Opinión
Desgraciadamente parte de la clase política -que, según la Encuesta Bicentenario, despierta la confianza de no más del 2% de la población- se posiciona en los momentos de decisión legislativa según sus propios intereses personales y/o partidarios aunque se cuidan de declarar siempre su irrestricto apoyo a la descentralización, dado el próximo evento electoral que determinará la continuidad en sus cargos. Llama la atención que algunos candidatos presidenciales han demostrado escasa sensibilidad frente a esta temática, existiendo uno de ellos que incluso ha realizado planteamientos extremadamente impopulares en orden a fusionar las actuales regiones como condición para elegir a los gobernadores regionales.
La Encuesta Bicentenario UC/ADIMARK, 2017, arroja un dato preocupante en un escenario ya complejo para la democracia chilena: casi la mitad de los chilenos estima que existe un gran conflicto entre Santiago y las regiones. Un importante incremento respecto de hace una década donde este porcentaje era de un 30%. Estas cifras se agregan a otras recientes que muestran que la ciudadanía nacional cree indispensable que la nueva carta constitucional consagre como uno de sus principios fundamentales la descentralización del país (PNUD-Chile, 2016). De tal forma que estamos frente a una demanda explicita que las comunidades regionales esperan canalizar institucionalmente a partir de la elección de los gobernadores regionales en 2017, ampliamente apoyada por la opinión pública (81%).
Desgraciadamente parte de la clase política -que, según la misma Encuesta Bicentenario, despierta la confianza de no más del 2% de la población- se posiciona en los momentos de decisión legislativa según sus propios intereses personales y/o partidarios aunque se cuidan de declarar siempre su irrestricto apoyo a la descentralización, dado el próximo evento electoral que determinará la continuidad en sus cargos. Llama la atención que algunos candidatos presidenciales han demostrado escasa sensibilidad frente a esta temática, existiendo uno de ellos que incluso ha realizado planteamientos extremadamente impopulares en orden a fusionar las actuales regiones como condición para elegir a los gobernadores regionales.
El repentino maximalismo parlamentario de exigir que todo esté perfecto antes de la aprobación de la ley para elegir gobernador regional (plenas atribuciones y competencias e importantes recursos de asignación regional) supone que son las leyes quienes conforman la realidad y que los legisladores son capaces de anticipar mediante las normas que dictan el devenir de estos procesos. Demás está decir que la historia reciente de nuestro país (y muchos otros cercanos) muestra que, cuando se trata de reformas de elevada complejidad, ello no pasa de ser una ilusión pretenciosa.
Por el contrario, las experiencias internacionales en desarrollo económico y gobernanza muestran que la institucionalidad formal (especialmente las leyes) es sólo una parte del proceso y que los cambios institucionales (como la reciente reforma constitucional que consagra la elección de los gobernadores regionales) forman parte de un proceso iterativo en el cual el parlamento es un actor, facilitador del proceso, generador de un importante marco político-administrativo, pero que no es el único agente y ni siquiera el decisivo en su éxito.
Si bien la descentralización es un instrumento indispensable de la gobernanza regional del desarrollo, dicho proceso no se agota en la legislación. Lo que posibilita la trascendental reforma constitucional recientemente aprobada y sus leyes orgánicas (en debate parlamentario) es generar un nuevo marco institucional para construir la descentralización efectiva en forma compartida entre la comunidad regional y la nación, a la vez que exige una modernización y mayor sofisticación del Estado nacional para cambiar su racionalidad estandarizada, compartimentalizada y no participativa de diseño e implementación de las políticas públicas.
Efectivamente, un cambio institucional de la envergadura de la descentralización, como sostuvo la Comisión Asesora Presidencial en 2014, para ser exitoso y sustentable requiere inevitablemente de un proceso de construcción compartida y plural. La descentralización posee una gran complejidad sistémica y es un proceso de largo plazo, con resultados no inmediatos y no pocas dificultades, que requiere una participación activa, permanente e institucionalizada de los agentes regionales y nacionales. Lo muestra el proceso francés en un Estado Unitario (como el chileno) iniciado por Mitterrand en 1982.
Estamos, por tanto, frente a un proceso que requiere del fortalecimiento de capacidades técnicas y políticas, no sólo de los gobiernos sub-nacionales y las universidades regionales, sino de la sociedad regional toda. Es por ello que el Nobel de Economía Douglass C. North ha sostenido que los países que han alcanzado el desarrollo han contado necesariamente con el control social de sus representantes mediante una institucionalidad informal que hace real y exigente la participación informada y la rendición de cuentas (a partir de construir una “comunidad política”).
De tal manera que, a más de dos décadas de la creación de los gobiernos regionales con el retorno a la democracia, la reforma constitucional para la elección de los gobernadores regionales representa el arranque de un proceso que no puede ser detenido en sus leyes complementarias que la hacen efectiva (LOC de elección y de traspaso de competencias) por intereses particulares o partidarios, utilizando como pretexto el maximalismo o dificultades legislativas menores.
[cita tipo= «destaque»]El repentino maximalismo parlamentario de exigir que todo esté perfecto antes de la aprobación de la ley para elegir gobernador regional (plenas atribuciones y competencias e importantes recursos de asignación regional) supone que son las leyes quienes conforman la realidad y que los legisladores son capaces de anticipar mediante las normas que dictan el devenir de estos procesos. Demás está decir que la historia reciente de nuestro país (y muchos otros cercanos) muestra que, cuando se trata de reformas de elevada complejidad, ello no pasa de ser una ilusión pretenciosa.[/cita]
Las comunidades regionales harán efectiva desde ya su rendición de cuentas y tendrán muy presentes a la hora de marcar su preferencia quienes en la realidad desean una democracia regional plena, que contribuya al bienestar colectivo y quienes se sirven del electorado regional para sus propios propósitos.
Recordando al Presidente François Mitterrand y al nuevo Premio Nobel de Economía Oliver Hart (así como Francia y la Unión Europea) tendremos que concluir que Chile requiere de la descentralización para no desintegrarse como nación y para contribuir a alcanzar los mayores niveles de productividad que nos acercarán al desarrollo. Estos superiores intereses nacionales no pueden ser postergados por el parlamento o el gobierno, a riesgo de incrementar la crisis de representación política y la conflictividad nacional, que nos alejan de estos fines.
