenta de que existen altas tasas de encarcelamiento. No obstante aquello, existe una necesidad de mayor rigurosidad”, manifiesta Palma. Y ese fenómeno no solo ocurre en Chile sino también en el resto de América Latina y parte de Europa, donde se ha desplomado el Estado de bienestar.
De acuerdo a Palma, si bien este discurso ha estado presente en lenguaje político desde las intervenciones de Margaret Thatcher, en Chile afloró en las elecciones presidenciales de 1999. Conceptos como la puerta giratoria, mano dura, la necesidad de mayor encarcelamiento, comenzaron a usarse en conjunto con la explosión de las redes sociales y la masificación de la información. Aunque todo esto encuentra un ambiente ideal en el creciente individualismo, la desarticulación del tejido social y el modelo económico.
“El delincuente está plenamente identificado: es hombre, de clase baja, de escasa educación. Es cosa de ver por quiénes están sobrepobladas las cárceles. Lo que se conoce como ‘el flaite’, peyorativamente. Ese es el delincuente y ese es el enemigo, en el entendido de lo que es el populismo penal. Es una adopción sin mayor razonamiento, dejando a un lado la voz del académico y dando cabida, sin mayor filtro, a las demandas de las personas”, comenta Palma a El Mostrador.
Y, para muchos de quienes venden el discurso en campañas electorales, es fácil ese relato. “Es una narrativa instalada porque no hay un interés político. Es más barata y popular la solución penal. Si quieres más educación y más trabajo, es más caro que construir una cárcel”, puntualiza Palma.
Alejandra Mohor repara en un dato importante. La encuesta del INDH habla de un mayor apoyo a las detenciones ciudadanas en las regiones de Antofagasta, Los Ríos y Coquimbo; sin embargo, en esas zonas, no hay variación significativa del nivel de victimización. ¿A qué discurso o variables se debe la respuesta de la población?, se pregunta Mohor.
En el caso del adolescente torturado y asesinado en Temuco, los cuatro implicados fueron formalizados por el delito de homicidio calificado y quedaron en prisión preventiva. El fiscal Garrido no descartó que hubiera uso de alcohol o drogas. Sin embargo, la pregunta que sigue abierta es cuánto podría recrudecer la “justicia ciudadana”. Cuántas vidas podrían ser asfixiadas argumentando la Ley del Talión.
