Más de quince causas han sido llevadas a tribunales
Un fallo del 18° Juzgado de Letras de Santiago marcó un precedente único para el casi millón de endeudados con el Crédito con Aval del Estado. Y es que la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento ha permitido que un estudiante que cargaba con una deuda de más de 8 millones de pesos pudiera pagarla por medio del remate de sus bienes. Un punto de inflexión que reabre el debate respecto a si la problemática de los endeudados CAE puede ser solucionada entre privados o debe ser afrontada desde una perspectiva de política pública.
La deuda del CAE tiene a casi un millón de estudiantes cargando con una mochila de deudas que alcanza un promedio de 20 millones de pesos y un total de más de 2,2 billones de deuda total. Un panorama negro para aquellos que depositaron hace ya más de diez años sus ilusiones de acceder a la educación superior por medio de una política pública que fue anunciada con bombos y platillos por el ex Presidente Ricardo Lagos, con el fin de solucionar el problema del acceso a la universidad.
Según los especialistas, el CAE ha significado la consolidación de la cultura del endeudamiento y ha sentenciado a miles de jóvenes a vivir años bajo la constante angustia de pagar sus estudios universitarios. Este es el caso de un joven ingeniero en Electricidad, quien tras terminar sus estudios vio que cargaba con una deuda de más de 8 millones de pesos, la que debía costear en interminables cuotas de cerca de $50 mil, durante 15 años.
Es en este contexto que el joven, quien llevaba casi un año pagando al día sus cuotas CAE, a pesar de no tener un trabajo fijo en lo que estudió, encontró una salida a lo que califica como una verdadera “pesadilla”.
El ingeniero supo de la opción de declararse insolvente como persona natural, ateniéndose a la ley de “Insolvencia y Reemprendimiento”, proceso que está por finalizar, razón por la cual prefiere mantener su nombre en el anonimato.
Además de su deuda con el CAE, el ex estudiante contaba con una gran deuda por gastos médicos de su madre. De esta forma, en la ley de insolvencia vio la posibilidad de dejar de “estar viviendo al límite por cinco años, lo vi como un escape”, indica.
Agrega que también pensó que “si los tribunales son capaces de indultar a grandes empresas por grandes sumas de dinero, por qué no indultar a los estudiantes endeudados con este crédito, si el estudio debería ser un derecho y no un negocio”.
De esta manera, su causa fue aprobada por un Juzgado de Letras de Santiago, sus bienes están en proceso de ser rematados y actualmente se encuentra en la cuenta final. “Esto significa que una vez que los acreedores aprueben la cuenta, que es algo netamente formal, su deuda quedará liquidada, marcando uno de los precedentes de que el Crédito con Aval del Estado se puede extinguir”, explica su abogado Francisco Valdivieso.
“Esta es una forma muy fácil de salir de deudas de educación y salud, que son carísimas. La resolución significa que ahora puedo comprar una casa, que tengo cinco años de vida en que puedo ahorrar”, agrega el ex estudiante.
La historia de encontrar distintos recovecos legales para lograr anular o, en este caso, saldar la deuda por el Crédito con Aval del Estado, ha contado con distintas experiencias que han levantado los estudiantes de forma individual. Una de ellas era la posibilidad de demandar al Estado por no cumplir con su rol de asegurar la educación de los chilenos, y otra es la demanda colectiva que ha levantado la agrupación “Deuda Educativa”, que reúne a distintos endeudados con créditos universitarios. Esta demanda colectiva, que fue declarada como admisible, amparada bajo la Ley del Consumidor, busca declarar como ilegales algunas cláusulas del CAE, con el fin de anular los contratos suscritos por los casi mil deudores que se han hecho parte de la demanda.
Pero la salida por medio de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es distinta, aseguran los abogados que han llevado adelante las cerca de 15 causas que se registran en el Poder Judicial, ya que, de contar con una resolución positiva, la deuda quedaría saldada.
La Ley 20.720, de “Insolvencia y Reemprendimiento” entró en vigencia a partir de enero de 2014. La denominada nueva “ley de quiebra”, permite la reorganización y liquidación a empresas, pero, asimismo, establece un proceso de “renegociación y liquidación” de las deudas para personas naturales, sin dejarlas inhabilitadas de “por vida” ante el sistema financiero.
En el punto de liquidación de la deuda un grupo de abogados vio la posibilidad de incluir, además de las deudas bancarias y de casas comerciales, distintas deudas educativas en el proceso de liquidación. Es así como comenzaron a incluir casos de ex estudiantes que tenían deudas por el Crédito Fondo Solidario, Corfo y también el cuestionado Crédito con Aval del Estado.
[cita tipo= «destaque»]El abogado reconoce que esta “es una medida parche, claro está, pero creemos que el Estado les hizo una especie de jugada a los bancos, porque, si hubiesen querido excluir al CAE del proceso de liquidación, no les hubiese costado nada incluir una reforma a la ley CAE, incluyendo que la reliquidación no será aplicada. Pero vemos que el Estado quiso –de alguna forma– desligarse de su responsabilidad, de su calidad de aval frente a los bancos bajo esta Ley de Liquidación. Pensamos que la judicialización de las problemáticas sociales no es la solución efectiva, sino que esta va directamente desde el Estado”.[/cita]
Valdivieso, que ha llevado algunas de estas causas, explica que realizar la liquidación de la deuda estudiantil “conforme a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es perfectamente viable, porque uno de los principios que se informa en esta ley es el de universalidad de acreedor y de deuda. La ley no hace distinción alguna respecto de los créditos. El Fondo Solidario es un decreto de ley y el Corfo es un crédito de consumo otorgado en algún momento con ‘tasas preferenciales’, así que no tiene ninguna regulación formal, más allá de eso”.
En la firma de abogados en la que trabaja se han hecho cargo de quince casos que incluyen deudas con CAE, una de las cuales está llegando a su fin con resultados calificados como “positivos”. “Las otras van a terminar el proceso en cualquier momento”, puntualizan.
A pesar de que la mayoría de los casos han sido llevados a la Corte Suprema por los bancos o los solicitantes del proceso de insolvencia, el caso del joven ingeniero en Electricidad, ha llamado la atención, debido a que el 18° Juzgado Civil de Santiago emitió una resolución positiva para su solicitud y, además, el Banco BCI no acudió a la Corte de Apelaciones, lo que significa que se encuentra en proceso de cierre del trámite de insolvencia: el primero que parece ver un final contundente en favor de los endeudados CAE.
El joven ingeniero asegura que en el año 2008 optó por tomar el CAE, ya que “no tenía los recursos para estudiar, era pedir un crédito o no podía”. Agrega que tenía conciencia de que iba a tener que cargar con la deuda por un plazo de al menos 15 años. “Sabía lo que significaba, pagar el doble de una carrera, pero no es justo. Una cosa es pagar algo con un interés, un crédito que te ayude creo que está bien, pero el CAE es un robo. Es demasiado injusto tener que pagar tanto por un derecho social, cuando, de partida, la educación debería ser gratis”, expresa.
Para el beneficiado la opción de acudir a esta ley es clara y plantea que, si hay más deudores que “cumplen el perfil, la debiesen tomar”. Sin embargo, señala que el acogerse a esta alternativa también lo “ha perjudicado en algunos aspectos. Te sacan del sistema financiero, te perjudica en todas partes mientras dura el proceso y una cantidad de meses establecidos posterior a su término, unos tres o cuatro meses”, agrega.
Los requisitos para poder adscribir a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento son distintos a los del procedimiento de renegociación, para el que hay que tener al menos dos deudas vencidas por más de 90 días, y no haber sido demandado en un proceso judicial. “El proceso de reliquidación no exige ninguno de estos requisitos, puedes tener tu deuda al día o atrasada”, explica Valdivieso. Para el caso particular del CAE, el deudor debe haber sobrepasado los 18 meses de gracia, que otorga la ley desde que el alumno deserta o egresa de su carrera. “Pasando este periodo, es perfectamente viable para el Crédito con Aval del Estado”, asegura el abogado.
Pese a que en varios casos se ha dado curso a la solicitud de abrir el proceso de liquidación incluyendo las deudas CAE –como en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y San Miguel, casos que hoy están siendo revisados por la Corte Suprema–, un fallo de la Novena Sala del tribunal de alzada de Santiago ha marcado un precedente distinto. Es el caso de una ex estudiante que solicitó en el año 2016 la liquidación de un crédito por $4.927.659, del cual el Banco Scotiabank es acreedor.
El señalado banco solicitó al tribunal “declarar excluido del proceso de liquidación el crédito con garantía estatal de la señora XXXX previamente verificado, por estimar que le son inaplicables los efectos derivados del procedimiento concursal de liquidación de bienes”, según refiere el documento publicado en la página del Poder Judicial.
El argumento se centra en el hecho de que “continuar con la liquidación voluntaria respecto del crédito universitario con Garantía Estatal perjudicará a su parte (banco Scotiabank) por ser imposible cumplir con las exigencias establecidas para ello”.
Añade que la deuda del CAE establece su imprescriptibilidad, “la que necesariamente debe ser cumplida una vez que se tenga por la solicitante estabilidad laboral”, por lo tanto, sería contraria al articulado de la Ley 20.720. También señala que el artículo 8 de la mencionada ley establece que “las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley”, debido a que el cuerpo legal de CAE es una legislación especial, razón por la cual estaría por sobre lo determinado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Argumentos que fueron acogidos por la Corte de Apelaciones capitalina, en voto dividido. En este caso, la ex estudiante decidió acudir a una instancia superior, por lo cual la causa se encuentra en la Corte Suprema.
De acuerdo a Valdivieso, esta es una resolución que se aparta del comportamiento que han tenido los tribunales en otros casos. Agrega que comprende que ante los procesos de judicialización de problemáticas sistémicas pueden existir distintas visiones ante un caso particular, “pero no es la regla”, comenta.
Respecto a los argumentos, sostiene que la ley que regula el CAE tiene tres acápites principales: financiamiento, garantía y la suspensión del pago por cesantía. “En ningún caso, de esas tres opciones, puede entenderse que suple los efectos de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, ello se debe a que estamos hablando de un proceso de litigación que extingue la deuda, no estamos hablando de un proceso que suspenda el pago (…). Son ámbitos absolutamente distintos”, precisa el profesional.
El abogado reconoce que esta “es una medida parche, claro está, pero creemos que el Estado les hizo una especie de jugada a los bancos, porque, si hubiesen querido excluir al CAE del proceso de liquidación, no les hubiese costado nada incluir una reforma a la ley CAE, incluyendo que la reliquidación no será aplicada. Pero vemos que el Estado quiso –de alguna forma– desligarse de su responsabilidad, de su calidad de aval frente a los bancos bajo esta Ley de Liquidación. Pensamos que la judicialización de las problemáticas sociales no es la solución efectiva, sino que esta va directamente desde el Estado”.
Los abogados que defienden la inclusión de la deuda por CAE en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, aseguran que dicha legislación tiene un carácter universal, sin distinción, por lo tanto, se constituye como “una forma completamente legítima de extinguir o pagar el CAE a través de sus bienes”. Pero Valdivieso hace hincapié en que, a pesar de que esta “es una vía judicial efectiva para obtener la extinción del Crédito con Aval del Estado, creemos que este debe ser un tema abordado desde las políticas públicas de forma definitiva”.
“Claramente, el Estado se da cuenta de que los estudiantes están endeudados en promedio 22 millones de pesos, lo que es una pesada mochila que cargar por haber realizado sus estudios. La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es una forma de hacer eco de esa situación, que hasta dos años atrás no existía”, señala.
Para Patricio Medina, vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), la búsqueda de “una solución entre privados por el tema del CAE es preocupante”, debido a que este es un problema más profundo, parte del sistema educacional. Según Medina, “hay recursos importantes del Estado que van a dar a la recompra de estos créditos, directamente a la banca”. De hecho, en el presupuesto 2017 se establecen casi “700 mil millones para CAE, que es más que para la gratuidad”, explica.
Para el dirigente estudiantil una solución real debe incluir la salida de la banca del sistema de créditos estudiantiles y “tener una retribución solidaria por parte de los endeudados actuales”, con el fin de financiar directamente la docencia de las instituciones.
“Nos parece que esto es una muestra de la urgencia y desesperación de algunos de nuestros compañeros endeudados, que están tratando de sobrevivir interponiendo querellas de forma particular y el Estado se desentiende de esto”, sentencia.
